Rubén Martín.
Los niños
que viven en las poblaciones aledañas al río Santiago, cerca de la zona
metropolitana de Guadalajara, se están envenenando. En El Salto, 98 por ciento
están expuestos al cadmio; en Juanacatlán 94 por ciento de la población tiene
plomo por encima de lo recomendable; en Puente Grande (Tonalá) 60 por ciento
presenta mercurio; en La Cofradía (Juanacatlán), 45 por ciento tiene arsénico.
El corredor
industrial de El Salto instalado por el Gobierno mexicano a mediados del siglo
pasado, se extiende desde Ocotlán y Poncitlán, y llega a los municipios
metropolitanos de El Salto y Juanacatlán. Ahí están albergadas cientos de
empresas que tiran 507 toneladas diarias de contaminantes y que, en conjunto,
arrojan hasta 1,090 sustancias entre ellos varios metales pesados (según
Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua), como los que están envenenando a
los niños de las poblaciones referidas antes, al igual que a la población en
general.
Los datos
de las sustancias tóxicas encontradas en los niños provienen de un estudio
encargado por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) en 2009 a un equipo
de investigadores encabezado por la doctora Gabriela Domínguez Cortinas de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Era parte de los estudios de impacto
ambiental que podría tener la construcción de la presa Arcediano, en la
barranca del río Santiago, aledaña a Guadalajara. La presa finalmente fue
cancelada, pero la contaminación siguió.
El equipo
de investigadores encabezados por la doctora Domínguez midió la exposición a
agentes tóxicos en población infantil en seis comunidades: Juanacatlán, La
Cofradía, El Salto, Puente Grande, Colonia Jalisco sección II y Jardines de la
Barranca.
Los
resultados sorprendieron a los investigadores, contó la doctora Domínguez en
entrevista en Radio Universidad de Guadalajara el jueves 23 de enero. Tales
niveles de agentes tóxicos sólo se han encontrado en adultos que viven o
trabajan en zonas industriales como las petroleras. Los niveles de metales
pesados encontrados en 330 niños monitoreados fueron varias veces lo que el
cuerpo puede tolerar.
La doctora
Domínguez entregó los estudios a la CEA y ésta, al ver la gravedad de los
resultados, los entregó a la Secretaría de Salud de Jalisco. El estudio fue
obtenido, vía transparencia, por el periodista José Carlos Rodríguez Toral, al
tiempo que organizaciones de las comunidades afectadas han empezado a
difundirlo en varios medios nacionales y mundiales. Iniciaron además una
campaña nacional de recolección de firmas para exigir que los responsables de
ocultar el estudio vayan a la cárcel.
Es muy
grave lo que ocurrió, porque confirma que funcionarios del más alto nivel del
Gobierno del panista Emilio González Márquez (2007-2012), sabían que la
contaminación del río Santiago por metales pesados arrojados por las empresas
del corredor industrial, estaban provocando enfermedades a la población en
general, especialmente a los niños.
Del
estudio estuvieron enterados el entonces titular de la CEA, el secretario de
Salud y probablemente el secretario de Gobierno. Sería muy improbable que no
estuviera enterado el gobernador Emilio González, quien por ese entonces tenía
aspiraciones presidenciales, como precandidato del Partido Acción Nacional
(PAN).
En el
sexenio de Emilio González las comunidades de El Salto y Juanacatlán exigieron
en repetidas ocasiones declarar emergencia ambiental en la zona para iniciar un
proceso de remediación en el río Santiago. Para ello se manifestaron en
repetidas ocasiones. Pero fueron ignorados.
Luego, en
febrero de 2008 ocurrió el fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha,
tras caer accidentalmente a un canal aledaño al río Santiago. El niño murió por
envenenamiento por arsénico, del agua contaminada que bebió.
Es decir, Emilio
González y los más altos funcionarios del Gobierno de Jalisco sabían de la
grave contaminación del Santiago y las enfermedades que provocaban en la
población. El Gobierno de Jalisco siempre negó que hubiera una relación directa
entre contaminación del río y las enfermedades en la población.
Ahora la
investigación de la doctora Domínguez confirma que hay una relación directa
entre contaminación producida por las industrias de la zona, y las enfermedades
que padecen los habitantes de las localidades aledañas.
El
estudio fue entregado por los investigadores en octubre de 2011, pero apenas es
conocido públicamente.
Lo
ocultaron deliberadamente y no tomaron las medidas necesarias para evitar que
la población siguiera expuesta a enfermedades. Peor aún, sabían que los niños
se estaban envenenando y lo permitieron.
No
debemos permitir que una conducta criminal de estos ex servidores públicos
quede impune. Deben pagar por ello y de una vez por todas dejar de contaminar
el río Santiago, empezar a limpiarlo y ofrecer salud a toda la población
afectada.
Lo mismo
debe ocurrir en el resto de “infiernos ambientales”, como los definió el
secretario de Medio Ambiente, Víctor T. Toledo. Al igual que el corredor
industrial de El Salto, Jalisco todos los corredores industriales o regiones
más contaminadas del país, deben limpiarse. Y para ello es necesario un cambio
de fondo en la política ambiental y en la imposición de normas ambientales
pensadas en proteger a la población, no para que las empresas contaminen
“poquito”.
Entre otras
cosas deben imponerse sanciones ejemplares a quienes contaminan. En el
corredor industrial de El Salto se llevaron a cabo 2,065 visitas de inspección
entre 2013 y 2018, según reportaje de Manuel Hernández en Rusia Today
(https://bit.ly/2vpTMTH). Parecen muchas, pero apenas significa una inspección
diaria en seis años. Y las multas impuestas son irrisorias: 31.5 millones de
pesos en el mismo lapso. Eso significa multas diarias por apenas mil 600 pesos
diarios cuando las ganancias de los industriales del corredor ascienden a 1,100
millones de pesos al día.
El
Gobierno de la Cuarta Transformación está obligado a cambiar la política
ambiental e imponer un marco regulatorio que cambie radicalmente el modelo
actual donde predomina el capital sobre la vida.
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