Julio Astillero.
El
Presidente de la República daba un mensaje en Palacio Nacional en conmemoración
de que dos años atrás había obtenido un arrollador triunfo electoral, mientras
en Irapuato 24 jóvenes eran asesinados por un comando armado y siete más
quedaban heridos.
Coincidencia
o intencionalidad, el mensaje guanajuatense contrastaba con el dado en la
Ciudad de México, donde el político tabasqueño que gobierna al país pasaba
revista a las grandes líneas del ejercicio político que ha cumplido de manera
formal durante un año y siete meses, tomando como referencia que recibió la
banda presidencial el 1º de diciembre de 2018, pero que ha desarrollado
informalmente durante dos años, pues a los dos días siguientes de su triunfo
electoral, ante el virtual mutis temprano de Enrique Peña Nieto, inició el
hiperactivismo expansivo que mantiene hasta la fecha.
Además de
reivindicar su política de asistencialismo social, y de respeto a las
libertades aun cuando este sería el presidente de México más insultado, Andrés
Manuel López Obrador insistió en el manejo de variables estadísticas que
significarían que la violencia en México no es tan grave como muchos consideran
y detalló su polémica autoasignación del papel de guardián de la democracia
ante los riesgos de nuevos fraudes en las elecciones intermedias del año
próximo.
En
Irapuato, mientras tanto, el ataque a un centro de rehabilitación en la
comunidad de Arandas, con las imágenes de jóvenes boca abajo, sobre colchonetas
y cobijas, con disparos mortales sobre sus cuerpos, agravaba la percepción de
que en Guanajuato la violencia criminal ha rebasado a las autoridades locales y
hace urgente el apoyo o la intervención de las fuerzas federales.
Lo cierto
es que esa entidad ha sido escenario, no sólo recientemente, de un intenso
forcejeo político, administrativo y judicial a causa del alto número de delitos
graves que se cometen y de un cada vez más tenso desacuerdo entre visiones e
intereses locales y nacionales, lo cual ha tenido una visibilidad mayor a raíz
de la detención (y posterior liberación) de personas relacionadas con el líder
del cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, apodado El Marro.
Desde
septiembre de 1991 Guanajuato ha sido gobernado de manera ininterrumpida por
panistas. Inició el desfile Carlos Medina Plascencia, gracias a un acuerdo del
Partido Acción Nacional con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari,
que desplazó a quien había sido declarado oficialmente como ganador electoral,
el delamadridista Ramón Aguirre, quien fue convencido por Los Pinos para que no
se presentara a asumir el cargo.
Luego
gobernarían Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta, Juan Carlos Romero Hicks,
Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana (unos meses), Miguel Márquez Márquez
y el actual, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Guanajuato fue, por lo demás, el único estado donde
López Obrador no ganó en 2018.
La
descoordinación entre gobiernos y las abiertas acusaciones del fiscal General
de la República, Alejandro Gertz Manero, contra el de Guanajuato, Carlos
Zamarripa Aguirre, por el manejo de la detención y consignación de familiares
de El Marro, entre ellos su madre, tiene como telón de fondo un inocultable
aumento preocupante del número de homicidios y hechos relacionados con el
crimen organizado. El fiscal Zamarripa lo ha sido (antes, bajo la designación
de procurador) durante 11 años y el Congreso local, dominado por el PAN, lo
habilitó para que siga hasta 2028. El secretario de Seguridad Pública, Alvar
Cabeza de Vaca, lleva ocho años en el puesto.
Baja
California puso fin a casi 30 años de gobiernos panistas iniciados con Ernesto
Ruffo Appel gracias a otro arreglo entre Acción Nacional con Salinas de Gortari
en 1989. El cambio no resultó mejor con Morena, pues Jaime Bonilla Valdez
resultó un enfático productor de torpezas. El resultado electoral de lo que hoy
se vive en Guanajuato se verá el año próximo en cargos legislativos federales y
estatales y en presidencias municipales.
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