De la ingenuidad a la realidad.

Adela Navarro Bello.

Olga Sánchez Cordero, la Secretaria de gobernación, sabía que la estaban grabando –tenía cámaras, micrófonos y celulares delante de ella- cuando al finalizar el 31 de octubre entraba al Congreso del Estado y respondió a los reporteros de Mexicali que le preguntaron por el mandato de cinco años, que era legal porque la norma era vigente.

Las palabras textuales de la ex Ministra y grabadas en videos reproducidos posteriormente en redes sociales fueron las siguientes: “hoy es legal porque el Congreso que emitió la norma estaba facultado para emitir las normas, entonces hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para eso, y estuvo facultado el Congreso para hacerlo y para emitir la norma”.

Por eso cuando llegó ya la madrugada del 1 de noviembre, a la oficina del gobernador Jaime Bonilla Valdez, ella le comentó que recién había hecho una declaración muy importante, “me dijeron, ¿es legal los cinco años? Les dije, es legal porque la norma está vigente”. Después festejó su declaración y la reacción de Bonilla con júbilo y aplausos. También en ese momento Olga Sánchez Cordero estaba siendo grabada, de hecho la escena fue parte de una transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Jaime Bonilla para dar a conocer el detalle de su toma de posesión.

Así pues no en una ocasión, sino en dos, Sánchez Cordero fue grabada diciendo lo mismo, que la norma era legal porque estaba vigente. Minutos antes de su arribo al recinto legislativo bajacaliforniano había sido más prudente al declarar a botepronto que ese tema lo resolvería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero después se desbocó. Dos veces y con cámaras siguiéndole las declaraciones.

La Ministra no se puede decir ingenua, o naive que fue el término en inglés que utilizó al día siguiente de la transmisión de la grabación realizada por el equipo de Bonilla que la ubicó como una funcionaria como un doble discurso, uno público y uno privado. En público y en diversas ocasiones, la más reciente a finales de septiembre en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, fue cuando dijo, “la reforma o la llamada Ley Bonilla es en mi opinión inconstitucional, no he cambiado de opinión, punto. Lo sostengo”, declaración que le mereció aplausos en la cámara bajaca. En privado, pues ya la vio usted en el video festejando con risas y también con aplausos, que “la norma pervivirá”, y Bonilla será un gobernador de cinco años.

No es la única la secretaria de gobernación que cambia de posición en el gobierno federal.

En varias ocasiones y en privado, en la oficina de la Presidencia de la República se informó que preparaban su propia controversia constitucional contra la Ley Bonilla, porque el Presidente no estaba de acuerdo con la reforma bajacaliforniana realizada a destiempo, posterior a la celebración de la elección y solo para beneficiar a una persona, a Jaime Bonilla.

Al pasar los días la información fue que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la entidad facultada para presentar las controversias y que titula Julio Scherer Ibarra, estaba preparando el documento para presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo aseguraban. No sucedió.

El lunes 4 de noviembre en una entrevista para el programa Los Periodistas que conducen Alejandro Páez y Álvaro Delgado, el consejero jurídico de la presidencia aclaró públicamente que no presentaría la controversia constitucional contra la Ley Bonilla. Explicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “dijo que está totalmente en contra de lo que pasó en Baja California”, pero que no presentaría la controversia porque “el Presidente López Obrador también es respetuoso del Poder Judicial y sabe el peso que tiene el Ejecutivo en las decisiones que pueda tomar el Judicial. Entonces, el Presidente, sabiendo que hay cuatro acciones ya en el Poder Judicial, dice ‘¿para qué cargo una quinta acción de inconstitucionalidad al Poder Judicial?, con el peso que tiene todo el Ejecutivo Federal, que eso puede hacer que el Judicial pueda tomar una decisión distinta a la que pueda tomar”.

El propio Scherer Ibarra dio su posicionamiento: “Yo ya me pronuncié, en lo personal, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en Baja California, que ellos decidan lo que quieran decidir […] Yo creo está muy largo lo que ya pasó, no creo que tenga mayor discusión. Estoy cierto de que hay una Constitución sobre la que se votó y punto”, y finalizó su participación sobre el tema respondiendo a la pregunta ¿Dos años?, “como debe ser”.

Así, a pesar de estar facultados para presentar un recurso de inconformidad, como ya lo hicieron los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Presidencia de la República no lo hará, con todo y que es lo que corresponde a derecho y que ambos, el Presidente de la República y el Consejero Jurídico, en voz de este último, están en desacuerdo con la Ley Bonilla.

Fuera de esas recientes expresiones de Julio Scherer Ibarra, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho más, de aquellas ambiguas expresiones sobre lo que resolverá la Corte, las conferencias mañaneras posteriores a la toma de posesión de Jaime Bonilla en Baja California, a fustigar a quienes disienten de su pensamiento y sus acciones en redes sociales –como si fuera un delito o una acción prohibida-, a señalarlos por nombre y apellidos para el escarnio público que despierta, y a intentar, de una y otra forma de justificar lo injustificable, la creciente inseguridad y violencia que se vive en el país en su administración, la cual está por cumplir un año de ejercicio. De Baja California se ha olvidado, y raro en el Presidente, tan dado en el pasado a luchar por la democracia.

Olga Sánchez emitió un comunicado donde –otra vez- intentó justificar sus declaraciones en Baja California sobre la legalidad de la norma de la Ley Bonilla, dijo que eran “malas interpretaciones”, pero la realidad se oye y se ve en los dos videos que existen en la red. El primero sobre las declaraciones que ofreció a los reporteros, el segundo en la oficina del gobernador. Ni ingenua ni mal interpretada, fue muy firme la posición de la Secretaria de gobernación, lo dijo clarísimo en dos ocasiones y frente a cámaras distintas. Su sentir ya cambió, es legal… aunque la haya llamado inconstitucional.