Por Gloria
Reza M.
A 19
meses de que el gobernador ENRIQUE ALFARO anunciara que se invertirían 3 mil
418 millones de pesos en el saneamiento del río Santiago, y a casi medio año
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas
cautelares a los vecinos de la cuenca, en el sito es evidente la gran
contaminación.
En un
video que grabó el pasado domingo 19 de julio el activista ambiental Enrique Lira,
junto a la cascada de El Salto-Juanacatlán se observa la espuma que arrastra el
río alcanzando los tres metros de altura.
Durante la
grabación, el activista menciona que el agua contaminada proviene de las
industrias, rastros, tequileras y talleres de maquila, y en menor medida de las
viviendas.
Hace 11
años, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una macro recomendación para
implementar acciones que reviertan los niveles de contaminación del afluente.
Al gobierno del estado, el organismo le planteó 100 puntos, pero solo aceptó
43, y a más de una década, reportó avances en 37.
Al
anunciarse que habría una nueva macro recomendación, el mandatario
jalisciense se molestó e invitó a la CEDHJ a realizar una “macro excursión” en
febrero pasado. El recorrido consistió en visitar la renovación de 19 plantas
de tratamiento, mostrar la construcción de un colector en la Cuenca del
Ahogado, y el anuncio de un programa de rehabilitación de rastros.
El 7 de
febrero pasado, la CIDH emitió la resolución 7/2020 en la que otorga medidas
cautelares a los pobladores de las zonas aledañas a la cuenca.
El organismo
internacional mencionó que el Estado le informó que la principal política
pública para sanear el río consiste en implementar plantas de tratamiento de
aguas residuales, lo cual “no es idónea” para reducir la contaminación producida
por residuos industriales que se encuentran en el agua.
La CIDH
también mencionó que el Estado de México tiene “la obligación de mitigar el
daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de
acciones preventivas o si se desconoce cuál es el origen de la contaminación,
utilizando la mejor tecnología y ciencia disponible”.
La CIDH, en
la medida cautelar 708-19, dentro del apartado V, se estableció que el
gobierno de México tendría que informar en un plazo de “15 días contados a
partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las
medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma
periódica”. Sin embargo, no ha dado una respuesta concreta, asevera Enrique
Lira.
La reportera
envió un correo a la CIDH en marzo para conocer la respuesta del Estado,
pero nunca se respondió a la solicitud.
Por otro
lado, el activista refirió que, el próximo 31 de agosto, el Organismo de
Cuenca Lerma Santiago Pacífico firmará un acuerdo de coordinación con los tres
niveles de gobierno y las empresas establecidas en el río, para que reciban un
subsidio para construir en lo individual una planta de tratamiento.
Con ello,
antes de mayo de 2021 se reutilizarían sus aguas residuales y ya no habría
escasez en los acuíferos.
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