Un diputado panista contra el medio ambiente.

Arnoldo Cuellar.

El empresario inmobiliario y Diputado federal por el PAN Sergio Fernando Ascencio Barba ha pasado a la ofensiva para defender el desarrollo turístico y habitacional que realiza en casi 7 hectáreas ubicadas en la Sierra de Santa Rosa, una de las últimas reservas forestales que sobreviven en el estado de Guanajuato y donde se origina el abasto histórico de agua para la ciudad de Guanajuato y la única fuente del líquido para las comunidades serranas.

Para tratar de refutar la investigación periodística de la reportera Carmen Pizano, publicada en POPLab y reproducida en sitios como Pie de Pagina y Julio Astillero, el Diputado Ascencio, quien además es integrante de la Comisión de Vivienda del Congreso de la Unión, exhibe la portada del oficio número GTO.131.1.2/0022/16 emitido por la delegación estatal de Semarnat el 22 de enero de 2016 y rubricado por el delegado Israel Cabrera Barrón.

Sin embargo, cuando se tiene acceso al documento completo, queda claro que es un trámite totalmente ajeno a lo que quisiera justificar el legislador: la autorización para desmontar un predio de seis hectáreas, instalar caminos internos, lotificar y construir 49 cabañas que originalmente fueron pensadas como hotel, después como fraccionamiento residencial y a últimas fechas como espacios de renta por plataformas de Internet.

Un oficio donde únicamente se expide una “constancia de verificación” para un aprovechamiento forestal limitado a retirar dos encinos, con un volumen de madera de 0.52 metros cúbicos en una superficie de 0.83 hectáreas, es decir el 12 por ciento de la superficie que se quiere desarrollar, no puede significar ninguna “autorización” para nada.

¿Por qué el Diputado exhibe ese documento, a todas luces insuficiente, en redes sociales, ante los agentes inmobiliarios a los que quiere interesar en su desarrollo y frente a los medios de comunicación?

¿Probablemente porque es lo único que tiene?

Quizá sí y quizá no. Con ese trámite lo que parece intentar el avispado empresario, pero no tan buen guardián de la legalidad es extraer la jurisdicción del ámbito federal para remitir sus trámites a sus terrenos de confianza: el estado y el municipio, donde se mueve a sus anchas.

Ascencio Barba consiguió allanar a medias el problema del abasto de agua para su desarrollo con pleno respaldo del ex director de Simapag, José Lara Lona, quien fue el artífice de un primer convenio con la comunidad de Santa Rosa para que le fueran prometidos 2 mil 100 metros cúbicos de agua al mes a título gratuito según reza un primer convenio firmado entre Ascencio Barba y la comunidad a través de su delegado, en ese entonces Jaime Aguilera, y tres representantes del comité de agua potable de la comunidad, del que tengo una copia en mi poder.

En esas fechas, marzo de 2017, el empresario irapuatense planeaba construir “un centro de convenciones y un módulo de setenta habitaciones”, para las que obviamente no contaba con autorizaciones de ningún tipo, pues en el camino cambió de proyecto y finalmente fue hasta 2019, ya con la administración del panista Alejandro Navarro, que logró la validación del municipio para construir no 70 habitaciones, pero si 49 cabañas.

Llama la atención que el contrato de cesión de derechos de uso y aprovechamiento de una significativa cantidad de agua en un lugar que no tiene abundancia de ella sobre todo en el estiaje, se realizara “a título gratuito”, siendo que Ascencio Barba planeaba un negocio en toda forma cuyas utilidades vendrían a recibir un subsidio directo de los empobrecidos habitantes de las comunidades serranas.

Los compromisos a los que se obliga el empresario son risibles: “contar con una cisterna de almacenamiento” que es lo mínimo que debes tener cuando te regalan 2 millones 100 mil litros de agua al mes; se obliga también a “tramitar y obtener” junto con el cedente un proyecto de ampliación de infraestructura consistente en un tanque de almacenamiento y la regularización de una planta potabilizadora, a cargo del Sistema Municipal de Agua Potable de Guanajuato, es decir, otro subsidio.

Con una generosidad digna de mejor causa, Ascencio se obliga “a cubrir la parte proporcional” de los gastos de energía eléctrica y mantenimiento del pozo que le surtirá su agua gratuita. Solo eso faltaba, que los comuneros, además de regalarle el agua, le pagaran hasta los gastos fijos de sus costos de operación.

No se entiende un convenio con esas características sin un importante apoyo político para el empresario, traducido en presiones o en “convencimiento” de los representantes de la comunidad. Así, cualquier hace negocios exitosos.

Hoy las cosas empiezan a complicarse.

En primer lugar, porque el nuevo gobierno de la República puede ser menos complaciente que su antecesor para permitir violaciones impunes de la ley en una zona de regulación federal. Ya Víctor Manuel Toledo, el titular de Semarnat, ha mostrado que está muy lejos de la laxitud de sus predecesores, como se vio en la explotación minera que se pretendía en Cerro del Gallo, justo en la misma zona serrana en su extremo norte.

En segundo lugar porque durante todo este tiempo la comunidad ha logrado informarse más y mejor sobre sus derechos y sobre las implicaciones de entregar su agua al desarrollo inmobiliario de Ascencio, lo que supone que han empezado a cuestionar los acuerdos que realizó el anterior delegado y los miembros del comité de agua.

En tercer lugar, porque Ascencio quiere ser candidato del PAN a la alcaldía de Irapuato y este parece ser el peor momento para que exhiba un talante autoritario, venal e irrespetuoso de la ley, si es que quiere sacar su inversión a bayoneta calada. En todo caso debería tomar una opción: no se puede ser empresario depredador y político popular al mismo tiempo.

Con estos antecedentes, veremos en los próximos meses como evoluciona un proyecto que, según se menciona en los corrillos de la presidencia municipal de Guanajuato, tiene el visto bueno “del Paseo de la Presa”. Aunque ahora más bien habría que decir: del “G 100”, el flamante edificio privado de negocios donde despacha cotidianamente el gobernador sin que nadie sepa a título de qué se usa ese espacio, pese a que debería tratarse de información pública de oficio.