La reforma más importante del sexenio.

Enrique Quintana.

Ayer se anunció la reforma –hasta ahora– más importante del sexenio en materia económica.

Se trata de la que cambia el sistema de pensiones para quienes forman una parte importante del sector formal de la economía, es decir, los afiliados al IMSS.

Es positiva porque revierte los temores, derivados de los dichos de AMLO o hasta de la iniciativa del diputado de Morena, Edelmiro Santos, que pretendía eliminar las Afore y dejar una sola administradora de pensiones en el Banco del Bienestar.

El diagnóstico que se hacía era que el sistema establecido en 1997 requería un giro de 180 grados, eliminando el concepto del ahorro individual y de su administración por empresas privadas.

La solución que ayer se presentó, fraguada por el sector privado y vendida hábilmente al presidente López Obrador, fue cambiar el diagnóstico y corregirlo. Se consideró correctamente que la razón de que las pensiones de quienes se van a retirar por el sistema de las Afore se proyecten en niveles tan bajos es porque el ahorro obligatorio también lo es.

Pero, en lugar de demandar directamente que el gobierno pusiera más recursos, se propuso que los pusiera el sector privado a través de un alza gradual de la cuota patronal para el ahorro obligatorio.

No se planteará en esos términos, pero se trata de la primera reforma fiscal de esta administración.

Hoy, el sector privado aporta para la Afore 5.15 por ciento del salario del trabajador. Es decir, si, por ejemplo, hay quien tiene un salario base de cotización al IMSS de 10 mil pesos mensuales, hay una aportación patronal de 515 pesos.

En ocho años, es decir, en 2029, si la reforma se aprueba para entrar en vigor en enero, esa aportación subiría al 13.87 por ciento y sería de mil 387 pesos.

También implicará un gasto público adicional por el hecho de que el gobierno otorgará la pensión mínima garantizada, que hoy equivale a 3 mil 289 pesos mensuales, a quienes hayan aportado al IMSS durante 750 semanas y no mil 250, como es la regla hasta ahora.

Hacienda precisó ayer que el impacto fiscal de este cambio será neutro debido a que la cuota gubernamental se concentrará en los niveles salariales más bajos. Habrá que revisar las cifras con detalle.

El resultado será positivo. La tasa de reemplazo (porcentaje de la pensión respecto al último salario) para el trabajador con ingreso mensual promedio (equivalente hoy a 4.5 UMA, aproximadamente 12 mil pesos) pasará del 35 por ciento actual a 58 por ciento.

¿Es esta reforma la solución final para el problema de las pensiones?

No, desde luego.

Las tasas de reemplazo mejoran sustancialmente, pero siguen sin garantizar los ingresos necesarios para una pensión digna. La solución ahora es que haya un incremento sostenido del nivel real de los salarios en los siguientes años.

El otro problema es que sigue excluida del esquema más de la mitad de la fuerza laboral del país, que se encuentra con un trabajo informal.

Pero, que no quede duda, se trata de la mejor reforma que se haya anunciado en este sexenio y que seguramente López Obrador avaló plenamente porque el costo principal corresponde al sector privado.

La señal para los mercados financieros va a ser muy positiva porque implica una posición más flexible del gobierno actual. Y, sobre todo, se habrá dejado de lado –por lo pronto– el temor de que el gobierno quisiera echar mano de los recursos de las Afore para financiar sus programas sociales y proyectos de inversión, ante el riesgo de una insuficiencia de recursos tributarios.

Habrá la percepción de que más allá de su visión ideológica, AMLO es capaz de avalar propuestas sensatas.

¿Será la única o podrá haber más?