Cuenta regresiva para armar paquete energético.

Darío Celis.

El gobierno y el sector privado preparan una lista de más de 100 proyectos en materia petrolera y eléctrica, con una inversión pública y privada de al menos 10 mil millones de dólares, que puede ser el detonador de la competitividad económica y el desarrollo de la infraestructura más importante de las últimas décadas.

Desde julio del año pasado gobierno federal y cúpulas empresariales, particularmente el CCE, CMN y Concamin, escogieron y prepararon minuciosamente la lista de proyectos de inversión privada que podrían ser anunciados el 14 de febrero próximo en Palacio Nacional, como parte del Programa Nacional de Infraestructura.

Algunos de esos proyectos se comentaron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, Arturo Herrera, Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett por el sector privado, representado por Carlos Salazar, Antonio del Valle Perochena, Francisco Cervantes y Armando Garza Sada.

Después de la presentación se espera que los organismos reguladores, como la CRE, la CNH y la ASEA, presenten su opinión técnica y sean puestos a licitación pública.

En las últimas reuniones entre gobierno-gobierno (Pemex-CFE-SE-Oficina de la Presidencia)) y sector privado (CCE-CMN-Concamin-Canacintra-Coparmex-Concanaco) se han enlistado los proyectos en los que puede participar solamente el gobierno y los que el capital privado lleva mano, así como aquellos donde se puede hacer coinversión.

En el camino al anuncio del 14 de febrero se definirán los montos de inversión privada en los proyectos, los plazos de las licitaciones en los próximos meses y las reglas de operación.

En la reunión de ayer, López Obrador pidió a los asistentes acelerar el paso en el amarre de cada proyecto e irlos anunciando si es necesario a la brevedad.

Los asistentes a Palacio Nacional se reunirán una vez a la semana con miras a completar un buen paquete que sea atractivo a los inversionistas a anunciarse máximo en 23 días.

La IP podrá participar en la rehabilitación y ampliación de refinerías como la de Madero, Minatitlán, Cadereyta y Tula, que significarían inversiones superiores a los 4 mil 500 millones de dólares.

Asimismo, en servicios, almacenamiento, distribución y energía fotovoltaica y eólica, pero no en rondas petroleras y exploración en aguas profundas, como ayer alguien volvió a plantear y de nueva cuenta se reiteró el rechazo de la 4T.

ALGO QUE ESCANDALIZÓ al nuevo gobierno fue descubrir que solo 3 distribuidores concentraban 60 por ciento de las compras gubernamentales de medicamentos a nivel nacional, lo que machacaron hasta la saciedad sin presentar mayores elementos que lo demostraran. Ahora que hay resultados de la licitación para el ejercicio 2020, queda evidenciado que poco se ha cambiado porque de los cerca de 13 mil 500 millones de pesos que se fincaron, 21 por ciento se lo llevó Dimesa, filial de Pisa, denunciada también por la misma 4T de monopolizar centros de mezclas. Asimismo, está el grupo del que descuelgan Psicofarma, Alpharma y Neolpharma, que en conjunto se llevaron 11.7 por ciento de lo asignado, amén de Fresenius, CSL Behring y Ultra, con un 6 por ciento cada una. Al final sustituyeron a tres distribuidores que vendían 60 por ciento por cinco grupos que representan 51 por ciento de la venta total. En este mismo proceso Solfran ganó un contrato de 128 millones de pesos, pese a estar inhabilitada hasta 2022. Para mayores señas, es una de las empresas de Carlos Lomelí, excandidato morenista a la gubernatura de Jalisco, exdelegado en Jalisco del presente gobierno y cercanísimo a AMLO.

LA COMISIÓN FEDERAL de Competencia Económica, de Alejandra Palacios, analiza iniciar una investigación contra las plataformas digitales por prácticas monopólicas. El organismo tiene en la mira a las que integran procesos de fabricación, venta y distribución de productos exclusivos. Se comenta que iniciaría con Amazon y después con Google. En Estados Unidos, Europa y Japón han puesto bajo la lupa el comportamiento de grandes empresas trasnacionales desde sus cuestionables prácticas laborales, pasando por temas de competencia desleal. Ya en la India se introdujeron leyes para frenar esos abusos. Aquí, donde el mercado de comercio electrónico vale más de 500 mil millones de pesos anuales, todas estas señales de alarma no han hecho mella en las autoridades.

LITIGANTES INTEGRADOS en un compacto grupo denuncian que en la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero, se está fraguando una red de corrupción. Dicen que para poder obtener información referente a los procesos de investigación les piden dinero. Ya presentaron al Órgano Interno de Control quejas por las extorsiones. Habrá que ver si las denuncias ya están en manos de la autoridad. Entre tanto, donde ya las conocen al detalle es en la Barra Mexicana de Abogados, que encabeza Héctor Herrera, que da seguimiento por el número de casos en donde señalan a un funcionario de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada de nombre Anselmo Jiménez Cruz.

EN QUINTANA ROO, que gobierna Carlos Joaquín González, se cocina un megaproyecto de movilidad para Cancún. Se busca enfrentar el impacto del trazo del Tren Maya, y facilitar el tránsito de los 25 millones de paseantes que llegan anualmente al destino y los más de 50 mil trabajadores que soportan diariamente la operación turística. La propuesta, que ya está en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, incluye la construcción, modernización y ampliación de diversas calles, desniveles y puentes, con un presupuesto que rondará los 3 mil millones de pesos de inversión estatal y federal. Se espera que este sea el primero de una lista de 20 proyectos.