Un año después de la intervención de
Enrique Peña Nieto y su Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
en los 50 municipios con mayor número de homicidios dolosos del país, las
localidades incrementaron en 24.53 por ciento sus registros por este delito.
“Sin duda,
un tema que nos preocupa y ocupa a todas las autoridades es el repunte de
algunos delitos de alto impacto durante los primeros siete meses de este año
2016, en relación con el mismo periodo del año pasado”, dijo Peña Nieto durante
la 40 sesión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada en agosto del año
pasado.
Así, Peña dio instrucciones para
atender los 50 municipios que concentran el 42 por ciento de los homicidios
dolosos, que entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 carpetas de
investigación.
Hoy, con las más recientes cifras
entregadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública se constata que los mismos 50 municipios sumaron 6 mil 113 carpetas de
investigación.
¿Qué salió
mal?
“Es prácticamente imposible reducir
el homicidio doloso únicamente bajo el despliegue de fuerzas policiales, aún
con la colaboración de las fuerzas estatales”, aseguró Lilian Chapa Koloffon,
consultora en temas de seguridad
“Estas fueron las únicas acciones
inmediatas de la estrategia. El despliegue del Ejército y la Marina, pero esto
fue insuficiente y además nos lleva a preguntarnos qué sentido tienen este tipo
de intervenciones dónde la violencia homicida no necesariamente está vinculada
con los delitos federales”, dijo Chapa Koloffon.
Al momento
del anuncio, la Secretaría de Gobernación no dio a conocer la lista de los 50
municipios en los que se enfocaría y, hasta ahora, esa información sigue sin
detallarse, incluso pese a una solicitud de transparencia realizada por
SinEmbargo a esta dependencia.
No obstante, con base en las
declaraciones de las autoridades federales, las cifras de incidencia delictiva
colocan a los siguientes 50 municipios como los que tuvieron más homicidios
dolosos en los primeros siete meses del año del 2016. Y el fracaso para llevar
seguridad a los mismos.
La selección
del Gobierno federal de estos municipios bajo el criterio de más homicidios
dolosos carece de fundamentos técnicos desde un principio, consideró Edgar
Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia (IMDHD).
“Cuando se anunciaron estas medidas
se hicieron públicamente varias preguntas. ¿Cuál era el diagnóstico sobre cada
municipio? Es decir, la incidencia delictiva no es un diagnóstico es sólo un
número, hay que identificar las posibles causas sociales, económicas, y mucho
de eso nunca fue respondido”, dijo
Para Cortez,
el empeoramiento de la seguridad da
cuenta de que aquel anuncio hecho por Peña fue improvisado.
“Fueron decisiones más índole
político que técnico. Hay un gran problema de homicidios en diversas partes del
país y hay que hacer algo, pero nunca están claras las razones, los elementos
técnicos, las metas y las formas en que se cumplirán”, expuso.
Y SE AGOTAN
LOS RECURSOS.
Contrario a
los índices de homicidio, los 50 municipios sufrieron una reducción en sus
presupuestos para la seguridad.
De manera general, el Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) pasó de desembolsar mil 928
millones en el 2016 a mil 575 millones de pesos en el 2017, de acuerdo con los
convenios firmados en ambos años.
La
disminución del 18 por ciento del Fortaseg en las 50 localidades contrasta con
las exigencias del Gobierno federal a los órdenes estatales y municipales.
“Deben
ustedes, los ejecutivos locales, asumir la obligación y compromiso de encabezar
los esfuerzos para brindar mayor seguridad a los habitantes de sus entidades”,
emplazó Peña aquel 30 de agosto.
“Hoy quiero,
nuevamente, reiterarlo: las Fuerzas federales estarán invariablemente ahí,
donde se necesite para ofrecer respaldo a las policías locales, de manera
subsidiaria y temporal, no para suplirlas, ni reemplazarlas”, advirtió Peña en
aquella reunión.
No hay municipio más afectado en su
presupuesto que Mexicali, Baja California, con una reducción del 49.7 por
ciento del apoyo del Fortaseg; le sigue León, Guanajuato, al que le fueron
asignados 31.9 por ciento menos recursos este año de parte del Fortaseg.
Vidal
Fernando Romero León, jefe del Departamento Académico de Ciencia Política del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), expuso que los intereses del presidente Peña no necesariamente están
alineados con los de los 50 alcaldes.
“La Federación quiere que se dediquen
a combatir al crimen, y muchos municipios quieren dedicarse a la delincuencia
ordinaria, que va más con las preferencias locales. Por ejemplo, a la gente no
le importa si detienen al “Chapo” Guzman, pero sí a los que asaltan en el bus”, dijo Romero.
De tal
suerte, dijo, no hay un sistema de
fiscalización que revise cómo ejercen estas municipalidades los recursos.
Por el
contrario, Chapa expuso que no hay
elementos suficientes para considerar que la disminución de recursos repercutió
directamente en el deterioro de la seguridad en los 50 municipios.
Además de
las acciones inmediatas, las hubo “progresivas”, las cuales estarían
supuestamente basadas en las medidas de prevención de la violencia y el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad. “En realidad son una
enunciación de buenas intenciones”, dijo Chapa.
El Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que articulaba 16
estrategias y 97 líneas de acción, contó con 2 mil 015 millones 311 mil 756
pesos en el 2016, antes de quedar sin recursos en el 2017.
“De los 50 municipios,
41 o sea casi todos, al menos del 2013 habían estado recibiendo recursos del
Pronapred. Mismos que ya no existen. Desde tres años hasta que se anunció esta
nueva estrategia de reducción del homicidio, se estuvieron implementado
acciones del Pronapred y claramente no hubo resultados”, dijo Chapa.
Un segundo
ingreso vigente para las entidades proviene del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) para dar cumplimiento a las estrategias nacionales de
seguridad pública, lo que incluiría el deseo Presidencial de disminuir los
homicidios dolosos en 50 municipios.
Entre las
entidades que albergan a estos municipios se encuentran Baja California, Baja
California Sur, Ciudad de México, Colima, Chihuahua, Estado de México,
Guanajuato, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, que en su conjunto contaron casi
con los mismos recursos este año que en 2016.
La seguridad está convertida en un
barril sin fondo porque no se tienen las estrategias para responder a los
problemas de seguridad en los estados ni municipios, ni la voluntad política
para fortalecer a las policías. Podías haber invertido más o menos dinero y eso
no va a tener consecuencias sin estrategia, capacidades técnicas y sin reforma
policial. No podemos decir que hay menos resultados porque hubo menos
recursos”, consideró
Chapa Koloffon.
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