Darío Celis.
Los
contratos para auditoría externa del gobierno de Enrique Peña Nieto permanecen
en el foco de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que capitanea David
Colmenares.
Como le
comentamos ya en este espacio algunas semanas atrás, hasta los servicios de
rendición de cuentas en el anterior sexenio se asignaron mediante prácticas
poco ortodoxas.
Según el
documento 2018-0-27100-07-0090-2019, “Desempeño e Impacto de los Libros
Blancos de la APF 2013-2018”, se le sigue la pista a la razón social Si
Control, S.C.
De
acuerdo con revisiones de la ASF, concentró 16 por ciento del total de recursos
públicos para la elaboración de Libros Blancos durante 2018, la mayoría
entregados mediante adjudicaciones directas.
Hablamos
de una firma propiedad del último secretario de la contraloría del gobierno de
Rafael Moreno Valle en el estado de Puebla, Alejandro Torres Palmer.
Es el
mismo que en el año 2017 compitió con el propio Colmenares Páramo en el proceso
que siguió el Poder Legislativo para elegir a un nuevo auditor de la
federación.
Torres
Palmer fue contralor general del IMSS en tiempos de Emilio Gamboa y
subsecretario de Normatividad y Control de la Gestión Pública en la ya
desaparecida Secodam con Vicente Fox.
Se recuerda
que desde su posición en el gabinete foxista, fue encargado de designar a la
mayoría de los titulares de las contralorías internas en las dependencias
estratégicas de la administración pública.
Fue en esa
misma época, julio de 2003, cuando constituyó Si Control, especializada en
“ayudar a las dependencias a evitar la recurrencia de las observaciones de las
instancias fiscalizadoras”.
Los
diputados se referían en ese entonces a señalamientos sobre que el personaje en
cuestión hacía valer sus posiciones y vínculos con la contraloría pública para
fincar y dirigir responsabilidades a funcionarios y dependencias, mismos que de
inmediato recibían ofertas de asesoría provenientes de la compañía ligada al
experimentado contralor.
Los datos
emanados de la ASF podrían entonces darle forma a lo que parecía simplemente un
rumor, pues tan sólo en una muestra de 117 contratos para la elaboración de
Libro Blancos, con recursos ejercidos por 407 millones de pesos en 2018, a Si
Control se le adjudican 66 millones.
Lo
anterior como resultado de nueve contratos firmados de enero a diciembre del
año pasado, principalmente con la CFE entonces dirigida por Jaime Hernández,
Pemex con Carlos Treviño y la Secretaría de Energía de Pedro Joaquín Coldwell.
De los
mencionados nueve contratos, tres fueron por adjudicación directa, pero tan
importantes éstos que representaron hasta 80 por ciento de sus ganancias
totales: es decir, más de 52 millones de pesos.
La
plataforma de transparencia Compranet registra también el año pasado
contratos con la SEP, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores.
Todos por
adjudicación directa o mediante el esquema de invitación a tres personas y
dirigidos a la empresa de quien quiso ser auditor superior de la federación.
LA VIDA
DE Mario José Sosa Gómez como empresario de Songie Radio, Televisión y Medios,
está llena de incumplimientos que rayan en la ilegalidad y que, todos sumados,
podrían ponerlo en la cárcel porque conlleva fraudes por varios cientos de
millones de pesos. El último botón de muestra de esta conducta plagada de
ilegalidades de Mario Sosa es la denuncia 738/2019, arraigada en el Juzgado
Cuarto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México,
por más de 30 millones de pesos. La demanda mercantil es consecuencia del
incumplimiento en una sociedad entre Mario José Sosa Gómez con el cliente de
Carlos Gallegos Ortiz por la sociedad accionaria en Songie Radio Televisión y
Medios, pero sobre todo porque firmó unos pagarés para devolver el dinero
recibido y desde el 3 de septiembre no ha cumplido. Sosa Gómez firmó seis
pagarés, cada uno por la cantidad de 5 millones 280 mil 932 pesos y hasta el
momento no han sido cubiertos ninguno de ellos. En el medio se dice que Mario
Sosa ha intentado renegociar sus deudas millonarias con engaños a exsocios,
proveedores y artistas contratados en Songie TV. Hay quienes dicen que está
vendiendo activos y que en cualquier momento podría abandonar el país.
RESULTA QUE GERARDO
Badin, el flamante síndico de la quiebra de Oro Negro, viene regresando de un
apretado viaje a Nueva York en el que vio a las partes en el conflicto para
informarse del asunto a detalle. Se reunió con el equipo legal de los bonistas,
pero también con los abogados de Quinn Emanuel. No se ven perspectivas
halagüeñas para la empresa de Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo, pues nos
aseguran que los bondholders lograron que Badín considere desistirse de la
demanda presentada por la contratista de Pemex contra ellos por haber causado,
dicen, la terminación de sus contratos con la petrolera mexicana. Por lo pronto
Badin pidió 30 días más a la jueza Shelley Chapman de la Corte del Distrito Sur
de Manhattan. La gran pregunta es si esto ayudaría a Oro Negro, a la que Badin
ya trae entre ceja y ceja.
OTRO QUE
YA se sabe también anda en líos es el dueño del equipo de futbol Tiburones de
Veracruz. La Federación Mexicana de Futbol desafilió hace unos días a la
escuadra y a Fidel Kuri por incumplimientos y deudas con esa organización, así
como también la FIFA, la Liga MX y hasta la Comisión de Arbitraje, sin dejar de
lado a los propios jugadores. Se habla de pasivos que superan los 100 millones
de pesos. La instancia que preside Yon de Luisa está por fichar al despacho de
abogados que lo representará. Dos que están siendo considerados son los bufetes
de Alonso Aguilar Zínser y Diego Ruiz. A su vez Kuri sondeó a José Luis Nassar,
pero declinó. Por lo pronto trae atrás al experimentado operador político Jesús
Hernández Alcocer.
PUES NADA,
QUE otro rubro que la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, quiso
controlar fue el asegurador y reasegurador. Desde la dependencia en la que
manda Arturo Herrera la funcionaria pretendió consolidar en una sola póliza
todas las contrataciones de seguros de las dependencias federales. Era
simplemente imposible compactarlas, porque cada secretaría necesita un traje a
la medida. Afortunadamente para los agremiados a la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros, que preside Manuel Escobedo, la señora desistió. Pero
retrasó las licitaciones, que ahora contra reloj se buscan retomar a partir de
enero de 2020.
OCTAVIO
ROMERO, EL mandamás de Pemex, alista dos cambios en sus principales
subsidiarias. Tras la inhabilitación ya oficial de Miguel Ángel Lozada de Pemex
Exploración y Producción, el que se asoma a dirigirla es René Carlos Puerto
Rovira, coordinador de Servicios Marinos de PEP. A su vez en Pemex
Transformación Industrial, le decía que Miguel Angel Breceda está con un pie
fuera y su muy probable relevo sea Jorge Luis Basaldúa. Los dos son de toda la
confianza de Romero. Ya veremos.
TERNIUM, EL
GRUPO acerero italo-argentino de Paolo Rocca, prolongó hasta febrero el
due-dilligence de Altos Hornos de México (AHMSA). La idea era concluirlo este
mismo año pero no. La compañía sigue en la justa para asumir el control de la
la acerera de Alonso Ancira y Xavier Autrey, por la que también han manifestado
interés Grupo Villacero, Arcelor-Mittal, Baosteel, Severstal y CSN.
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