Por Pedro
Zamora Briseño.
El
exgobernador Mario Anguiano Moreno aseguró hoy que no puede pagar la sanción
económica de 515 millones 174 mil 928 pesos que le impuso el Congreso local por
daños a la hacienda pública, por lo que anunció que la tarde de este jueves irá
a entregarse a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
En rueda de
prensa ofrecida esta mañana en un restaurant al norte de la ciudad, en la que
estuvo completamente solo, Anguiano instó al gobierno estatal y a las
instancias responsables de realizar el cobro a ir contra sus bienes, pero
advirtió que el monto de su patrimonio no alcanza para cubrir “ni el uno por
ciento” de la sanción, pues “no llega ni a dos millones de pesos”.
Indicó: “no
la voy a poder pagar (la sanción) ni en ésta ni en cinco vidas para adelante”.
Poor ello
dijo que realizará una caminata a la que invitó a la población, desde el
jardín de la colonia El Moralete hasta las instalaciones de la Fiscalía, para
que “si tienen elementos” de una vez procedan a detenerlo.
Anguiano
Moreno dijo que su caso se trató de una persecución política, porque “normalmente
cuando termina un gobernador le hacen una auditoría del último año, y en el
caso nuestro fueron cuatro auditorías: un juicio político primero, la auditoría
normal 2015, una auditoría excepcional de 2013 a 2015, y una auditoría especial
al crédito por 638 millones de pesos”.
Resaltó
que en los tres primeros casos fue exonerado por el Congreso local. En el último, que motivó la sanción, afirmó
que él solicitó el crédito con el acuerdo de José Ignacio Peralta, entonces
gobernador electo, quien incluso habló con algunos diputados para que dieran su
voto a favor. Añadió que los recursos fueron ejercidos por el gobernador
interino que lo sucedió.
Anguiano reconoció
que ese crédito estuvo relacionado por préstamos de corto plazo solicitados con
anterioridad, pero dijo que de no haber solicitado el crédito de 638 millones
no habría podido operar el siguiente gobierno.
CAUSALES DE
LA SANCIÓN.
Entre los
actos atribuidos a Mario Anguiano, por los que se le aplicó la millonaria
sanción económica y 14 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos,
figuran “distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados
por la ley; presentar información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa
del 10 de septiembre de 2015, donde solicita reconocimiento de deuda, y generar
daños y perjuicios a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda
pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente”.
Otra
anomalía detectada por el organismo fiscalizador fue el pago de un crédito del
8 de diciembre de 2014, con ingresos de otro crédito del 2 de enero de 2015,
sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la autorización
del Congreso, “simulando su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión del
cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia
financiera, y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de
contratación, registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio
por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”.
Al respecto,
en la rueda de prensa el exgobernador aseguró que no sustrajo recursos para
su beneficio personal ni de terceros, pues las anomalías señaladas sólo se
trataron de “movimientos contables”.
Añadió: “Decían
que iban a demostrar que nos habíamos robado el dinero y que iban a presentar
pruebas, lo que presentaron con los dictámenes no es lo que decían, pero además
aseguraban que teníamos propiedades en Texas, en Colombia y en varios países de
Centroamérica y otros estados. Si acusan deberían presentar pruebas”.
Tras
afirmar que hubo inconsistencias del Congreso y que no hubo dinero que él se
hubiera llevado, sostuvo: “no nos hemos ido de Colima, no nos vamos a ir, que
sepan que vamos a seguir dando la cara y que sepan que lo hacemos con la frente
muy en alto”.
QUE
INVESTIGUEN A PERALTA.
A la vez, Mario
Anguiano señaló que si el Congreso del Estado fuera congruente investigaría
varias operaciones inmobiliarias y crediticias del actual gobernador, José
Ignacio Peralta, entre ellas el manejo del crédito por 410 millones de pesos,
de los que 200 millones se destinarían para la compra de las instalaciones de
la antigua XX Zona Militar, pero que finalmente se supo que el inmueble fue
donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al gobierno estatal a
título gratuito.
Otro
asunto que consideró que debería ser investigado por el Congreso es el de los
créditos de corto plazo que tiene actualmente el gobierno estatal, que al
parecer dejará problemas financieros al siguiente gobierno similares a los que
él recibió.
Asimismo, estimó
que debe aclararse lo ocurrido con la compra, por parte del gobierno de
Peralta, de los terrenos de la zona arqueológica La Campana, una superficie de
93 hectáreas intervenidas por el INAH, en 170 millones, cuando apenas dos años
antes le habían ofrecido al gobierno de Anguiano 110 hectáreas en 90 millones
de pesos.
Para
Anguiano sería interesante descubrir qué pasó con las 17 hectáreas
restantes, a nombre de quién quedaron, pues no estaban intervenidas y podrían
tener vocación comercial y al venderlas se podría recuperar casi la totalidad
del resto del dinero.
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