Por Pedro
Matías.
La
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la
autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al Proyecto San
José II, de la compañía minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna
Silver Mines, por violar las leyes ambientales al construir 81 obras
irregulares.
Así lo
dio a conocer el Frente No a la minería por un futuro de todas y todos, el cual
exige la cancelación del proyecto y las concesiones mineras en la región de
Valles Centrales, donde 12 comunidades se han declarado territorios libres de
minería.
El
representante del Colectivo en Defensa de los Territorios, Neftalí Reyes
Méndez, considera que esta decisión del gobierno federal es un triunfo
“parcial”, y que se considerará definitivo cuando se cancele la concesión a la
minera Cuzcatlán.
Sin embargo,
detalló que después de un año de lucha jurídica y organizados en el Frente
como comunidades zapotecas y campesinas de los Valles Centrales, lograron
incidir en la resolución de la Semarnat, donde niega la autorización de la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), modalidad Particular del Proyecto San
José II.
Fue en
mayo de 2019 cuando el Frente exigió a la Semarnat no aprobar la MIA-Particular
del Proyecto San José II, porque violenta la libre determinación y autonomía
como comunidades y pueblos indígenas, al no poder decidir libremente sobre sus
territorios.
El pasado 30
de enero, la Semarnat determinó negar la autorización solicitada en Materia
de Impacto Ambiental, según consta en el oficio SGPA/DGIRA/DG/10215, ya que las
obras “han ocasionado impactos acumulativos, sinérgicos y residuales,
originando en mayor o menor medida la destrucción, el aislamiento o la
fragmentación de los ecosistemas presentes en la región en la que se inserta el
proyecto”.
Aunque la
resolución retoma parcialmente los planteamientos del Frente No a la Minería,
su preocupación radica en que la Semarnat recomienda a la empresa minera
presentar una nueva MIA, en la modalidad “regional”.
Insistieron
en que “la operación del proyecto minero San José no cuenta con nuestro
consentimiento; Fortuna Silver Mines no tiene la autorización de las asambleas
comunitarias en los Valles Centrales de Oaxaca, por lo que no otorgaremos
ningún permiso municipal o agrario a ninguna empresa minera”.
Explicaron
que las MIA son un instrumento que busca “prevenir, mitigar y restaurar los
daños al ambiente”, y en el caso del proyecto minero San José encontraron que
ya fueron construidas 81 obras en diferentes lugares y con diferentes
características a las autorizadas.
“Esto
representa un grave desacato de la empresa minera y violenta la legislación y
reglamentos ambientales vigentes con complicidad de la autoridad ambiental”, puntualizaron.
Y con una
nueva Manifestación de Impacto Ambiental, denominada “San José II”, la compañía
minera Cuzcatlán ─filial de Fortuna Silver Mines─ pretende justificar la
construcción de 81 obras irregulares, además de ampliar el periodo de
explotación de plata y oro por diez años más, hasta 2029.
Antes, el 8
de diciembre de 2018, la delegación en Oaxaca de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) estableció sanciones, medidas y multas a la
empresa minera Cuzcatlán por un conjunto de irregularidades en materia
ambiental.
Además, el
8 y 10 de octubre de 2018 se documentaron dos derrames de la presa de jales, de
los cuales no se ha generado ninguna medida para mitigar y reparar el daño por
la contaminación del río El Coyote, en la comunidad de Magdalena Ocotlán.
El Frente
No a la Minería recordó que desde hace diez años ha denunciado las violaciones
a los derechos humanos y de los pueblos indígenas, principalmente al territorio
y libre determinación de las comunidades de Valles Centrales, y la
contaminación al medio ambiente generados por la compañía minera Cuzcatlán, ya
que ninguna empresa puede estar por encima de la legislación vigente en el
país.
Destacaron
que, lejos de generar empleos y promover el desarrollo económico en Oaxaca, la
empresa minera ha generado violencia, ha asesinado a defensores y sigue
contaminando sus territorios y medio ambiente de manera impune.
Por ello
exigen a la Semarnat “no otorgar ninguna autorización en materia ambiental para
la operación del proyecto minero, la MIA original autorizó de forma
condicionada la operación del proyecto minero por 12 años, de 2009 a 2021. Al
otorgar un nuevo permiso, se estaría ‘premiando’ a una empresa minera a todas
luces irregular”.
También exigen
a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras otorgadas en los
Valles Centrales de Oaxaca, porque “nuestras asambleas ya tomaron una decisión:
sí a la vida, no a la minería”.
Finalmente, pidieron
al presidente Andrés Manuel López Obrador: “Respetar su palabra comprometida el
1 de diciembre de 2018: ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.
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