Martí Batres.
El desastre
humanitario que dejaron la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Gran Crisis
de 1929 y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tuvo como
respuesta reconstructiva civilizatoria al Estado de bienestar.
El
neoliberalismo (1980-2020) desmanteló una parte muy importante de su
estructura, especialmente en los países de los llamados segundo y tercer mundo.
Dicho
desmantelamiento coadyuvó a disminuir las herramientas necesarias para
contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid-19. La propia agresividad de
este coronavirus y la ausencia de vigorosos sistemas públicos de salud están
dejando una estela de devastación económica, social y sanitaria en el mundo.
Aún antes de
que termine este terrorífico episodio, se cuentan por millones los enfermos sin
atención, los desempleados, así como los nuevos pobres en todo el planeta.
El desastre
humanitario que resultará será enorme y exigirá nuevamente como respuesta la
acción civilizatoria reconstructiva del Estado de bienestar, en nuevas
condiciones y modalidades.
Sería en
vano encargar una responsabilidad de tal magnitud al libre juego de las fuerzas
del mercado, que actúan sobre la base de incentivos egoístas y competitivos.
Antes bien, estas fuerzas tratarán de poner contra la pared al Estado, para
obligarlo a priorizar su propio rescate financiero como lo han hecho en otras
crisis.
Esta es la
hora en la que el Estado debe asumir su responsabilidad de representación del
interés general de la sociedad.
En México,
la reconstrucción del Estado de bienestar implica atender los siguientes
grandes ejes estratégicos:
-Drástica
ampliación de la infraestructura pública sanitaria para ofrecer servicios de
salud de manera universal.
-Ampliación
de la capacidad institucional en los servicios educativos públicos,
especialmente en los niveles medio superior, técnico y superior.
-Generalización
de la contratación colectiva y de la sindicalización, especialmente en el
sector privado, erradicando los llamados contratos de protección.
-Recuperación
y crecimiento del salario mínimo y del salario general.
-Seguro del
desempleo.
-Regulación
de la subcontratación, también conocida como outsourcing
-Universalización
plena de las pensiones y becas de adultos mayores, personas con discapacidad y
estudiantes y apoyos a campesinos, con perspectiva al denominado Ingreso
Ciudadano Universal; incluyendo a las heterogéneas clases medias, para
contrarrestar la tendencia a una movilidad social descendiente.
No obstante,
todo esto no podrá realizarse si no se cuenta con una base material estable y
creciente que lo haga posible, por lo que debe acompañarse de un conjunto de
medidas económicas; entre ellas:
-Control
estricto de la inflación.
-Reducción
absoluta y proporcional de la economía informal.
-Inversión
pública en grandes proyectos de alto impacto económico.
-Facilidad
de crédito a empresas que amplíen el número de empleos y actualicen
tecnologías.
-Ampliación
de los ingresos tributarios. Esto no significa necesariamente aumento de
impuestos o creación de nuevos impuestos. Antes de ello, tienen que agotarse
todas las fuentes ya existentes a través de la eficiencia en el cobro fiscal,
erradicación de la evasión y la corrupción, eliminación de condonaciones y
paraísos fiscales, así como aprovechamiento de los recursos que hoy se destinan
a privilegios y derroches; a través de políticas de austeridad.
Un Estado de
bienestar moderno debe acompañarse de las formas de democracia directa y participativa;
las libertades, individuales y colectivas; la intervención social en las
políticas públicas; el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y
sexual; la igualdad de mujeres y hombres en todos los terrenos y la convivencia
armónica y respetuosa con la naturaleza.
Finalmente,
como dice Celia Lessa Kerstenetzky, debe consolidarse una coalición política
que haga posible darle viabilidad a las reformas para un Estado de bienestar.
De ese
tamaño es el reto.
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