Raymundo
Riva Palacio.
El pacto
entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto para no perseguirlo,
comenzó a disolverse. La Fiscalía General de la República abrió sus cartas y
empezó a investigar al expresidente y a su familia. Hizo lo mismo también con
el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con
su familia.
La pandemia
de Covid-19 y la crisis económica deben haberle mostrado que requiere oxígeno
para que no se colapse su proyecto político-electoral rumbo a las elecciones
federales del próximo año, y necesita renovar su retórica anticorrupción al más
alto nivel. Y qué mejor que su antecesor.
La Fiscalía
General ha buscado ocultar las investigaciones, que recaen en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF),
que sin embargo no la canalizó a través de la Unidad sobre Delitos Cometidos
por Servidores, sino por la que se especializa en delitos de Ambiente y
Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE).
El
responsable de la SEIDF es Juan Ramos, quien tiene una larga experiencia en el
área de seguridad pública y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador
y subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Gertz
Manero, también su jefe actual.
Son
varias las carpetas de investigación abiertas sobre Peña Nieto y Videgaray, que
tienen que ver con sus propiedades. Una de ellas, la
FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/00003241/2020, rastreó sus propiedades en el Estado de
México. Peña Nieto, que es oriundo del estado donde mantiene su residencia,
tiene propiedades en varias partes de la entidad, una parte de ellas previas a
que fuera incluso gobernador.
Videgaray,
que trabajó en el Estado de México desde 2005, aproximadamente, antes de ser
diputado y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco,
que en el momento en que se supo de ella, por el involucramiento del Grupo Higa
en la transacción inmobiliaria, desencadenó un escándalo.
Otra
carpeta de investigación, la FED/SEIDF/UEIDAPLE-CDMX/0000329/2020, en donde se
incluye en la averiguación a su exesposa Angélica Rivera y a los cuatro hijos
producto de su primer matrimonio con Mónica Pretelin, quien falleció antes de
que llegara a la Presidencia, busca detectar si sirvieron como prestanombres en
la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de
empresas o protocolización de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó
a Videgaray, a su exesposa y a sus tres hijos, con el mismo propósito.
Las
investigaciones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia
no aparecen empresas en donde se tenga sospecha de que haya estado involucrado,
o que se hubieran prestado para operaciones opacas.
En la
abierta sobre Peña Nieto y su familia hay ocho empresas donde la Fiscalía
General quiere determinar si es o son propietarios, o qué tipo de uso le dieron
a algunas de las empresas.
Por ejemplo,
una que llama la atención en donde se busca si tiene vinculación, es
Interacción Biomédica, que fue proveedora de varias instituciones en el Estado
de México aún después, incluso, que apareciera en 2017 en la lista del SAT como
una 'empresa fantasma'.
Hay otras
dos empresas, Grupo Higa, que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria
en la adquisición de la famosa 'casa blanca' de la señora Rivera, y Aeronaves
Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa, un
empresario nacido en Sinaloa pero que construyó sus empresas y fortuna en el
Estado de México, años antes de que Peña Nieto fuera gobernador.
La
investigación sobre las propiedades o posibles propiedades de Videgaray y de su
familia se limitan al Estado de México, a diferencia de Peña Nieto y su
familia, a quienes también están buscando en Morelos. En el caso de esta
entidad, se involucró a la Agencia de Investigación Criminal, que ha estado
participando en la búsqueda de esas propiedades, de acuerdo con la carpeta
iniciada en mayo, la FGR/CMI/AIC/PFM/DGIPAM/10674/2020, a diferencia de las
anteriores, que se abrieron en marzo.
Las
carpetas iniciadas contra Peña Nieto reflejan el final del pacto informal de
inmunidad que se fue trabajando dos meses antes de la elección presidencial en
2018, a cambio que el expresidente no interfiriera en la campaña ni en el
proceso. En varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha
reconocido a Peña Nieto por haber sacado las manos de la elección, y en privado
expresa tener simpatía por él. Numerosas ocasiones que le ha preguntado la
prensa si va a actuar judicialmente contra él, López Obrador ha respondido con
evasivas.
El
blindaje a Peña Nieto le generó muchos problemas a López Obrador con el ala
radical de su movimiento, por la frivolidad pública con la que se comportaba el
expresidente, por lo que en junio del año pasado le mandaron decir que sería
conveniente que saliera del país con discreción y que se mantuviera alejado de
los reflectores públicos. Gradualmente así lo hizo Peña Nieto, quien tiene como
base a Madrid, donde lo visitan regularmente sus hijos.
Ese estatus
ya cambió. La investigación contra el expresidente se inició y la Fiscalía
está acumulando documentación que podrá utilizar en el proceso contra el
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que acordó con Gertz Manero hablar de la
corrupción de ambos. Ese caso, con las imputaciones a políticos que aceptó
hacer, se empalmará con el proceso electoral del próximo año, donde Morena se
juega su mayoría en la Cámara de Diputados. Ante la crisis económica derivada
de la pandemia, López Obrador necesita un tema sobre el cual hable la gente y
refuerce, al mismo tiempo, su cruzada contra la corrupción, que tantos réditos
le dio en 2018, para seguir ganando elecciones.
Nota: En la
columna anterior, se mencionó a José Antonio González Anaya como cuñado del
expresidente Carlos Salinas. El parentesco correcto es concuño.
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