Salvador
Camarena.
Lo ocurrido
en los últimos días en Jalisco no obedece a una conspiración, ni a factores que
se salieron de control. La causa de la crisis jalisciense por graves abusos
policiales está en el origen, en la esencia de un sistema político-policiaco que
no ha querido resolver añejas condiciones que no sólo son disfuncionales para
una democracia, sino que atentan contra ésta.
La mecha de
este incendio prendió por un asesinato a manos de policías de Ixtlahuacán de
los Membrillos, pero tan aberrante homicidio, propio de dictaduras, pudo haber
ocurrido lo mismo en la zona de Los Altos, que en la Costa o en el rumbo del
ingenio de Tala, es decir, en cualquier parte de Jalisco.
Porque las
policías municipales están podridas. Y la discusión del mando único o de
esquemas de profesionalización policial, ha generado décadas de foros y miles
de páginas en propuestas, pero nulo aterrizaje en una realidad en la que un
puñado de casos excepcionales son, precisamente, confirmación de la regla del
desastre policiaco nacional, y jalisciense.
Ese es el
primer elemento de las condiciones preexistentes que llevan a un gobierno,
tarde que temprano, a una crisis mayor como la que hoy vive Jalisco.
La segunda
variable de esa profecía sin escapatoria es la impunidad. El asesinato policial
de Giovanni López no fue investigado por las autoridades municipales, pero
tampoco por la fiscalía jalisciense. Así, cuando semanas más tarde el video de
la injustificable detención irrumpe en la opinión pública (de forma fortuita o
malintencionada), las autoridades estatales son, ni más ni menos, cómplices de
un grave delito.
Y sí, ahí ya
aplica aquello de fue el Estado. Que una policía municipal asesine, malísimo,
pero que el fiscal estatal solape, deja a la ciudadanía con una sola
certidumbre: no sólo estamos solos, sino que el Estado está contra los
ciudadanos.
La tercera
condición del desastre inescapable es el victimismo de la autoridad, que en
este caso no sólo comienza con el gobernador, sino que precisamente gracias a
Enrique Alfaro es posible explicar, que no entender, la violencia de los
policías a la hora de reprimir a jóvenes.
A pesar de
que no le ha funcionado en varios episodios polémicos de su aún joven
administración, Alfaro no ha entendido que declarar frustración o manifestar
enojo está lejos de representar hoy un valor en el mercado del liderazgo.
Sus
declaraciones altisonantes, o habría que decir sus “desplantes” mediáticos, lo
muestran como alguien carente del control que tanto se requiere de un líder,
precisamente, en momentos de alta volatilidad. Peor aún: un jefe que no se
contiene envía a sus subalternos el mensaje de que no serán mal vistos aquellos
que se dejen gobernar por sus emociones.
Un cuarto
elemento de este coctel que no tenía más que la opción de explotar es la
incapacidad mostrada por el gobierno para poner de inmediato en el centro de su
actuar la empatía con ciudadanas y ciudadanos trastocados por la indignación.
En vez de ello, y sobre todo si hay indicios creíbles de que la crisis es
espoleada por adversarios interesados en desestabilizar a un adversario de
peso, el mandatario no sólo no se puso del lado de la ciudadanía, si no que de
manera injustificable descuidó el actuar de sus policías.
Finalmente,
pero no menor: el peso del crimen organizado en una entidad como Jalisco no
está ausente del origen de la corrupción policial y la impunidad de las
fiscalías.
Hace justo
tres meses, Jalisco parecía encontrar el inicio de una fórmula para no ceder al
autoritarismo frente a manifestaciones. En las jornadas de reclamos de las
mujeres por inaceptables condiciones de desigualdad, agresiones y asesinatos en
su contra, miles de tapatías se manifestaron y la autoridad supo, en términos
generales, hacerse a un lado.
Noventa días
después las escenas del fin de semana nos han regresado a los peores momentos
de gobiernos pri-panistas en el estado. La sociedad mexicana no se puede dar el
lujo de revivir Atencos a la primera provocación.
Al igual que
cuando Marcelo Ebrard tuvo que enfrentar el desastre policiaco de sus elementos
en el News Divine (2008), si Enrique Alfaro quiere que esta crisis no sepulte
su gobierno debe con prontitud destituir a todos los responsables de las
represiones de estos días pero también a los de las omisiones en la
investigación del asesinato de Ixtlahuacán; erradicar esa propensión
victimista, y reconfigurar su administración, comenzando por las policías
propias –y con su fuerza en el congreso estatal a las que no le responden–, de
forma tal que la garantía de no repetición sea más que un anhelo de buenas
intenciones. De lo contrario lo único que ocurrirá, más pronto que tarde, es
una nueva crisis, pues si las condiciones preexistentes no cambian, la resultante
tampoco.
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