Raymundo Riva Palacio.
El mundo mexicano está al revés.
Quienes iban a acabar con la violencia en los primeros 100 días de la
administración de Enrique Peña Nieto, se encaminan a ser el gobierno donde
mayor número de muertos por homicidios dolosos se haya registrado, a un ritmo
actual de cuatro cada 60 minutos. Y quien vio en el gobierno de Felipe Calderón el origen de
todos los males en materia de seguridad, decidió que, para la pacificación del
país, cuando llegara a la presidencia, recurriría a la estrategia que
precisamente desarrolló el gobierno anterior. Qué paradoja. La némesis mexicana, como identificaron al gobierno de
Calderón, resultó tener una estrategia que funcionaba mejor.
Al presentar
su plan de gobierno el lunes pasado, el proyecto de López Obrador pasa por el
rediseño institucional del área de la seguridad, la coordinación y
profesionalización de los cuerpos de seguridad. Prioriza la inteligencia por
sobre la fuerza y por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los
miembros de los cuerpos policiales. “Ha sido un error reducir la estrategia de
seguridad a una correlación de la capacidad de fuego entre los cuerpos
policiales y el crimen organizado con el único fin de capturar a los grandes capos
del narcotráfico”, dice en el proyecto
del plan de gobierno. “Llevamos más de 10 años aplicando esa lógica centrada
únicamente en descabezar cárteles, sin desmantelar su infraestructura
financiera. Los resultados han sido efímeros y pobres”.
Tiene razón López Obrador, pero en lo
cosmético. El documento que le prepararon sus asesores en seguridad toca los
linderos del problema de la seguridad pública, pero no lo ataca de fondo. El problema de la última década
obedece a otros factores más complejos. La violencia en el sexenio de Calderón
escaló por el cambio de incentivos en la
lucha contra el crimen organizado de los gobiernos anteriores. Previamente, la
racional era que sexenalmente se atacaba a un cártel, máximo dos, con lo cual
las organizaciones criminales pactaban entre sí plazas y territorios, sin
enfrentarse entre ellas y así evitar que, al llevar la violencia en las calles,
la respuesta del Estado fuera equitativamente violenta.
El viejo esquema –que algunos han
caracterizado como un pacto con los cárteles– se rompió por la incompetencia
del gobierno de Vicente Fox en la lucha contra el crimen organizado, que en
Michoacán, Guerrero y Tamaulipas pasaron a jugar el rol de autoridad,
apoderándose de municipios en esas entidades. Esa pérdida de control
territorial llevó a Calderón a dejar de combatir con discrecionalidad e iniciar
una guerra de 360 grados, con lo que el incentivo criminal de no pelear entre
ellos cambió a la guerra de aniquilación para evitar perder el negocio y la
vida. La estrategia
de Calderón fue similar a la que se siguió en otros países para enfrentar a las
organizaciones criminales, como en Palermo, Medellín, Nueva York o Miami, donde
el costo de vidas iba a subir. La
estrategia era de velocidad: qué tan rápido podía el gobierno descabezar a los
cárteles y desarticularlos operativamente, versus qué tan veloz pudieran
remplazarlos las organizaciones criminales para no sufrir en sus estructuras.
El índice de violencia comenzó a
bajar en mayo de 2011, pero el equipo de Peña Nieto descalificó por completo la
estrategia –porque no la entendió nunca– y señaló que sería mediante la
prevención como lograrían bajar la violencia. Dejaron de combatir ocho meses a
los cárteles, y ante la pasividad, se fortalecieron. La prevención se redujo a minucias
–como repartir lentes a los niños para que pudieran leer y no dejaran la
escuela y se integraran a las pandillas– y durante los dos últimos años dejaron
de dar presupuesto a ese rubro. Desmanteló Plataforma México, que aportaba
inteligencia criminal, y con una visión torcida de la seguridad, la Secretaría
de Gobernación absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. El resultado es que en el gobierno de Peña
Nieto la violencia se incrementó a niveles nunca antes vistos y la expansión
criminal cubre prácticamente todo el país.
López
Obrador, como nadie, quiere que siga esta tendencia de victoria criminal. En el plan de gobierno está su solución.
Quizás sin saberlo, pero el proyecto recoge el Acuerdo Nacional por la
Seguridad y la Justicia y la Legalidad que se firmó –incluidos los entonces
gobernadores Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong– en Palacio Nacional el 21
de agosto de 2008, donde convierte a la seguridad pública en un asunto de
Estado y enumera una serie de acciones de coordinación y estrategia de
inteligencia que ejecutó Plataforma México, hasta que el gobierno actual la
liquidó. El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de
justicia, así como también la profesionalización de las policías y su
mejoramiento salarial, fueron parte del diseño de Calderón, de donde López
Obrador también recoge en su proyecto la restitución de la Secretaría de
Seguridad Pública.
El que haya recurrido a una
estrategia ya planteada no debe llevar a la descalificación del plan de
gobierno de López Obrador. Más bien, habla de una maduración al sostener que la
seguridad pública no debe ser un asunto de interés sexenal sino del Estado mexicano.
La improvisación del equipo de
seguridad del presidente Peña Nieto ya mostró el costo que conlleva la
incompetencia. Un sexenio tirado a la basura por los aventureros de este gobierno ha sido
demasiado.
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