Por Eréndira
Aquino.
En el
último año, la seguridad se ha visto afectada en 19 estados: la tasa de
homicidios ha aumentado, prevaleció la incidencia delictiva y se deterioró la
percepción de los ciudadanos en la materia.
El
fortalecimiento del Estado de Derecho continúa siendo un tema pendiente en el
país, donde las situaciones de violencia, corrupción e impunidad afectan a
millones de mexicanos.
De acuerdo
con el Índice de Estado de Derecho 2019-2020, elaborado por la organización
World Justice Project (WJP), las entidades más afectadas en materia de
seguridad fueron Morelos, Baja California, Estado de México, Guanajuato y la
Ciudad de México.
A pesar
de que en 19 estados aumentó la inseguridad, WJP destacó que la tasa de
homicidios disminuyó en 14 estados, la prevalencia e incidencia delictiva bajó
en 13 y la percepción de seguridad aumentó en 18.
El índice
midió la situación de los 32 estados del país en Estado de Derecho: si hubo límites
al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos
fundamentales, orden y seguridad, y fue realizado a partir de la opinión de más
de 25 mil ciudadanos y 2 mil 600 especialistas, a quienes se les realizaron
encuestas.
Los resultados
muestran retos persistentes en todo el país en materia de corrupción y
justicia, principalmente en Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Morelos, la Ciudad
de México y el Estado de México.
Entérate:
Tijuana, Juárez y Acapulco, los municipios con más homicidios en 2019, juntos
suman más de 3 mil casos
En cuanto
a la percepción de la protección efectiva de derechos humanos, el índice arrojó
que las entidades peor evaluadas fueron Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y
Quintana Roo.
Yucatán,
Nuevo León, Baja California, Aguascalientes y Querétaro tuvieron los puntajes
más altos, en ellos la ciudadanía percibió mayor ausencia de discriminación,
que se garantiza el debido proceso legal de personas acusadas de delitos y que
se respetan los derechos a la vida, a la seguridad y a la libertad de
expresión.
Corrupción.
El índice señala
que la ciudadanía percibió la existencia de sobornos, influencias indebidas en
el gobierno y el desvío de recursos públicos en mayor medida en la Ciudad de
México, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Jalisco.
Querétaro,
Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Colima fueron los mejor calificados en
ausencia de corrupción.
Pesos y
contrapesos.
Veracruz,
Quintana Roo, Puebla, Guerrero y Chiapas fueron las entidades donde los pesos y
contrapesos que limitan las acciones de quienes gobiernan, en particular de
gobernadores, alcaldes y otras autoridades de los estados, resultaron peor
evaluados.
Nuevo
León, Baja California, Colima, Yucatán, Zacatecas y Aguascalientes fueron las
entidades con mayor puntaje en la medición de la independencia de los poderes,
de la participación de la sociedad civil y la prensa como contrapesos, así como
la sanción a funcionarios que abusan de sus funciones o no atienden la
normatividad.
Transparencia.
Los
estados en los que el gobierno rinde cuentas y comparte información con mayor
opacidad fueron Querétaro, Tlaxcala, Nayarit y Tamaulipas.
En la
Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, los
ciudadanos señalaron que pueden conocer el accionar del gobierno a través del
acceso a información pública, lo que favoreció la incidencia en sus decisiones.
Aplicación
de la ley.
En cuanto
a la aplicación efectiva de la ley en temas como salud pública, seguridad en el
lugar del trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales, los
peor evaluados fueron Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Sonora y Morelos.
Ciudadanos
y especialistas calificaron a Querétaro, Guanajuato, Baja California, Campeche
y Aguascalientes como los estados donde se cumple de manera más efectiva la
normatividad, con menos corrupción en la aplicación de regulaciones y el
gobierno estatal no expropia propiedades ilegalmente.
Justicia
civil.
Este
indicador midió si las personas accedieron a mecanismos pacíficos y efectivos
para resolver controversias a través del sistema de justicia civil.
De
acuerdo con World Justice Project, para que se garantice el acceso a la
justicia civil es necesario que las personas conozcan y confíen en los
mecanismos formales para resolver sus problemas legales.
Guerrero,
Chiapas, Jalisco, Veracruz y Tlaxcala fueron las entidades que recibieron menor
puntuación en materia de justicia civil.
Los mejor
evaluados fueron Guanajuato, Nuevo León, Durango, Aguascalientes y Campeche, en
ellos, se consideró que las personas pueden resolver sus problemas legales más
fácilmente y sin altos costos ni procesos burocráticos.
Justicia
penal.
La
calidad del sistema de justicia penal fue otro de los aspectos evaluados. Los
estados mejor calificados en el respeto a los derechos de víctimas y de
personas acusadas fueron Guerrero, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz y el
Estado de México.
Querétaro,
Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato y Aguascalientes tuvieron mayor puntaje en
cuanto a a percepción sobre el actuar efectivo de policías y ministerios
públicos, así como de los sistemas de procuración y de impartición de justicia.
La
investigación de WJP reveló que el Estado de Derecho avanzó en el último año en
15 estados, descendió en 11 y permaneció sin cambios en seis.
México
enfrenta grandes desafíos en materia institucional, por ello, considera
necesario avanzar en alianzas y políticas públicas que fortalezcan las
instituciones públicas y garanticen el cumplimiento de la ley, concluyó.
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