Por Gabriela
Hernández.
El Congreso
local con mayoría de Morena perfila al empresario Francisco Romero Serrano
como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pese a su cercanía con
el gobernador Luis Miguel Barbosa.
La Junta
de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) acordó este martes la terna de
los aspirantes a ocupar la ASE, integrada por Romero Serrano, Juan Carlos Díaz
Carranza y Salvador Sánchez Ruanova.
Desde hace
semanas los legisladores señalan como favorito a Romero Serrano, dirigente
del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex), quien forma parte del padrón
de auditores externos del órgano que pretende presidir.
Corina
Ramírez, exaspirante, denunció que el proceso para elegir al auditor
favorece a Romero Serrano, quien colaboró activamente en la campaña de Barbosa
Huerta, por lo que se convertiría en un auditor “carnal” y, por tanto, no
garantizaría el profesionalismo e independencia que reclama el cargo.
De igual
manera, recordó que durante las campañas para la gubernatura de 2018 y 2019,
Romero Serrano organizó reuniones con empresarios para que Barbosa Huerta
promocionara su candidatura.
El
empresario presentó su registro como candidato a auditor con cartas de los
diputados locales Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, de Movimiento
Ciudadano, y de Fernando Jara Vargas y Estefanía Rodriguez Sandoval, ambos de
Morena.
Otra de
las críticas que hizo Ramírez es que quien se perfila para ocupar la
titularidad de la ASE está enlistado en el padrón de despachos de auditores
externos, lo que representaría un conflicto de intereses.
Máxime
porque –explicó– la Comisión Inspectora del propio Congreso local acordó
recientemente solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que
practique una revisión a las actuaciones de la ASE, por las inconsistencias que
presentan sus informes en el período morenovallista, cuando el órgano estatal
estuvo a cargo de David Villanueva Lomelí.
De 2011 a
2018, la ASE de Puebla sólo auditó menos de 30% de las obras realizadas
durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, y fue
señalada de actuar más bien como “garrote político” contra los alcaldes
poblanos.
La propia
ASF ha ubicado a la Autoría poblana como la peor evaluada del país, dado que
es a la que más observaciones hizo sobre su trabajo. Esto estaría relacionado
con el hecho de que desde hace siete años el 100% de las auditorías son ejecutadas
precisamente por los despachos de auditores externos.
De acuerdo
con reportes publicados por la ASE, de 2014 a 2018 se realizaron 1 mil 534
auditorías a los entes públicos de Puebla, y el 100% de éstas fueron
practicadas por despachos externos, que reciben un pago por sus servicios de
parte de los propios ayuntamientos que auditan.
Fuentes del
Congreso señalaron que esta forma de trabajar, instaurada desde el gobierno
de Moreno Valle, ha generado que la fiscalización de recursos a los municipios
de Puebla se convierta en un negocio para muchos de esos despachos.
De hecho, el
otro aspirante a la ASE, Salvador Sánchez Ruanova, está en el padrón de
auditores externos, en tanto que el tercero, Juan Carlos Díaz Carranza, ha sido
cuestionado por su residencia en Puebla, dado que ocupa una notaría en Oaxaca.
El pasado
miércoles 6, la mayoría legislativa de Morena fue acusada de recurrir a las
mismas prácticas que criticó a Moreno Valle, al designar a José Félix Cerezo
Vélez al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el candidato peor
evaluado durante su comparecencia, pero cercano al gobernador.
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