Enrique
Galván Ochoa,
Los
delitos de los que la fiscalía federal de Nueva York acusa a Genaro García Luna
fueron cometidos entre 2000 y 2012. Son los años de los presidentes Fox y
Calderón, la docena trágica del panismo. Sin embargo, la responsabilidad se
extiende al siguiente sexenio, de Peña Nieto, porque encubrió las acciones y
omisiones de sus antecesores. ¿Cuál es el significado de lo que está
ocurriendo? El gobierno de Estados Unidos, por conducto de un fiscal federal,
ha sentado en el banquillo de los acusados no sólo a García Luna, sino también
a los gobiernos prianistas. Probablemente Fox y Calderón serán llamados a declarar
en algún momento del proceso. Lo ideal habría sido que fiscales y jueces
mexicanos aprehendieran y procesaran a García Luna en nuestro territorio. Sin
embargo, gozó de impunidad, a pesar de las denuncias en su contra, incluso una
del ex secretario de Seguridad, como superpolicía del panismo y después como
hombre de negocios acaudalado al regreso del priísmo. No es desdeñable que tras
su detención, la Fiscalía General de la República esté integrando un expediente
con miras a solicitar su extradición, tampoco lo es que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, haya procedido a
congelar sus cuentas bancarias. No tenemos información de que lo estuvieran
investigando desde antes, o paralelamente a las autoridades de Estados Unidos.
Ante la opinión pública aparentemente actuaron después de que fue capturado. La
fiscalía general y la UIF tienen trabajo por enfrente. Los negocios de la
empresa de seguridad de García Luna se desarrollaban en parte en México, aunque
vivía en Florida. Aquí brindó protección e hizo servicios a grandes empresarios
y algunos se convirtieron en clientes de su compañía GLAC Consulting. Que
aparezcan sus contactos, la ruta del dinero y se actúe como proceda antes de
que lo hagan las autoridades del otro lado de la frontera.
Diferencias
empresariales.
La
diferencia entre los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos
Salazar Lomelín; del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle Perochena,
y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, consiste en que Salazar Lomelín representa
a todo el sector empresarial del país, Del Valle al grupo de hombres de
negocios más acaudalados y De Hoyos a un pequeño sector de empresarios que por
añadidura no están de acuerdo en su totalidad con su dirigente. Otra diferencia
es que De Hoyos ha tomado a la Coparmex como plataforma para sus aspiraciones
políticas electorales, violando los estatutos de la organización. Una más
consiste en que Salazar Lomelín y Del Valle Perochena han tendido puentes con
el nuevo gobierno, aunque no coincidan ideológicamente, pero han puesto en
primer lugar los intereses del sector empresarial. Han conseguido aplazar y
llevar a revisión, por ejemplo, el tema del outsourcing. En cambio, la
radicalización del presidente de Coparmex lo está aislando. Mal defensor de sus
representados.
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