Julio Astillero.
El
presidente de México ha eludido entrar al fondo de lo planteado por su
secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, respecto a conflictos de interés
de otros altos funcionarios públicos, en particular del empresario Alfonso Romo
y su pieza operativa en la Secretaría de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos.
Hay diferencias y no hay pensamiento único (...) busco armonizar, escuchar a
todos para darle la razón al que la tiene y decido en función de lo que
conviene más, respondió ayer en su conferencia mañanera de prensa.
Aun cuando
no se ha precisado el origen y la intención de la difusión de sus palabras
grabadas, el secretario Toledo terminó colocando en términos políticos y
mediáticos la más fuerte descalificación interna al proceso autodenominado
Cuarta Transformación (4T), con señalamientos que constituyen acusaciones
graves y no solamente una suerte de opiniones diferenciadas o puntos de vista
confrontados. Tratar el tema en el principal escritorio de Palacio Nacional con
ligereza o desdén puede terminar fortaleciendo a los actores y factores
denunciados.
Por lo
demás, las críticas a la manera de manejar los asuntos de gobierno durante el
obradorismo no han quedado sólo en el expediente del mencionado Toledo. La
excepción es Josefa González Blanco, quien dejó la Secretaría del Medio
Ambiente sin protesta alguna. Los siguientes declinantes hicieron pública
mención de los fuertes motivos de sus renuncias: Germán Martínez Cázares
(IMSS), Carlos Urzúa (Hacienda) y Javier Jiménez Espriú (Comunicaciones y
Transportes).
Pero los
conflictos internos en el extendido aparato obradorista de poder van más allá
de los entretelones de Palacio Nacional. Ahora mismo se vive una seca
confrontación en la Cámara de Diputados entre liderazgos de los partidos
Encuentro Social y del Trabajo, con acusaciones del primero en el sentido de
que el segundo ha comprado transferencias de legisladores entre bancadas por
cinco millones de pesos. En Morena, en tanto, avanza el choque entre los grupos
de Bertha Luján Uranga y Alfonso Ramírez Cuéllar contra Yeidckol Polevnsky, con
acusaciones penales, mercantiles y civiles de por medio.
De todo hay:
el fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, en constante choque con el director
de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo; situación
parecida, aunque menos explícita, entre la secretaria de Energía, Rocío Nahle,
y el director de Pemex, Octavio Romero, y los gobernadores Adán Augusto López
Hernández (Tabasco), Miguel Barbosa (Puebla) y Jaime Bonilla (Baja California)
contra el subsecretario Hugo López-Gatell.
Hasta actos
escenográficos con aspiración de aplausos políticos han recibido rechazo de
parte de aliados: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no
ha ahorrado descalificaciones a la ceremonia de poderosos concesionarios de
televisión privada que transmitirán programas educativos supletorios de los
presenciales por razones pandémicas.
Gibrán
Ramírez, doctor en Ciencias Políticas que ocupa un cargo interamericano
relacionado con la seguridad social, conduce un programa sobre política en
Canal Once y ha participado en foros de televisión privada con posturas de
apoyo a la llamada 4T, pero manteniendo un tono crítico, ha señalado que el
anuncio de una iniciativa para reformas legales en materia de pensiones ha sido
un engaño a las aspiraciones del movimiento obradorista y al propio Presidente
de la República, por parte de segmentos neoliberales que dominan la Secretaría
de Hacienda, con Arturo Herrera como responsable (https://bit.ly/31Gqs7V).
Así que,
como puede verse, el episodio del secretario ambiental Toledo no es aislado ni
intrascendente. Es necesaria la autocrítica. A cuatro meses de agotar su primer
tercio presidencial, el avezado político López Obrador requiere revisar y
corregir, para salvar a la mencionada 4T de una disfuncionalidad que ya hace
ruido.
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