Javier Risco.
Érase una
vez… un país que tras sexenios de
corrupción decidió emprender una cruzada contra todos aquellos que se
atrevieran a robar, extorsionar y engañar al pueblo. El valiente presidente,
Enrique Peña Nieto, el lunes 18 de julio de aquel lejano 2016 pronunciaba las
palabras mágicas: “Estoy seguro de que en México habrá un antes y un después
con este Sistema Nacional Anticorrupción”.
Previamente,
ante decenas de testigos aceptaba el
desprecio de su pueblo por aquella 'casa blanca' donde no había corrupción pero
que impulsó la creación del Sistema: “Reconozco que cometí un error. Este error
afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en
el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo
perfectamente”.
Pero eso había quedado en el pasado,
ahora la corrupción sería combatida de frente, nunca más gobernadores abusivos,
nunca más triangulación con empresas fantasma, nunca más robar a damnificados,
nunca más obras que recién inauguradas causaran la muerte de personas, nunca
más… nunca más… nunca más…
Y despertamos el 18 de julio de 2018,
dos años después y todo sigue igual... no, perdón, peor.
Lo descrito anteriormente tal vez es
el peor cuento que nos ha contado este sexenio. Yo lo calificaba de simulación,
pero el abogado Luis Pérez de Acha lo ha definido de mucha mejor manera: el
Sistema Nacional Anticorrupción es tan sólo una ficción.
Pérez de
Acha es uno de los mexicanos que forma parte del Comité de Participación
Ciudadana. El año pasado le dediqué
varias columnas a la explicación de este Comité y también a la importancia del
mismo, pero vale la pena recordar su función: “El CPC tiene las facultades de
proponer políticas anticorrupción, metodologías e indicadores de evaluación y,
sobretodo, vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Es
por esto que debe trabajar en conjunto con el Comité Coordinador y el
Secretario Técnico para la integración del componente ciudadano en la
conformación de los informes, recomendaciones y políticas públicas que se
consideren necesarias para el buen funcionamiento del Sistema”. Sonaba bien, la
realidad es otra ¿Dos años después con qué cuenta el Comité de Participación
Ciudadana?
Así responde
Pérez de Acha: “Voy a hacer un
comentario pagano, pero sin recursos humanos, sin materiales, es difícil […]
tenemos tres personas que nos apoyan y tenemos unas oficinas prestadas, no
tenemos cafetera, no tenemos computadoras, es una situación fuerte, esto
requiere una reforma legal. Nosotros no somos servidores públicos, entonces en
los términos en los que está redactada la ley no se nos pueden aplicar recursos
públicos a ciudadanos, hay un gran tema ahí”.
Sí, dos años después de la creación
del SNA, en total el Comité de Participación Ciudadana es integrado por ocho
personas, incluyendo al personal administrativo y de operación, es un esfuerzo
moral, pero hasta la fecha han logrado lo que han luchado desde una trinchera
olvidada. aplaudo la labor de cada uno, de Mariclaire Acosta, Alfonso
Hernández, Irene Levy, José Octavio López y Luis Manuel Pérez de Acha. A pesar
del camino recorrido señalan que hay áreas de oportunidad y subrayan que no
debe perderse la confianza y la esperanza, que han recibido señales del nuevo
gobierno y que esperan que en un futuro no muy lejano haya voluntad política.
Será pasar
de la ficción a la realidad.
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