Por Rosalía
Vergara.
La razón
por la cual se ha tratado de manera diferente a Emilio Lozoya, acusado por la
corrupción internacional en los casos Odebrecht y Agronitrogenados y quien está
en arresto domiciliario, y Rosario Robles, quien está presa en el penal de
Santa Martha Acatitla por la Estafa Maestra, es porque el primero está
cooperando con la justicia mexicana y la segunda no, consideró el Fiscal General de la
República, Alejandro Getz Manero.
“Es muy
sencillo. Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una
denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de
alrededor de 400 millones de pesos.
“Él lo
está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no se está pidiendo eso
y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor
parte o una parte de las instituciones públicas de educación superior del
país”, señaló el fiscal
en una videoconferencia titulada: “El caso Lozoya. Un diálogo con Alejandro
Gertz Manero”, moderada por Sergio Aguayo.
Tras dar
esta explicación, exclamó: “¡Por favor! ¡Por favor! Es decir, la
jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado mexicano
para poder descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra que no solamente dañó
con miles de millones de pesos, sino con una conducta reiterada en donde se
involucraron a las instituciones que para nosotros son fundamentales, las instituciones
de educación superior.
“Que
hayan sido usadas para una situación de esa naturaleza y que tengamos 27 casos
con decenas de personas procesadas y gente que ha huido ya teniendo sentencias
o toda clase de procedimientos probados”.
En ese
sentido, defendió el criterio de oportunidad brindado al exdirector de
Petróleos Mexicanos (Pemex) para llegar al fondo en la investigación de los
sobornos obtenidos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
“Por
supuesto que en todos estos criterios de oportunidad hay que manejarlos con
transparencia porque dado, como dirían los clásicos, el sospechosísmo que hay
en este país sobre todas las conductas del poder público, dicen: ‘a lo mejor lo
están protegiendo’. ¡Cómo lo vamos a proteger! ¡Al contrario! Es decir, nosotros
hemos ganado procesalmente lo que nos hubiéramos tardado seis u ocho meses en
ganar. ¡Ya lo tenemos ganado!”, indicó.
Al hacer
una relatoría de los hechos que llevaron a la extradición de quien el fiscal
llama Emilio “L”, narró que fue él quien solicitó someterse a las autoridades y
leyes mexicanas, pues habían ganado en todas las instancias y estaba en el
criterio de súplica ante las autoridades españolas, la cual irremediablemente
iba a ganar la FGR, comentó.
“Entonces
viene aquí, hace esta oferta jurídica en el sentido de que él no es el
responsable de todo este entramado de corrupción a nivel de América Latina –en
el caso Odebrecht-.
“Hay
presidentes que se suicidaron, que están en la cárcel y en México no pasaba
nada. Entonces si nosotros podemos llegar a ese fondo el valor que tiene para
el Estado el hecho de no ser excepción de corrupción y la ley nos autoriza
generar cualquier tipo de procedimiento para resolver un asunto de Estado como
este”, añadió.
Ante la
pregunta sobre si podría huir del país, Gertz Manero comentó que Emilio “L”
tiene un aparato en la pierna que está siendo monitoreado en tiempo real y
entregó su pasaporte.
“No hay
manera de que se vaya e incluso ha presentado una denuncia y ni modo que
presente una denuncia y se vaya, no tendría ningún sentido”, destacó, tras rechazar que esto
signifique que está recibiendo privilegios.
EL DEBIDO
PROCESO.
A manera de
introducción en el caso Lozoya, Gertz Manero contó que todo comenzó en 2017
con el caso Odebrecht que llevaba la entonces Procuraduría General de la
República (PGR) después de un escándalo generado en Estados Unidos que afectaba
a toda América Latina por un proyecto matriz que hizo esta empresa brasileña
para cooptar, corromper o usar la corrupción prexistente en los países para
hacer negocios ilícitos.
“Hay que
dejarlo muy claro que no es que naciera aquí, nació en Estados Unidos y se
abrió ese nicho de información en la que salieron temas en lo que los
funcionarios de Odebrecht habían señalado entre otros muchos países y entre
otras muchas personas a funcionarios mexicanos”, señaló.
En razón de
eso, dijo que el gobierno anterior no tuvo más remedio que abrir una
investigación, en 2017, pero el asunto no caminaba, pese a que se tomaban
declaraciones, iban los ministerios públicos a Brasil, pero se establecían
convenios con Odebrecht para que dijeran algunas cosas, pero finalmente el
asunto nunca se acababa de resolver.
Cuando se
realiza el cambio de PGR a FGR se retoma este asunto porque “tenía ya todo un
antecedente muy serio muy grave y había una serie de ocultamientos que ya no
era posible sostener”, ante lo cual pidió a los funcionarios salientes que le
entregaran los expedientes sobre lo hecho durante estos años al respecto y, a
principios de 2019, Pemex interpuso varias denuncias, una por Agronitrogenados
que había comprado Pemex a Altos Hornos en condiciones deplorables y a precios
exorbitantes.
“Esa era
una denuncia vinculada con muchos hechos que eran coincidentes con lo que se
había dicho en el de Odebrecht, una serie de conductas posiblemente ilegales
que estaban siendo como entreveradas en uno y en otro y comenzamos a hacer todo
el trabajo de investigación”, contó.
Pemex
proporcionó los datos que eran “clarísimos” para demostrar el tráfico de
influencias, privilegios injustos y descubrieron que el caso estaba relacionado
con datos de Odebrecht, con lo cual se empezó a armar el dominó de toda esa
información que les permitió, hace más de un año, consignar los dos casos,
tanto el de Odebrecht como el de Emilio “L” y del otro individuo que está en
España, sujeto ya a una orden de aprehensión, a un proceso de extradición que
lo hemos ido ganando hasta este momento.
Aunque no
dijo su nombre de manera abierta, el fiscal se refería al dueño de Altos
Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, detenido el 28 de mayo de
2019 en Mallorca, España, relacionado a la transferencia de 3.7 millones de
dólares a una empresa fantasma supuestamente creada por Odebrecht para pagar
sobornos.
“Este es
el panorama de cómo hicimos este trabajo y como se desarrolló. Tuvimos muchos
problemas, hubo filtraciones, esta gente se fue de México. Anduvimos durante un
año siguiéndolos. Trabajamos con Interpol, con los policías de varios países y
cuando trabajamos con la policía española nos fue mucho muy bien, hicieron una
actuación impecable y logramos obtener, ahí si ya, la aprehensión de estos dos
individuos y el seguimiento del caso del que hablé ayer (Lozoya) y ganamos
todo, todas las instancias de extradición ante todas las cortes españolas”, detalló.
Por eso, en
el último momento, Emilio “L” hizo una serie de declaraciones en el sentido de
que él iba aportar e iba a dar la información de lo que realmente había pasado
en el caso Odebrecht y que él dice que eso lo excluye a él de ciertas
responsabilidades.
“Eso lo
vamos a ver, vamos a ver qué pruebas presenta y cómo se van a manejar. No son
los únicos casos y claro que vamos a seguir”, advirtió.
Comentó
que en el caso Lozoya, quien está sujeto a un proceso penal, pero hizo una
declaración formal sobre que aportará datos suficientes para una investigación
que tiene toda esta historia tan negra de ocultamientos, “la ley le permite al
Ministerio Público dar facilidades para obtener la información”, reiteró Gertz Manero
No obstante,
aclaró que esto no significa que se le haya quitado responsabilidad o se le
haya dado facilidades dentro del marco legal para llevar su juicio de esta
manera.
“Yo no
creo que sea justo para este país que las cosas lleguen hasta chivos
expiatorios o en operadores porque eso no es lo que da la justicia. No se trata
más que de llegar al fondo y la verdad de lo que verdaderamente ocurrió y si
esto es lo que este señor está diciendo, en el sentido de que es un verdadero
complot, y es una concertación que viene desde el Estado y desde el poder, eso
tiene una importancia para la vida de este país que no lo podemos devaluar.
“Pero no
se le ha dado ningún beneficio procesal que no tenga ese sentido y el
procedimiento sigue y se tiene que defender, y tiene los meses que ya le dio el
juez para poder hacer esta tarea”, expresó.
Al ser
cuestionado sobre si es posible una investigación al expresidente Enrique Peña
Nieto, Gertz Manero respondió:
“van a ser investigados todos los que han sido denunciados, en el caso de que
las pruebas que están presentando ameriten que existen la posibilidad real de
una conducta ilícita”.
En cuanto a
las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la
posibilidad de consultar a la ciudadanía para ver si se investiga o no a
expresidentes que hayan cometido algún ilícito, Gertz Manero aclaró:
“El
presidente no tiene ninguna vinculación jurídica ni de jerarquía con la FGR. Él
es el jefe del Estado, de gobierno, líder político y hace las declaraciones que
son útiles para su función.
“Antes,
como era un procurador de justicia, el presidente sí formaba parte. El
presidente puede decir lo que considere le conviene, pero que esté formando
parte del Ministerio Público no, para eso se hizo la reforma constitucional” para convertir la PGR en FGR.
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