Darío Celis.
De
acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los mil 600 proyectos que conformarán el
Programa Nacional de Infraestructura implicarán una inversión total de 424 mil
149 millones de dólares.
Estamos
hablando de un monto que se acerca a 5 por ciento del PIB, en línea ya con lo
que invierten los países desarrollados y con la mira de alcanzar crecimientos
de 4 por ciento de la economía nacional.
Según el
documento de trabajo que elabora la dependencia de Arturo Herrera y el equipo
del jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, 187 mil 385 millones
de dólares serán inversión pública.
El sector
privado ejercería a su vez 236 mil 763 millones de dólares, el 56 por ciento
del total de lo que proponen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que
mañana anunciaría qué proyectos.
En el
pipeline que se termina de afinar para su presentación se destaca a los
hidrocarburos como la inversión más cuantiosa: 224 mil 680 millones de dólares,
donde los privados llevan mano.
Las
compañías de energía y del petróleo mexicanas e internacionales podrán invertir
hasta 126 mil 119 millones de dólares, contra una inversión pública de 98 mil
561 millones de dólares.
El
segundo rubro en importancia en el programa es la electricidad, donde se
prospecta que el gobierno invierta 20 mil 639 millones de dólares y los
empresarios 17 mil 105 millones.
El tercer
subsector que más recursos acapararía es agua y saneamiento, donde la inversión
pública proyectada suma 16 mil 142 millones y la privada 9 mil 137 millones de
dólares.
Le sigue
desarrollo urbano y vivienda con 10 mil 853 millones de estatal y 13 mil 862
millones de particular; telecomunicaciones con 2 mil 904 millones del gobierno
y 17 mil 679 millones de los privados.
En
ferrocarriles y trenes suburbanos 2 mil 250 millones de dólares de la 4T y 17
mil 445 millones de la IP; en carreteras 9 mil 72 millones del gobierno y 8 mil
590 millones del empresariado.
En
turismo se proponen mil 676 millones de dólares de inversión pública y 15 mil
58 millones de dólares para la inversión de particulares.
En
hospitales 5 mil 33 millones del gobierno y 6 mil 50 millones de privados; en
escuelas 10 mil 368 millones de dólares solo del Estado; en aeropuertos 6 mil
31 millones de la 4T y 2 mil 474 millones de la IP.
Y en
puertos 3 mil 856 millones de dólares del gobierno y 3 mil 244 millones del
sector privado, representado por el Consejo Coordinador Empresarial de Carlos
Salazar y el Conejo Mexicano de Negocios de Antonio del Valle Perochena.
EL FUEGO
AMIGO se está intensificando en Pemex. No sabemos a ciencia cierta quién, si la
Unidad de Inteligencia Financiera que capitanea Santiago Nieto, o la Fiscalía
General de la República que comanda Alejandro Gertz Manero, ya se metió a
investigar una red de pagos que están operando cercanos al director corporativo
de Administración, Marcos Herrerías. Son los que le refería el viernes. A
contratistas les piden un 'moche' de entre 15 y 30 por ciento sobre el monto
total de su deuda. Las pesquisas apuntan a dos oficinas fuera de la Torre
Ejecutiva de Marina Nacional en las que se reciben a empresarios que claman
pagos para sobrevivir. Una está en un piso de la Torre B del edificio del
Pantalón y otra en Plaza Polanco. El nombre que salió a relucir es el de Carlos
del Angel Pérez, quien fungiera como encargado del Registro Público de la CDMX
cuando lo gobernó Andrés Manuel López Obrador y cuando el Oficial Mayor era
Octavio Romero. Se adeudan unos 100 mil millones de pesos.
POR CIERTO
QUE el viernes hubo un operativo en el corporativo de Pemex. La abogada
general, Luz María Zarza, acompañada de miembros de la guardia interna
equipados con armas largas exclusivas del Ejército y en compañía de agentes de
la FGR del susodicho Alejandro Gertz, efectuaron una diligencia en la Torre B.
De lo que trascendió podemos informarle que se denunció la sustracción de
documentos confidenciales de la dirección de Finanzas que está a cargo de
Alberto Velázquez. Se robaron discos duros con información sensible, para
decirlo más claro. Zarza procedió a sellar una subdirección e inició
investigaciones. Este evento coincidió con el aparente despido de Reyna María
Basilo, directora de Procura. Se trata de la oficina que centraliza la compra
de insumos de Pemex y sobre quien pesan denuncias por malos manejos de la Línea
12 del Metro en el gobierno de Marcelo Ebrard. Basilo le reportaba al entonces
secretario de Finanzas, Mario Delgado.
LA SEMANA
PASADA dejó Afore Citibanamex Diego Tarrats. Era director de Renta Variable y
Alternativos. Pero lo más relevante es que es yerno de Francisco Gil Díaz y
cuñado de Gonzalo Gil White. Hace dos meses también dejó la institución que
preside Ernesto Torres Cantú otro ejecutivo clave en la trama de Oro Negro:
Javier Orvañanos, quien fuera director de Operaciones de ese fondo de pensiones
que dirige Luis Sayeg y que por instrucciones de Gil Díaz invirtió cerca de 300
millones de dólares en la empresa de su hijo, hoy en ruta de quiebra. Las investigaciones
internas que efectúa Citi, comandado por Michael Corbat, aún no concluyen en el
caso de Sayeg, director de la Afore y sobrino de Alfredo Harp Helú. El 19 de
julio titulamos nuestra columna 'Tráfico de influencias Banamex' y referíamos
las operaciones de este grupo.
LA
COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, está
concluyendo la investigación en la denuncia de prácticas monopólicas absolutas
en el mercado de venta y distribución de medicamentos. Las pesquisas de la
autoridad investigadora que lleva Sergio López involucran a cuatro
distribuidores, un laboratorio, una asociación civil y una firma investigadora
de mercados. Apunte primeramente a Casa Saba de Manuel Saba Ades, Fármacos
Especializados de José Antonio Pérez Fayad, Almacenes de Drogas de Roberto
Gutiérrez y Marzam de José Alberto Peña. A Astra-Zéneca, que preside Sylvia
Varela; a la Diprofar, que agrupa a esos distribuidores y que encabeza Tomás
Rodríguez; y a la empresa IQVIA México, que dirige Xavier Valdéz.
GRUPO IUSA
INCUMPLIÓ hace unos días el pago del cupón semestral del bono que por cerca de
200 millones de dólares tiene emitido en Estados Unidos. De inmediato la
compañía de Carlos Peralta realizó un roadshow entre sus bondholders para
atajar falsas versiones. Por lo que se sabe, se les planteará ampliar el plazo
a cambio de un mayor premio. Los custodios de los papeles son Goldman Sachs,
Credit Suisse, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch y Constellation,
entre otros. IUSA ha visto caer la venta de sus productos de alta tecnología.
La CFE de Manuel Bartlett ha privilegiado medidores más austeros. Del siglo
pasado.
UNO DE
LOS más de 13 mil permisos rezagados que tiene la Cofepris, que maneja José
Novelo, es el antígeno que genera anticuerpos para combatir el veneno de los
alacranes que desarrolló Grupo Silanes y la UNAM. La sustancia ya la vende el
laboratorio del ya desaperecido Antonio López de Silanes en más de 40 países y
aquí no se ve para cuándo. Por cierto, que en el sector salud también se comenta
de la aparición de coyotes que prometen acelerar trámites como en Pemex. Se
habla de concertar citas con Novelo por una módica cantidad. Obviamente, el
titular de la Cofepris no es corrupto.
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