Enrique
Quintana.
Diversos
hechos parecieran señalar que hay un giro importante en la estrategia del
gobierno de López Obrador.
Esta semana
el expresidente de Bolivia, Evo Morales, cuya llegada al país generó una
tromenta, se trasladó en definitiva a Argentina dejando su residencia en
México.
En estos
mismos días México, Estados Unidos y Canadá suscribieron el tratado para la
región (T-MEC).
La semana
pasada, el presidente Trump anunció que, por lo pronto, no designaría a los
grupos del narco mexicano como terroristas.
Estos
hechos, que pudieran considerarse independientes, con su dinámica propia y con
sus explicaciones específicas, en realidad muestran una gran perspectiva.
El
gobierno mexicano ha tejido una sólida alianza con el de Estados Unidos, hoy
bajo Donald Trump. Pero además ha tenido la habilidad para lograr acuerdos con
el Partido Demócrata, que se encuentra sometiendo a juicio político al
presidente Trump.
Esta
alianza con su vecino del norte implica una redefinición de las relaciones de
México con los gobiernos de izquierda en América Latina. Por eso la salida de
Evo Morales de nuestro país.
Más allá
de la evaluación específica que deba hacerse de la negociación final del T-MEC,
lo cierto es que la rúbrica de este acuerdo implica una definición geopolítica
para nuestro país.
El
gobierno de López Obrador, a mi juicio, tomó la muy acertada decisión de
alinearse con Norteamérica.
Si este
hecho le implica algún tipo de distancia con los gobiernos que consideraba
cercanos, progresistas, del cono sur, esto será un costo totalmente secundario
para el gobierno, en la perspectiva global.
La
suscripción del acuerdo con Estados Unidos y Canadá puede verse en un sentido
estrictamente comercial y eventualmente criticarse algunos puntos específicos
de la negociación final. Sin embargo, también puede considerarse desde una
perspectiva política más amplia. En ella, el gobierno mexicano está tejiendo
claramente una alianza duradera con Norteamérica.
Ya
seleccionamos con quién queremos jugar en la geopolítica global.
La
trascendencia de esta decisión no ha sido suficientemente ponderada. A mi
juicio, esto significa una definición de largo plazo y una elección clara de a
dónde quiere ir el gobierno de López Obrador.
Un
acuerdo como el suscrito no se limita al establecimiento de reglas arancelarias
o de inversión. Se trata de la definición de una perspectiva estratégica para
el desarrollo del país en las siguientes décadas.
No se
trata de una declaración efímera para una foto ni de un cambio aislado de
alguna ley. Ayer se votó el último ajuste de un marco normativo que solo está
por debajo de la Constitución, pero se encuentra por arriba de las leyes
secundarias.
Esa es la
razón por la cual es de esperarse que inversiones importantes que estaban
dubitativas respecto a realizarse en México, eventualmente se concreten.
Aunque ayer,
en paralelo a la votación del T-MEC en el Senado de México, se dio a conocer
un acuerdo preliminar en materia comercial entre Estados Unidos y China, la
realidad es que en una perspectiva de largo plazo se percibe que habría
conflictos casi seguros entre las dos grandes superpotencias.
Ese es el
contexto en el cual el tratado que fue suscrito esta semana adquiere una
importancia singular para México.
Podría
sorprendernos el volumen de inversiones que en los siguientes años dejarían
China para establecerse en México.
Esa es la
gran oportunidad.
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