Raymundo Riva Palacio.
La reunión entre Enrique Peña Nieto y
Donald Trump en Hamburgo la semana pasada tuvo un resultado totalmente inesperado
y lamentable, anunciado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis
Videgaray, al término del encuentro. Los presidentes acordaron, dijo, negociar
un acuerdo de trabajadores temporales de México para que vayan durante periodos
específicos a apoyar al sector agrícola de Estados Unidos y lo ayuden a
mantener sus niveles de competencia. Frente a la anécdota del “absolutamente”, con lo cual Trump,
en respuesta a una pregunta de la prensa, ratificó su idea de que México pague
por un eventual muro fronterizo, pasó
desapercibida la aberración de tan semejante intención. Un acuerdo de esa
naturaleza revive el nefasto Programa Bracero, que estuvo vigente entre 1942 y
1964.
El spin que le dieron las autoridades
mexicanas al acuerdo es que reconocía la realidad mexicana (¿cuál?, ¿que México
es un país cuyo destino manifiesto es ser el patio de Estados Unidos?), y que era un avance dentro del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con relación a la regulación
del sector laboral, que en Washington quieren que sea renegociado (en el
entendido que este paso no abre las puertas del mercado estadounidense a todos
los que tengan la capacidad y entrenamiento para competir, sino sólo a la mano
de obra intensiva en el sector primario).
En cualquier caso, la visión mexicana es cortoplacista y vergonzosa.
No se sabe aún de quién fue
iniciativa este nuevo programa, pero caben dos interpretaciones: si la idea es
estadounidense, los mexicanos están bailando al ritmo que les impuso Trump;
pero si la idea es mexicana, la ignorancia histórica sobre lo que este tipo de
programa significa, conduce a una subordinación política y el final de la
búsqueda del ideal asimétrico en las relaciones bilaterales. Sin embargo, hay razones para suponer que el planteamiento surgió de los
estadounidenses. Videgaray explicó que la idea salió del déficit de mano de
obra en algunas partes de la economía de Estados Unidos, como el campo y la
industria de la construcción, con lo cual se subrayaba el mejoramiento de
las relaciones bilaterales. De dónde
sacó el canciller esa idea, no se sabe. El acuerdo que quieren estudiar no
incluiría a obreros, sino solamente campesinos.
La analogía con el Programa Bracero
es monumental. Durante los 22 años que funcionó, este programa, conocido como
el Mexican Farm Labor Agreement, firmado en agosto de 1942, permitió que casi
cinco millones de campesinos mexicanos trabajaran en los campos de 22 estados
de la Unión Americana, principalmente en California y Texas. Una vez concluido,
nunca se remplazó. Años más tarde se crearon las visas de trabajo temporal,
conocidas como H2A, para trabajadores en el campo, y H2B, para trabajadores no
agrícolas. Otro programa, el H-1B, conocido como visas de negocios, ha sido
reducido significativamente por Trump.
El programa,
de acuerdo con lo negociado, aseguraba condiciones de vida adecuadas en cuanto
a salud, vivienda y comida, así como un salario mínimo de 30 centavos por hora.
Una parte muy importante en el documento es que los mexicanos no podrían ser
sujetos de ningún tipo de discriminación. Nada
de esto se cumplió. En Texas, los mexicanos fueron tratados como perros en el
transporte público, donde los obligaban a viajar en la misma zona de los
animales, y lejos de asegurarles las condiciones de vida y los salarios, sufrieron
una explotación sistemática que violaban lo suscrito por los dos gobiernos, que
incluía abusos físicos. En California, los orillaron a vivir en cuevas dentro
de los campos de cultivo. Los braceros rara vez se quejaban del maltrato, por
el temor de que se les cancelara la visa.
Por años, el programa fue criticado.
Los gobiernos mexicanos alentaron la expulsión económica de sus campesinos al
ser incapaces de abrir oportunidades en su país, mientras que en Estados Unidos
produjo externalidades, como la caída de los salarios de los campesinos
estadounidenses. La Comisión sobre el Trabajo Migratorio, creada por el
presidente Harry Truman, afirmó en un reporte en 1951 que mientras los sindicatos se oponían a la inmigración mexicana sin
restricciones, los agroindustriales, con respaldos en el Capitolio, querían
garantizar la continuidad de la mano de obra “barata y dócil” mexicana.
El programa
otorgó alrededor de 200 mil visas anuales durante ese periodo y fue utilizado
con otros fines por Washington. El Departamento de Estado lo utilizó como un
mecanismo para frenar el creciente apoyo al Partido Comunista –ilegal en ese
entonces–, y el Pentágono encontró en él un mecanismo de reclutamiento para las
guerras en las que se embarcaba. De esa forma, reclutaron mexicanos para la
Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la de Vietnam. El programa obligaba a los mexicanos a
regresar al término de la vigencia de la visa, sin generar antigüedad ni
derechos, y sólo podía ser utilizado para resolver los déficits laborales, sin
desplazar o remplazar a los trabajadores estadounidenses.
De acuerdo con lo que dijo Videgaray,
para allá van. El lobby agroindustrial ha presionado como ningún otro a Trump
para que fortalezca ese sector durante la renegociación del TLCAN, y uno de sus
impulsores es el senador texano John Cornyn, a quien visitó en su oficina el
canciller mexicano el lunes.
¿Indignidad completa la de los
mexicanos, y desdén por la historia y por los mexicanos? Si se trata de
complacer a Trump y el lobby agroindustrial, este será el primer paso, una
genuflexión ante los ojos de todos los mexicanos.
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