Julio Astillero.
Poca
atención mereció el fallido intento, por la vía judicial, de acallar al
subsecretario en jefe de la estrategia federal ante el Covid-19, Hugo
López-Gatell, y a los demás servidores públicos que diariamente ofrecen una
conferencia de prensa sobre el crítico problema sanitario en curso.
Detrás de
tal pretensión estuvo la Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución
de Asistencia Privada que por medio de su presidente, Óscar David Hernández
Carranza (quien fue consejero nacional y presidente de comisiones en la
Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex), buscó que un juez
federal ordenara suspender tales conferencias, en tanto se resolviera como
asunto de fondo la legalidad de éstas, pues a juicio del quejoso, los
funcionarios incurren en omisiones y contradicciones en relación con los actos
para enfrentar la pandemia de Covid-19.
El tema no
generó más polémica porque Laura Gutiérrez de Velazco Romo, titular del juzgado
séptimo de distrito en materia administrativa del primer circuito, atajó la
demanda de la citada fundación filantrópica. Pero resulta interesante el perfil
de esta agrupación, que es más conocida por el nombre de su órgano noticioso,
Somos Hermanos. La Fundación para la Promoción del Altruismo forma parte de la
Junta de Asistencia Privada, un mecanismo de recaudación de fondos para ayuda
comunitaria de la que esta columna informó con amplitud crítica en 1997.
En la
entrega del 3 de noviembre de 1997 se mencionaba: Decenas de millones de los
pesos que los mexicanos pobres dejan al Nacional Monte de Piedad (NMP) al
empeñar y perder sus propiedades, han sido utilizados en los cuatro años
recientes para financiar tanto promociones políticas personales como muy
dudosas fórmulas de presunta asistencia humanitaria. Todo ello, mediante la
Junta de Asistencia Privada que presidía Víctor García Lizama, un político
yucateco que entre sus principales cargos cuenta el haber sido secretario
general del breve gobierno del general Graciliano Alpuche Pinzón, y director
general de Aduanas. Quienes lo conocen lo ubican, ideológicamente, a la
derecha, y muy cercano a segmentos del catolicismo tradicional. En ese y otros
Astilleros de aquellas fechas se describieron algunos de los casos anómalos
encontrados en una pila de expedientes y documentos revisados por esta columna (https://bit.ly/3cStHNJ).
García
Lizama es actualmente asesor jurídico voluntario del patronato de la mencionada
fundación, que además de Somos Hermanos (https://bit.ly/3e8ztv1) tuvo el portal
informativo Anunciación. En cuanto al presidente, Hernández Carranza, en su
ficha de Linkedin señala ser fundador de México de Diez, presidente y fundador
de la asociación civil Premio Nacional de Salud y ser Director General de LLOYD
INTERNATIONAL, SC, casa de Certificación de prestigio internacional. Además,
detalla las comisiones que presidió en la Coparmex (https://bit.ly/2z8jaQ5).
Ayer se
reportó la cifra más alta en fallecimientos por Covid-19, conforme a los
registros día a día que dan las autoridades de la Secretaría de Salud. Fueron
424 muertes. Al tiempo que continúa la escalada fúnebre, los gobiernos federal,
capitalino y de varios estados exploran las posibilidades de retornos parciales
a la actividad productiva en varios rubros, no sólo los considerados
esenciales.
Difícil
resulta conciliar la legítima protección sanitaria colectiva con la pragmática
necesidad de evitar la profundización de una crisis económica que está a la
vista. El relajamiento de las medidas de prevención está siendo impulsado en
cuanto voces autorizadas hablan ya de fechas para desescalar progresivamente
las contenciones hasta ahora fatigosamente aceptadas y ejecutadas no por todos.
En paralelo, el desempleo, el cierre de empresas y el previsto mayor
empobrecimiento general obligan a calcular acciones arriesgadas en términos de
salud, pero considerables en términos económicos. Ese es el dilema.
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