Pasos para atrás.

Raymundo Riva Palacio.

Un año más y no hemos podido impedir el hundimiento del Estado de derecho. Incluso, se puede argumentar, vamos en retroceso. Arrastramos deficiencias crónicas de años atrás, y con una quinta parte del sexenio caminada por la nueva administración, que es muy visible en el discurso a favor de los derechos humanos y el combate a la corrupción, los resultados siguen siendo decepcionantes. Se puede hablar de mucho ruido y nada sustantivo. Hay problemas sistémicos, como la corrupción, que son transversales –funcionarios, policías y jueces en las nóminas del crimen organizado–, y hay batallas que parecen imposibles de ganar, como el freno a la impunidad. El andamiaje legal parece más débil hoy que hace un año, y fuera del descrédito reputacional, que en la mayoría de los casos se irá evaporando, nada profundo y de largo aliento ha sido concretado. En síntesis, un año más perdido.

El Proyecto Mundial de Justicia, una organización independiente y multidisciplinaria en Washington, dio a conocer el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, que es resultado de una encuesta a más de 25 mil personas, y una muestra con más de dos mil 600 abogados y expertos. Los resultados son deprimentes, particularmente en lo que se refiere a Orden y Seguridad, donde el país viene en franca picada desde 2014-2015. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un desastre en esa materia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuyo colapso en el restablecimiento a la seguridad va a seguir impactando a este gobierno y, probablemente, a quien le siga. En poco ayuda que el actual gobierno, al igual que el anterior, haya equivocado su estrategia, al pensar que siendo laxos con el Cártel de Sinaloa en el combate y en voltear a ver hacia otra parte con sus negocios ilícitos, serían sus jefes quienes se encargarían de pacificar al resto del país.

Los resultados que más sobresalieron, pero en sentido negativo, fueron los que tienen que ver con ese factor. El índice apunta un retroceso en 19 entidades, estadísticamente “significativas”: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Esto fue como consecuencia, explica, del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas, y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos. El otro factor que se encuentra en la parte alta de las preocupaciones del Proyecto es el de Justicia Civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias. “En la mayoría de los estados, los subfactores que tienen los puntajes más bajos son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil”, señala el informe.

Esto explicaría la reciente radicalización de las policías comunitarias en Guerrero y la tendencia al alza de los linchamientos: la justicia civil ya no es una opción para muchos. Por eso, la alta tasa de delitos que no se denuncian, nueve de cada diez, según el Inegi. Asimismo, estos dos factores explican en buena medida la forma como los medios de comunicación proyectan una realidad violenta y roja en sus noticieros y primeras planas, generando ansiedad y sentimiento de zozobra entre los ciudadanos, como se aprecian en distintas encuestas realizadas por instituciones mexicanas. El problema por delante es que no se ven puertas hacia la solución del fenómeno, sino mayores complicaciones de inseguridad y violencia, cuando menos, en el corto plazo.

En los datos generales, el Índice muestra que las entidades que más han hecho por mejorar el Estado de derecho, son las mismas del reporte de 2018, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, mientras que quienes ocuparon los sitiales más bajos en la tabla fueron Guerrero –último lugar por segundo año consecutivo–, Puebla y Quintana Roo. En estas dos entidades, aunque con mayor profundidad en Puebla, el deterioro en materia de seguridad ha sido galopante. Entre los datos de 2018 y el nuevo Índice 2019-2020, los puntajes ascendieron en 15 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Sobresale el dato en Veracruz, al tener Cuitláhuac García una de las peores percepciones como gobernador dentro del gobierno de López Obrador. Entre los que descendieron, que son el resto, sobresale la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, la número uno del Presidente para la candidatura en 2024, y a quien más apoyo en seguridad, logístico y presupuestal le han dado en el país. Todos los gobiernos de Morena, salvo Veracruz, tienen malos resultados.

El informe aparece un mes antes de que la organización dé a conocer el Índice a nivel global. En el reporte del año pasado, que se basó en los datos del último año de gobierno de Peña Nieto, los resultados fueron horribles. De 126 países encuestados, en la mitad de los ocho factores analizados, México estuvo en el último segmento en cuanto a Orden y Seguridad (117), Ausencia de Corrupción (117), Justicia Criminal (115) y Justicia Civil (113). Fue el lugar 87 en Aplicación de Regulación, el 84 en Contención a los Poderes Gubernamentales, el 73 en Derechos Fundamentales, y el 35 en Gobierno Abierto. Si vemos lo sucedido el año pasado, se podría esperar una reducción en estos últimos cuatro rubros por haber desaparecido los contrapesos, por los ataques sistemáticos a la libertad de prensa, por la colonización de los órganos autónomos, y por la opacidad en la que navega López Obrador.

El Índice del Proyecto Mundial de Justicia mostrará lo mal que estamos. El problema es que de seguir así, estaremos peor en 2021.