Por Daniela
Barragán.
El titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez
Espriú, deberá informar si la empresa Aleatica (antes OHL) explota de manera
legal o no el Viaducto Bicentenario en el Estado de México. Hace dos meses, la
dependencia informó que la empresa no tiene la concesión, por lo que el paso
siguiente sería recuperar la obra y judicializar el caso.
El
Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México
decidió otorgar el amparo al abogado Paulo Díez Gargari, luego de la petición
realizada a la SCT de recuperar el Viaducto y garantizarle el paso sin pago de
cuota de peaje.
En noviembre
pasado, la SCT informó que estaba realizando una investigación sobre la
construcción del Viaducto Bicentenario, en el Estado de México, ya que,
aparentemente, se habría edificado sobre un tramo de vía federal y no estatal.
“En el
tema del Viaducto Bicentenario estamos analizando porque es una concesión que
no es de la SCT y vamos a ver cómo se dio esa concesión, en qué se basaron para
otorgarla, y este es uno de los temas que está dentro de este complejo de
relaciones que está entre la SCT, el Estado de México y OHL. Hay una presunta
irregularidad porque el Viaducto está sobre una vía federal”, dijo el Jiménez Espriú en
conferencia de prensa.
De acuerdo
con el abogado, construir una vía en un tramo de vía federal, “es un delito
que se sanciona con hasta 12 años de prisión y procede la pérdida de las obras
e instalaciones en beneficio de la Nación, sin derecho a indemnización”.
En
entrevista con SinEmbargo, detalló que el amparo se deriva de la petición
hecha a Jiménez Espriú en la que expuso que Aleatica explota el Viaducto
Bicentenario sin concesión de la Secretaría de Comunicaciones, lo que es un
delito y además, realizado con la pérdida de instalaciones en beneficio de la
nación.
“Yo en un
carta que envié en agosto de 2019 le pedí al Secretario que ejecutara y
asegurara las obras del Viaducto Bicentenario, que las recuperara en beneficio
de la nación y que me garantizara a mí y a todos los ciudadanos el libre
tránsito por esa vía que es vía de tránsito de jurisdicción federal. Ese acto
hoy está clarísimo, nadie tiene una duda de que el Viaducto Bicentenario es una
vía federal porque está construida sobre la autopista México-Querétaro”,
comentó el abogado.
La
concesión del Viaducto Bicentenario, una vialidad que une varios municipios de
la zona conurbada del Estado de México con la Ciudad de México, fue otorgada en
mayo de 2008 por el Gobierno mexiquense, en ese entonces encabezado por Enrique
Peña Nieto.
El proyecto
está estructurado en tres fases: la primera (ya construida) consiste en un
viaducto con carácter reversible de 22 kilómetros, entre el ex-Toreo y
Tepalcapa; en la segunda fase (en construcción) se ejecutará un segundo
viaducto en paralelo una vez alcanzado el máximo aforo vehicular, y en la
tercera (en construcción) se prolongarán 10 km ambos viaductos.
Al 31 de
diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a
esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos. Lo anterior, a
pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto.
A la fecha, el
Viaducto Bicentenario cobra peajes que van de los 5.33 a los 99.60 pesos, de
acuerdo con los tramos transitados.
Los
ingresos por cuotas de peaje pasaron de 5 mil 3986.1 millones de pesos en 2016
a 6 mil 55.5 millones de pesos en 2017 y a 7 mil 075.4 millones de pesos en
2018.
En el tercer
trimestre de 2019, último dato disponible de la compañía en la BMV, el
ingreso por cuota de peaje por el Viaducto Bicentenario fue de 269 millones 374
pesos, un aumento de 5.5 por ciento con respecto al mismo periodo de 2018.
De
acuerdo con los informes de Aleatica ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
“la principal fuente de ingresos en efectivo de la compañía está representada
por las cuotas de peaje que cobra en sus autopistas”
Díez Gargari
ahondó en que en paralelo también corre una denuncia que presentó por estos
mismos hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), que ya requirió
información tanto a la SCT como al Estado de México, que pidió una prórroga
para contestar en los próximos días, “pero lo único que hacen es jugar un juego
perverso de priistas mexiquenses para ver si las cosas se olvidan con el paso
del tiempo, porque el tema es muy sencillo: tienen o no tienen concesión. Si la
tienen que la exhiban y se acabó, dejamos de molestar. Si no la tienen, que
devuelvan el Viaducto”.
Luego de
este amparo, el titular de la SCT queda obligado a pronunciarse con toda
claridad al respecto. De acuerdo con los plazos comunes en este tipo de casos,
no deberá ser uno muy largo, ya que son casi 8 meses desde que se formuló la
solicitud y en ese tiempo la SCT confirmó que no hay concesión, por lo que
ahora deberá decir si se procede con la judicialización.
Para el
abogado, esta situación es clave para el Gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, pero en específico para la SCT, para que marque una diferencia con su
antecesor, Gerardo Ruiz Esparza.
“La SCT
no debe permitir que se siga cometiendo el delito. El tema es grave porque la
inacción del Gobierno federal equivale a una complicidad y a un encubrimiento y
a permitir que se siga cometiendo un delito todos los días […] Espero la SCT no
impugne con la intención de retrasar, porque no sería la forma de actuar de
esta nueva administración, tendría que responder y decir si mi petición es
procedente y tendría que garantizar el paso por el Viaducto sin cobro de peaje
alguno y tendría que de inmediato recuperar las obras e instalaciones del
Viaducto”, agregó
Díez Gargari.
Luego de la
conferencia de prensa de la SCT en noviembre de 2019, Aleatica informó en un
comunicado a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que toda la
documentación de la concesión del Viaducto Bicentenario está en regla y cumple
con las normas de operación y que el título de concesión fue otorgado por el
Gobierno del Estado de México “actuando de buena fe”.
“Al operar
el Viaducto Bicentenario, Aleatica ha cumplido puntualmente con los
requerimientos de operación del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios
Conexos y Auxiliares del Estado de México (“SAASCAEM”) durante más de nueve
años”, destacó la empresa.
“Eventualmente
Aleatica podrá decir lo que quiera, pero una vez recuperados esos bienes […] Y
me preocupa que la SCT, tratando de no detonar en este momento una bomba,
porque sí es un problema serio para el gobierno, pueda decir que sigue
analizando las cosas. Yo creo que sería la única respuesta que sería claramente
inadmisible”,
consideró el abogado.
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