El equipo jurídico del gobernador
electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, trabaja en una serie de contrarreformas para
revertir el blindaje que la actual legislatura le tejió al aún mandatario Graco
Ramírez, a través de modificaciones y reformas legislativas.
De acuerdo
con el asesor jurídico del equipo de transición del próximo gobierno, Cipriano
Sotelo Salgado, las reformas aprobadas
pueden ser derogadas por los diputados locales electos que asumirán el cargo el
próximo sábado 1 de septiembre.
“Nos da tristeza ver cómo los
legisladores han perdido toda vergüenza, toda cordura. Yo no sé qué es lo que
estén pensando el día de mañana cuando salgan a la calle; la gente se
manifiesta en redes, se manifiesta en tele, se manifiesta en radio. No veo a
nadie que salga a defenderlos, pero no puedes defender lo indefendible”, dijo.
“Y lo peor de todo es que siguen
construyendo protecciones legales, pero que nosotros como abogados sabemos que
no representan ningún obstáculo. Así como se crean, se descrean. El legislador
construye leyes y deroga leyes. Entonces, si alguien les está haciendo creer
que cambiar la Constitución o las leyes los va a blindar, están en un grave
error”.
Una de las decisiones que más
preocupan al próximo gobierno es la que tomó la actual legislatura en relación
con la designación del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara,
vinculado políticamente al gobernador en funciones Graco Ramírez.
El Congreso lo designó como fiscal
por nueve años y le otorgó la facultad de designar a su vez al fiscal
anticorrupción. Hace unos días, confirmó en el cargo a Juan Salazar Núñez,
quien trabajó como abogado personal de Graco Ramírez, y luego, como su
consejero jurídico durante varios años.
“Hemos visto reformas de escándalo,
como el hecho de que al Fiscal General del Estado le hayan dado una durabilidad
de nueve años en el cargo. Yo no concibo que un fiscal que no fue designado por
un congreso y por un gobernador pueda fungir en el mismo periodo”, consideró Sotelo Salgado.
En su
opinión, la Fiscalía desempeña una
actividad “muy, pero muy grave, muy delicada y tiene que tener toda la
confianza del gobernador en turno y de los diputados para que le den recursos,
que le asignen algunos casos, que políticamente se tomen decisiones que le den
gobernabilidad al estado”.
No obstante,
comentó que, legalmente, “el gobernador
en turno puede solicitarle al Congreso en turno la remoción del fiscal sin
mayor problema. Si los diputados actuales creyeron que reformando la Ley
Orgánica de la Fiscalía y dándole una durabilidad de nueve años, iban a lograr
proteger cualquier tufo de investigación penal, están en un error y es tiempo
que abran los ojos. Eso no va a generar impunidad”.
La actual legislatura otorgó la
posibilidad de un salario vitalicio al fiscal general y al anticorrupción, lo
que, según el asesor jurídico del equipo de transición, “no es sano para la
gobernabilidad que quieran perpetuar a un fiscal, tampoco que le quieran dar un
salario perpetuo a cambio de protección. Ni siquiera los jubilados pueden tener
un salario de por vida como se lo pretenden dar a todo aquel que ha sido
fiscal. Eso es una grosería, es un abuso y es una ofensa para todos los
ciudadanos que todos los días salimos a la calle a tratar de conseguir el pan
de cada día”.
Además,
dijo, “no solamente es el fiscal
general, sino los fiscales especiales. Estamos hablando que todos aquellos que
tengan un nombramiento de fiscal especial van a tener salario de por vida, al
50%, pero de por vida. Esa reforma seguramente habrá que revocarla. Los diputados
actuales tendrán la mejor decisión, pero creo que es antimoral, antiético y
antijurídico por supuesto”.
Reasignaciones
“ruidosas”
El abogado
Sotelo Salgado reveló que la gasolinera
que históricamente administraba el Sistema DIF-Morelos, ubicada en las
cercanías del mercado Adolfo López Mateos, cerca del centro de la capital, le
fue reasignada a la Fiscalía.
“Yo no logro entender dónde está la
dinámica de que la Fiscalía de Morelos maneje una gasolinera. A ver, si la
gasolinera se la dan a la Fiscalía y tiene un fiscal por nueve años ¿qué te
dice eso? Pues que no quieren que se investigue por nueve años todo lo que pasó
en esa gasolinera. Eso es evidente”, advirtió.
Según dijo,
Cipriano Sotelo, a la Fiscalía también
le dieron el Centro de Evaluación de Policías y Peritos.
“¿Qué se hizo en ese centro de
evaluación que dependía de la Comisión de Seguridad Pública? ¿Por qué se lo
dieron a la Fiscalía para que lo proteja nueve años?, ¿Qué es lo que ocultarán?
Eso se va a descubrir”, cuestionó.
Otra de las
reformas que “hace ruido”, de acuerdo con el declarante, es la presunta desincorporación del Instituto de la Mujer para el
Estado de Morelos y el nombrar a su titular por seis años.
Para complicarle el camino al próximo
gobernador, los legisladores modificaron el proceso de aprobación de reformas
constitucionales.
Y explicó: “si se reforma la Constitución de Morelos,
tiene que dar la anuencia la mitad más uno de los ayuntamientos. A partir de la
reforma que propuso este Congreso, se tendrían que dar necesariamente dos
terceras partes de los ayuntamientos. Es decir, se la quieren complicar al
nuevo Congreso. Eso es evidente”.
Según su
análisis, “la ‘positiva ficta’
desaparece. Así lo proponen los legisladores, con la finalidad de que tengan
que ser forzosamente los presidentes municipales los que se pronuncien a favor
o en contra. Va a ser complicado que todos coincidan. También olvidan que se
pueden debatir esas reformas. La Constitución federal reconoce la mitad más uno
de los estados de la República. Entonces, con la ley en la mano se puede venir
abajo esa reforma. Creo que así se hará, hay posibilidades de lograrlo, hay que
buscar la salida”, expresó el asesor jurídico de Blanco.
Finalmente,
Sotelo Salgado señaló que el gobernador
electo quiere que se haga una investigación “a profundidad” de todos los temas.
Y si alguien tiene alguna responsabilidad, deberá enfrentar una investigación.
“No va a faltar un área donde no se haga una auditoria”.
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