Por Pedro
Matías.
A petición
de la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol emitió una ficha
roja para buscar y detener al exprocurador de justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás
Martínez, y al excomandante de la policía judicial Pedro Hernández Hernández,
quienes se encuentran prófugos por su participación en la desaparición forzada
de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos saludó con
beneplácito la emisión de la ficha roja de la Interpol para detener a los
excolaboradores del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por la desaparición
forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cometida el 25
de mayo de 2007 en Oaxaca.
El Comité
Hasta Encontrarlos informó que al estar enterados de que el exprocurador
Evencio Nicolás Martínez y el expolicía Pedro Hernández Hernández aún no han
sido, solicitaron a la Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas
Desaparecidas de la FGR que solicitara a Interpol la ficha roja.
Tras ello,
la agente del Ministerio Público de la Federación que lleva el caso confirmó
que la ficha ya fue girada, así como también la notificación a migración para
la localización y detención de estas dos personas que actualmente se encuentran
prófugas.
Reiteraron
que es necesario llevar a comparecer a todos los involucrados en la comisión
material e intelectual de este crimen de Estado y de lesa humanidad, donde
además están involucrados altos mandos del Ejército y de la Marina, así como
también el exgobernador Ulises Ruíz y el expresidente Felipe Calderón.
Esta
ficha roja es para terminar de cumplir con las 10 órdenes de aprehensión que se
emitieron el pasado 7 de agosto, tras las cuales fueron detenidos ocho
policías, incluyendo el exdirector de la policía judicial Daniel Camarena
Flores.
Exhortaron
“a la MP a continuar para que la investigación y la sanción no se reduzca sólo
a las 10 órdenes que existen, dado que la desaparición forzada es un crimen de
lesa humanidad y la sanción va más allá del ámbito local o estatal. Por lo que
se tendrá que investigar y juzgar a todos los involucrados que planearon este
crimen de Estado, a todos aquellos que ejecutaron y participaron en la comisión
de éste y a los facilitadores, encubridores (como Enrique Peña Nieto) y los
beneficiarios”.
Agregaron
que, aunque los responsables de la desaparición forzada de Gabriel Alberto y
Edmundo se enfrentan a un proceso jurídico, tanto los ocho detenidos como los
dos prófugos de la justicia tienen abogados que los defienden e incluso el
exprocurador prófugo ha interpuesto un amparo contra la detención.
Sin embargo,
“nadie los ha detenido arbitrariamente, nadie los ha torturado, nadie los ha
detenido, desaparecido, (al contrario), enfrentan un proceso penal con todas
las garantías de la ley. Mismos derechos humanos elementales que ellos como
autoridades, como agentes del Estado, como servidores públicos le negaron a
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes siguen siendo
víctimas del terrorismo de Estado”.
Finalmente siguieron
exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dictamine una
sentencia a favor de sus familiares y de todas las víctimas de desaparición forzada
en el país.
El pasado 7
de agosto, un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra del
exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y del exdirector de la Policía
Judicial, Daniel Camarena Flores, así como de dos comandantes y cuatro elementos
en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones por su presunta
participación en la desaparición de los integrantes del EPR.
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