Julio Astillero.
Ayer se
produjeron tres declaraciones de fuerte contenido político: por lo inusual de
que se hable así respecto a la propia casa, destaca lo dicho por el ministro
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, quien dio por terminada la impunidad que a la vez ha permitido
corrupción y nepotismo en el Poder Judicial de la Federación al que, dijo, se
está limpiando, en ruta hacia una reforma profunda; el secretario de protección
y seguridad ciudadana, Alfonso Durazo, lanzó una durísima condena a la
administración encabezada por Felipe Calderón Hinojosa, a la que caracterizó
como protectora oficial del cártel de Sinaloa; y el presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que no hará leña del calderonista árbol que ha caído a
causa de la detención de su denotativo acompañante sexenal, Genaro García Luna.
El ministro
Zaldívar, que va abriendo paso en el Poder Judicial a las políticas de cambio
impulsadas por el Presidente de la República, rindió su primer informe de
labores y López Obrador lo escuchó y acompañó, al igual que las líderes de las
directivas de las cámaras legislativas. En términos generales, la cúpula de ese
Poder Judicial Federal, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se
va acomodando en términos numéricos y de ánimo a los postulados del político
tabasqueño, quien considera que la lucha contra la corrupción no podrá avanzar
lo suficiente, ni consolidarse, si la estructura judicial del país no es
saneada.
El
secretario Durazo, por su parte, emergió en Twitter de una temporada de ataques
que inició con la detención y posterior liberación de uno de los hijos de
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Sometido a severas críticas, sobre todo desde
el flanco panista y el calderonista (divididos circunstancialmente, pero
siempre cercanos y dispuestos a reconciliaciones tácticas), Durazo publicó este
mensaje en el espacio internáutico caracterizado por un pájaro azul: “Hay
quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad
del pasado; la detención de hoy la ha reducido a la trágica protección oficial
del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo
el desastre que heredamos en esta materia”.
Nunca se
había señalado de manera tan categórica, desde una secretaría de Estado o un
nivel parecido, a la administración calderonista como una etapa de
narcopolítica cargada a favor de uno de los cárteles criminales en turno: si
Calderón hubiera protegido oficialmente al cártel de Sinaloa se estaría en
presencia de tan grave distorsión criminal del ejercicio gubernamental que el
saldo de centenares de miles de muertos, desaparecidos, torturados y lesionados
en ese lapso, y en la secuela que aún se vive, habrían constituido un magno
crimen de Estado, susceptible de ser perseguido en tribunales internacionales
por las graves violaciones a los derechos humanos.
Recuérdese
que en noviembre de 2011 el abogado mexicano Netzaí Sandoval Ballesteros
demandó ante la Corte Penal Internacional a Calderón, a parte de su gabinete de
seguridad (los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública; de la
Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y de la Marina, Francisco Saynez) y
a miembros del cártel de Sinaloa (en específico, el citado Guzmán Loera) por la
comisión de diversos delitos de lesa humanidad que fueron cometidos durante la
llamada guerra contra el narcotráfico.
Y ante la
evolución del caso de García Luna, detenido un día antes, y de Calderón, que es
el principal damnificado político de este episodio, AMLO dijo en su conferencia
mañanera que no hará leña del árbol caído, lo cual justamente es una forma de
hacerla. En realidad, pero a reserva de que el interés estadunidense no gire la
mira hacia otro lado, el asunto de García Luna podría convertir al calderonismo
en una maderería política.
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