Después de múltiples señalamientos de
corrupción y abusos políticos y económicos, finalmente Roberto Borge se sumó a
los presuntos delincuentes buscados por la justicia.
En vísperas de las elecciones en el
Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, fuentes del gobierno federal
informaron al diario Reforma que un juez federal liberó orden de aprehensión
contra el ex gobernador de Quintana Roo.
El diario
publicó este sábado la información como nota principal de primera página y precisó que la orden de captura fue emitida
el jueves pasado, por la adquisición con prestanombres de terrenos de ese
estado a precios subvaluados. También por la compra de una empresa de
embarcaciones turísticas en la Riviera Maya. Ambos delitos serían producto de
lavado de dinero.
De acuerdo
con fuentes del gobierno federal, un juez del Estado de México libró el jueves
el mandato de captura contra Borge y otros cuatro presuntos implicados por el
delito de lavado de dinero con base en la carpeta de investigación
UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO.
Además del
ex mandatario, las órdenes de
aprehensión fueron giradas contra Claudia Romanillos Villanueva, ex directora
del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del
Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica
del instituto.
También se ordenó aprehender a María
de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador, y César Celso
González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.
Según los
antecedentes del caso, una de las
vertientes de la acusación es la venta de 24 inmuebles del gobierno local a un
precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del
círculo cercano a Borge y sus familiares.
Se trata de
terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel
rematados entre 2011 y 2014 por el IPAE -en la gestión de Romanillos y Herrera-
y que tienen un valor comercial de 5 mil millones de pesos, según la PGR.
Diez de los inmuebles no eran susceptibles
de venta por tratarse de reservas naturales, y otros cuatro fueron adquiridos
por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador, quien NO fue
consignada en este expediente.
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