Javier Risco.
Cuando
Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su intención de crear la figura de
los superdelegados en cada una de las entidades, la oposición saltó y levantó
la voz acusando al Presidente de querer todo el poder: “¡Cómo era posible que
hubiera una figura por encima de los gobernadores! ¡Cómo una persona
concentraría todo el presupuesto estatal! ¡Está enfilando a los nuevos
gobernadores para las próximas elecciones!”. Todo esto y un poco más gritaron.
En la primera reunión con los gobernadores acotaron sus funciones, lograron que
no tuvieran poder de convocatoria en temas de seguridad y menos que tuvieran
alguna responsabilidad con la estrategia de seguridad estatal; López Obrador se
los concedió, los tranquilizó diciendo que se trataba de figuras meramente operativas
para evitar que el dinero estuviera en varias manos como ocurría en sexenios
anteriores. Hasta ahora, los superdelegados se han convertido en los fieles
acompañantes del Presidente cuando sale de gira: él ordena la construcción de
puentes, tapar unos baches en alguna carretera federal, dar mantenimiento a una
escuela, y los superdelegados anotan y distribuyen presupuesto.
Han pasado
pocos meses, pero no han quedado exentos de polémicas y señalamientos por
conflictos de interés; tal vez el más visible, hasta el momento, ha sido el
caso del superdelegado de Jalisco, Carlos Lomelí, empresario farmacéutico
investigado por los periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad, quienes publicaron la adjudicación de contratos millonarios por parte
de gobiernos de Morena. Los señalamientos lo llevaron a renunciar al cargo,
aunque afirma que pronto “volverá”.
Hoy, los
superdelegados son acusados de inmiscuirse en el proceso de renovación de la
dirigencia de Morena por desviar recursos públicos. La que los acusa, nada más
y nada menos es la secretaria general de Morena en funciones de presidenta,
Yeidckol Polevnsky. ¿Qué? Sí, y no sólo se queda en una declaración, sino que
amaga con denunciarlos ante la Secretaría de la Función Pública. “Los funcionarios,
los diputados, no tienen por qué meterse en los temas electorales, y este tipo
de acciones son delitos graves, y así iremos nosotros a hacer la denuncia y no
nos va a detener nada ni nadie para ir denunciando todo lo que encontremos con
el fin de cuidar al partido”.
La
declaración de Polevnsky escala al partido, rebasa cualquier polémica
partidaria y señala el desvío de recursos públicos en beneficio de aspirantes a
la presidencia de Morena, ¿estos dos renglones que acaba de leer no le parecen
lo suficientemente graves como para que le exijamos a la secretaria general de
Morena una lista detallada de los superdelegados y legisladores que están en
pleno mapacheo electoral?
Otro dolor
de cabeza al presidente Andrés Manuel López Obrador, que en noviembre de 2018
presumía esta figura como la solución para “simplificar la administración
pública” y así evitar el derroche y los excesos. Hoy son acusados por su propio
partido, por una de las suyas que incluso los llevará a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia de Morena. Algo no huele bien en el Movimiento de
Regeneración Nacional y ellos mismos lo saben. ¿Acaso Yeidckol cree que le
“robarán” la elección?
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