Julio Astillero.
El
presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, abrió la polémica nacional
mediante un comunicado de prensa que alarmó a quienes creyeron entender ahí una
propuesta peligrosa para su patrimonio. En particular, generó gran inquietud el
uso del verbo entrar, en un párrafo del segundo punto de la propuesta del
diputado con licencia que dirige al partido presuntamente en el poder.
El Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según propuso, debe entrar, sin
ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de
todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja
la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. También debe
tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda
la información financiera y bursátil de las personas.
Aun cuando
la atención pública se concentró en las líneas arriba citadas, en realidad
forman parte de un planteamiento de cinco puntos que trata de empujar un
diálogo hacia un Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional que, con la vista
puesta en la innegable crisis sanitaria y económica que vive el país y que de
manera previsible se agudizará, intenta promover un consenso para nuevas reglas
de convivencia social basadas en el concepto de bienestar
(https://bit.ly/3dZzjWI).
Ramírez
Cuéllar explicó ayer (Astillero Informa: https://bit.ly/3dWoZOZ) que su
propuesta no implica el entrar físicamente a los domicilios de los mexicanos
para verificar el patrimonio de cada cual. Además, explicó que 140 mil
mexicanos son dueños de 50 por ciento de la riqueza nacional y, en términos
generales, se aprovechan de sus posibilidades de planeación fiscal para pagar
impuestos en menor medida que el resto de la población.
El diputado
federal con licencia (presidía la Comisión de Presupuesto Público en San
Lázaro) aseguró que la terrible desigualdad económica y social que vive el país
obliga a pensar en términos de progresividad fiscal (es decir, que más
contribuya en impuestos quien más riqueza concentre), llegando a plantear que
si no hay esta progresividad fiscal, el estado de bienestar social va a ser
simple y sencillamente un sueño.
Pero, los
grandes ricos, que ya pagan impuestos en sus empresas, ¿deberían pagar más
impuestos en cuanto a su riqueza personal? El economista que preside Morena
respondió: eso de que pagan... nosotros, los contribuyentes cautivos, la clase
media, sí pagamos lo que dice la ley. El problema es que ellos (los muy ricos)
tienen una gran capacidad de planeación fiscal, muy agresiva, así que la tasa
legalmente establecida de 30 o 34 por ciento se convierte en una realmente
pagada de 3 a 11 por ciento. En todo el mundo se está haciendo una especie de
catastro de los bienes que tienen las grandes fortunas.
También
recordó que hay otra fuente muy grande de desigualdad, la que tiene que ver con
el control monopólico, oligopólico, de una serie de bienes y servicios como es
el pan, la leche, el huevo, los medicamentos, los materiales de construcción y
el transporte.
La discusión
no es menor. El Estado mexicano y, en concreto el Poder Ejecutivo Federal, no
tendrán más posibilidades de atender las necesidades de las grandes mayorías si
no hay reformas constitucionales, legales y fiscales, que extingan las viejas
formas de complicidad entre las cúpulas económicas y políticas y obliguen al
pago justo de impuestos a los beneficiarios históricos de esas formas de saqueo
de la riqueza colectiva.
Ayer mismo
saltaron a escena declaraciones pacificadoras, entre ellas las de Ricardo
Monreal, jefe político del Senado. En tanto, los adversarios de Morena y del
gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador cargaron el acento en los
aires intrusivos que encuentran en la propuesta del ex dirigente de El Barzón,
que busca que el Inegi procese datos en cuanto a extrema pobreza, pero también
en cuanto a extrema riqueza, con las consecuencias fiscales que amerite la
situación crítica nacional.
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