Con información
de Francisco Sandoval.
El
destino de cerca de 20 mil millones de pesos que formaban parte del presupuesto
que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus filiales recibieron de 2013 a 2016,
durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de dicha
empresa del Estado, sigue sin esclarecerse hasta la fecha.
Se trata
de recursos que no se ejercieron ni fueron devueltos, o que supuestamente se
utilizaron en programas, acciones o servicios irregulares de los que no hay
pruebas que acrediten que realmente se llevaron a cabo y por lo tanto tendrían
que haber sido reintegrados.
Así lo
revelan datos actualizados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
institución que a través de su brazo jurídico alista presentación de diversas
denuncias penales por este hecho, tras considerar que a tres años de ocurridos
los malos manejos estos siguen sin ser esclarecidos.
Se
trataría de un segundo paquete de denuncias que la ASF promueve en contra de la
gestión de Lozoya en Pemex ante la Fiscalía General de la República, luego de
que en julio del pasado denunció las irregularidades relacionadas
específicamente con la adquisición de plantas de fertilizantes en mal estado.
De acuerdo
con la información de la ASF, el monto preciso de recursos púbicos
pendientes por aclarar durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex asciende
a 19 mil 548 millones de pesos, de los cuales más de 17 mil 500 millones
corresponden a la filial de PEMEX Exploración y Producción.
Los otros
2 mil 500 millones del presupuesto faltante se distribuye entre el corporativo
central de Pemex y las filiales PEMEX Transformación Industrial, PEMEX
Refinación, PEMEX Logística, y PEMEX Fertilizantes.
Cabe señalar
que, como parte de los procedimientos en este tipo de casos, la ASF ha dado
oportunidad a PEMEX y a sus filiales para que una vez que conocieron los
resultados de las auditorías financieras y los recursos observados, puedan
presentar datos o evidencia que prueba la utilización del dinero o en su caso
que procedan con su devolución.
No
obstante, y tomando en cuenta que las ultimas irregularidades detectadas en la
gestión de Lozoya corresponden al ejercicio fiscal del 2016, suman ya tres años
en los cuales no se ha podido documentar la correcta utilización de este dinero
o su devolución a la Secretaría de Hacienda.
¿Qué pasó
con el dinero?
Los
auditores detectaron por lo menos 94 operaciones, acciones u omisiones graves
en Petróleos Mexicanos y sus filiales durante la gestión de Lozoya, cada una de
las cuales representa un posible quebranto al erario y que, en buena medida,
ocasionaron el boquete de recursos que no han sido repuestos ni explicados.
Entre las
anomalías hay de todo. Por ejemplo, se detectó un faltante de 18 millones
681 mil pesos en Pemex por concepto de supuestos traslados de más de 3 mil
pasajeros en helicópteros de transporte de personal o carga de los que no hay
pruebas de haberse realizado.
Los
auditores también detectaron pagos reportados de forma injustificada como el
de 112 millones de la referida filial en 2016 por un contrato donde las obras
no estaban terminadas y por lo tanto no era procedente realizar dicha
transacción.
Es ese
mismo año PEMEX Exploración y Producción reporto el gasto de 106 millones480
mil pesos para la contratación de 133 maniobristas relacionados con uno de los
contratos, sin que haya evidencia creíble del trabajo que habrían realizado.
Otro caso
fue el pago reportado por PEMEX Transformación Industrial por un monto de 43
millones 628 mil pesos como parte de obras relacionadas con líneas de
suministro de agua y enfriamiento. que en realidad no se llevaron a cabo.
El común
denominador en este y otros casos tiene que ver con pagos injustificados,
sobrecostos, o sanciones y penalidades a contratistas que no fueron reclamadas
y que representan un posible fraude. Todo ello sumado al subejercicio de
recursos que tampoco fueron reintegrados.
Ofensiva
legal a contrarreloj
Como se
detalló ayer en esta nota, Emilio Lozoya cuenta actualmente con dos órdenes
de aprehensión giradas en su contra por los presuntos sobornos que habría
recibido de las constructoras Odebrecht y Altos Hornos de México para ser
favorecidas con contratos. Dichas órdenes dieron paso a le misión de una ficha
roja de Interpol en su contra que permitió su localización y detención ayer en
España.
Los casos
anteriores fueron resultado de las denuncias promovidas por la nueva
administración de Pemex con el acompañamiento de la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda. Esta última dice contar además con otras indagatorias
en desarrollo.
En tanto la
ASF ya promovió desde el año pasado una denuncia penal relacionada con cinco auditorías
practicadas a la adquisición de plantas de fertilizantes las cuales, hasta el
momento, continúan en integración en la Fiscalía General de la República, sin
que hayan sido enviadas a un juez. A dichas denuncias se estarían sumando las
otras que presentará la Auditoría por las anomalías ya comentadas.
No obstante,
las autoridades mexicanas tienen ahora el reto de agilizar el trámite y
posible judicialización de nuevos casos en contra de Lozoya para poder
incluirlos en la solicitud formal de extradición que se presentará a España.
Ello ya
que el tratado de extradición de México y España – como la mayoría de los
acuerdos de esta naturaleza – cuenta con una cláusula denominada de
“especialidad” que implica que una persona que es entregada en extradición a
otro país solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales se pidió
formalmente su entrega.
Si la
extradición se concretara en las condiciones actuales, Lozoya solo podría ser
procesado en México por los presuntos sobornos de Odebrecht y Altos Hornos, que
son los casos por los cuales tiene órdenes de captura en curso.
Consultadas
sobre este punto, autoridades de la FGR solo confirmaron que se trabaja varios
expedientes más con la idea de ser judicializados a la brevedad.
Aceptar
extradición es una opción: defensa
Los
abogados defensores de Emilio Lozoya en México no descartaron la posibilidad de
que su cliente pudiera aceptar el procedimiento de extradición para agilizar su
proceso, aunque precisaron que ello dependerá de lo que el mismo decida y de la
asesoría que reciba de equipo de abogados que contratará en España.
Explicaron
que por lo que han leído en los medios de comunicación la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) en México tiene pensado acelerar la petición de
extradición, por lo que será a finales de la próxima semana aproximadamente
cuando el requerimiento formal podría estar listo.
“Lozoya
tiene la opción de impugnar la extradición de España o el aceptar regresar a
México, por lo que en caso de aceptar el asunto se aceleraría. En caso de
impugnarlo el proceso podría alargarse entre 8 meses y un año” indicaron sus defensores.
Familiares,
cómplices y fugitivos.
El año
pasado la FGR solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión no solo contra Lozoya
sino contra familiares cercanos y colaboradores que presuntamente participaron
en el esquema fraudulento de lavado de dinero para ocultar los supuestos
sobornos provenientes de las referidas empresas proveedoras de Pemex.
Entre
esas personas se encuentra su hermana Gilda Susana Lozoya Austin y su esposa –
de nacionalidad alemana – Marielle Helene Eckes. Ambas cuentan con fichas rojas
de interpol y se les considera fugitivas internacionales. Las autoridades
tienen pistas sobre su posible desplazamiento en Estados Unidos y Alemania.
Otra que
contaba con orden de aprehensión por los mismos hechos es la madre de Lozoya,
Gilda Margarita Austin Solís, quien en julio del año pasado fue detenida en
Alemania. La señora aceptó ser extraditada de forma voluntaria y el pasado 2 de
noviembre un juez en México le permitió continuar su proceso penal bajo arraigo
domiciliario.
A finales
de abril concluye el plazo que un juez le dio a la FGR para cerrar la
investigación en contra de Austin Solis y presentar la acusación formal, aunque
de acuerdo con algunas fuentes este procedimiento podría tener una resolución
anticipada.
Sobre este
punto los abogados defensores indicaron a Animal Político que ellos no
tienen la intención de que su cliente acepte responsabilidad alguna a cambio de
un proceso mas corto, pero recordaron que la FGR tiene la posibilidad de
desistirse de la acusación si así lo considera.
La FGR
también obtuvo en su momento una orden de captura en contra del empresario
Alonso Ancira Elizondo, cabeza del consejo de administración de Altos Hornos de
México. El año pasado Ancira fue detenido en España peor obtuvo el beneficio de
la libertad provisional, mientras se lleva a cabo su juicio de extradición que
hasta la fecha continúa.
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