Enrique Quintana.
Alfonso
Ramírez Cuéllar, presidente de Morena hasta la realización de su próximo
Congreso, es alguien usualmente sensato.
Por eso,
causó extrañeza la redacción de su propuesta, que ha generado una tormenta.
Dice un
párrafo del comunicado de Ramírez Cuéllar del domingo pasado:
“El INEGI
debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario
y financiero de todas las personas.
El Inegi
también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración
Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.
El
presidente de Morena justifica que sea un órgano constitucionalmente autónomo
quien tenga acceso a toda esta información.
En otro
tiempo, tal vez el hecho de que se tratara de un organismo que forma parte del
Estado pero no del aparato de gobierno podría haber generado confianza en que
la información sería correctamente utilizada, solo en términos agregados.
Pero, en
estos tiempos, en los que múltiples órganos autónomos han estado bajo ataque
del gobierno, hay razones fundadas para la desconfianza.
Por eso, lo
que la propuesta de Ramírez Cuéllar ha propiciado es la imagen de un
encuestador del Inegi que tiene acceso a toda la información de los hogares a
los que visita, entrando en los domicilios para observar la “riqueza”, que pide
toda la información de los activos financieros, así como de las propiedades
inmobiliarias y de otro tipo de todos y cada uno de los integrantes del hogar.
La
caricatura que los pintaba ayer como una especie de ‘Gestapo’ no era casual.
A lo largo
del día de ayer, diferentes académicos, investigadores y funcionarios, como
Gerardo Esquivel, subgobernador de Banxico, quien ha estudiado profusamente la
desigualdad, han señalado que la investigación de los activos financieros e
inmobiliarios es algo usual en los países desarrollados. Incluso Esquivel
refiere una encuesta practicada por Banxico e Inegi en nuestro país: la
“Encuesta sobre Finanzas de los Hogares”, levantada entre el 7 de octubre y el
29 de noviembre del año pasado, y cuyos resultados se darán a conocer en los
próximos meses.
La gran
diferencia entre un estudio como el referido y lo que muchos temen la marca el
contexto.
En un
ambiente polarizado, en el cual el presidente ve como adversarios a todos los
que no están con él, acceder a toda la información económica y financiera de un
ciudadano se percibe no sólo como una invasión a la privacidad, sino como la
posibilidad de usar esa información para presionar políticamente.
La burra no
era arisca… pero ya lo es.
¿Para qué
obtener información fiscal y financiera de las personas si el presidente López
Obrador ha dicho hasta el cansancio que no habrá una reforma fiscal? ¿Qué
propósito tendría entonces el contar en el Inegi con todos estos datos? ¿Hasta
qué punto la Junta de Gobierno del Inegi podría mantener su autonomía si el
gobierno decide que es tiempo de colocar en esa institución a amigos de la 4T?
Si Alfonso
Ramírez Cuéllar mantiene la sensatez que le ha caracterizado, en cuestión de
algunos días va a retirar su propuesta y va a concentrarse en otras muy
relevantes que contiene su documento y que quedaron completamente perdidas,
destacadamente la creación de un Consejo Fiscal profesional que cuente con
autonomía y que no dependa del Ejecutivo sino del Congreso, para evaluar las
políticas de gastos e ingresos del gobierno y elaborar propuestas.
Eso sería
mucho más relevante que querer que el Inegi se convierta en la Gestapo de la
4T.
Le robo su
expresión a Gonzalo Hernández Licona: lo que espanta son los 'moditos' de
Morena… y una justificada desconfianza.
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