Transparentar la deuda.

Las tres calificadoras más importantes a nivel mundial —Moody´s, Standard & Poors y Fitch— han mencionado en repetidas ocasiones la importancia de cuidar las finanzas públicas del país. En particular han llamado la atención por el incremento de la deuda pública federal. El salto en la deuda pública, como porcentaje del PIB, se dio entre 2007 y 2008. Cerramos 2007 con una deuda que representaba 21 por ciento del PIB. Al terminar 2008, año de la crisis financiera, ya era 30 por ciento.

La administración actual empezó con una deuda que equivalía a 33 por ciento del PIB. Al cierre de 2016 la deuda ya representaba 47.9 por ciento. Un incremento de casi 15 puntos en sólo cuatro años. Sí, han sido años complicados: la recuperación de la crisis financiera ha sido lenta, el precio del petróleo —considerando que nuestras finanzas públicas estaban petrolizadas— se desplomó, una baja demanda global, la depreciación del peso que aumenta el valor de la deuda emitida en dólares, pero, a pesar de esas circunstancias, no hay una razón estructuralmente sólida que explique ese incremento.

A las llamadas de atención de las calificadoras, de analistas, de organizaciones no gubernamentales e incluso del Banco Central, la respuesta era la misma: las finanzas públicas estaban en orden, se harían recortes, habría austeridad y no habría mayor problema.

Si el país se está endeudado a esa velocidad es indispensable saber para qué. Es diferente endeudarse para financiar un proyecto de infraestructura, que para pagar los intereses de la deuda previamente adquirida o para pagar las pensiones que crecen peligrosamente. Conocer el destino de la deuda sería fundamental para poder evaluar su viabilidad.

A nivel estatal hay otros problemas. Hoy es imposible saber el monto total que adeuda un estado. Debería de ser un dato claro y transparente, pero no lo es. Las entidades federativas reportan a la Secretaría de Hacienda la deuda colocada en mercados y a través de intermediarios financieros, pero eso es sólo una parte de la deuda total que tienen los estados. Las entidades pueden contraer deuda con proveedores, con trabajadores, con fondos de pensiones. También pueden transferir la deuda a fideicomisos de manejo privado de tal forma que jamás se sabrá el monto o el uso de los recursos.

Los estados más endeudados, por monto, son la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. Pero como proporción de su respectivo PIB son Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila y Chiapas. En ocasiones, más que los montos e incluso los porcentajes, es relevante analizar el momento de los incrementos. Por ejemplo, entre 2010 y 2011 la deuda de Coahuila se incrementó 341 por ciento. En ese momento Coahuila vivía un cambio de administración, mismo proceso que sucederá este año. En esos mismos años, la deuda de Zacatecas creció 443 por ciento.

En términos absolutos Veracruz es el cuarto estado más endeudado. Como porcentaje de su producción ocupa la novena posición. Vale la pena ver el momento en el que su deuda se incrementa. Entre 2009 y 2010, la deuda del estado crece 130 por ciento y en relación a su PIB pasa de ser de 1.5 a 3.1 por ciento, sólo en un año. El inicio del incremento en la deuda de Veracruz empezó en la administración de Fidel Herrera y no hizo más que continuar en la gubernatura de Javier Duarte. Hoy la deuda veracruzana representa 4.7 por ciento de su producción.

Quintana Roo también está en la lista de los más endeudados. Está en el noveno lugar como monto total y el segundo más endeudado en función a su producción. El gran salto en la deuda de Quintana Roo se dio también entre 2009 y 2010, con un incremento mayor a 168 por ciento. En 2009 representaba 2.1 por ciento del PIB del estado y un año después 5.3. Hoy es de 8.0 por ciento.

Esos datos se refieren únicamente a la deuda que los estados le informan a Hacienda. No podemos saber cuánto es la deuda total de cada estado, lo único que sabemos es que es mayor a la reportada. Y de nuevo, la pregunta relevante es en qué se han usado esos recursos obtenidos a través de la deuda.

No podemos saber el total, ni las condiciones de contratación, ni para qué se usa la deuda. Los estados deberían entregar al mismo tiempo y bajo los mismos estándares contables una descripción precisa de su endeudamiento. Hoy las finanzas públicas de los estados son una caja negra. Es un problema que se debe de resolver con urgencia y no debería de ser muy difícil hacerlo.

Son recursos públicos. El que los estados sean libres y soberanos no los debería de eximir de rendir cuentas.