Diego
Petersen Farah.
La discusión
sobre el futuro del Instituto Nacional Electoral (INE) ha sacado lo más
profundos miedos y los más exacerbados rencores de nuestra clase política. No
son pocos los morenistas que ven en esta batalla la venganza histórica por lo
que ellos consideran fue el fraude de 2006 y han lanzado manifestaciones
porriles al grito de “fuera INE”.
En el
otro bando los que consideran que el INE es intocable y que solo una casta de
estudiosos debe tener acceso a la institución, un dogma del tamaño de la pureza
de la virgen en el mundo católico.
Ya
tuvimos una experiencia en la que un partido mayoritario (en ese momento el
PAN) se alió con una fracción del PRI para dejar fuera a la izquierda en la
selección de consejeros. El resultado fue que le dieron el argumento perfecto al candidato
derrotado, en esa ocasión Andrés Manuel López Obrador en 2006 para no reconocer
la elección que, alegó, estaba viciada de origen. Así como no debe extrañarnos
que la fuerza mayoritaria busque alianzas con los partidos satélite y quiera manipular
las quintetas para quedarse con los cuatro puestos, la mayoría morenista debe
evaluar con mucha frialdad el riesgo que lleva para ellos mismos desacreditar
al INE.
La Cámara
de diputados tiene que elegir este año a cuatro consejeros. A diferencia de
otros años y para evitar el reparto de cuotas, en la última modificación a la
legislación electoral quedaron establecidos una serie de filtros que, en
principio, impedirán una designación burda de consejeros afines: una comisión
designada por la Cámara, el Sistema Anticorrupción y la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) integrará, previa pasarela y otros mecanismos de
evaluación que decida, cuatro quintetas de donde el Congreso elegirá a un
consejero de cada una de ellas. Teniendo Morrena el control absoluto de la
Cámara de Diputados y de la CNDH la capacidad ya no de seleccionar incluso de
veto de la oposición se reduce sustancialmente, pero el mecanismo debe servir
para filtra a los no elegibles.
En medio
está, tristemente porque no hace sino meter ruido, la batalla por los sueldos.
El INE, que tiene una estructura profesional sólida pero no barata, ha apelado
ante la Corte para no tener que acatar la imposición del tope salarial de López
Obrador. Nadie está en contra que todos ganen menos que el presidente, la
pregunta es cuánto debe ser el sueldo del presidente, dónde está el estudio que
diga con datos cuál debe ser la estructura salarial del sector público y que
108 mil pesos debe ser el sueldo tope.
Los
diputados, de todas las fracciones, dieron un buen primer paso al aprobar por
unanimidad la convocatoria que contempla el mecanismo de elección de los cuatro
nuevos consejeros.
Sin embargo, el riesgo de que los radicales de uno u otro bando busquen
reventar los acuerdos en algún momento del proceso y que la discusión salarial
y del gasto de la democracia contamine la discusión siegue siendo altísima.
Lo que
está en juego no quién es el dueño de las instituciones sino no regresar a la
desconfianza en los procesos electorales. Ojalá lo entiendan.
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