Martí Batres.
Uno de los
grandes reclamos históricos del pueblo mexicano hacia sus gobernantes ha sido
el derroche y el desplante de privilegios económicos.
El reclamo
ha provenido también del sector productivo, que mira cómo se tiran recursos que
podrían servir para la inversión productiva.
Esa
lamentable realidad ha tenido como respuesta el programa de austeridad
republicana.
Este es un
concepto que significa ahorrar recursos en la cúspide del Estado, disminuir el
gasto arriba para aumentarlo abajo. Recortar el costo económico del poder
político para aumentar el gasto social y el gasto productivo.
Siendo una
promesa de campaña, apenas inició actividades la nueva Legislatura comenzó a
aplicarse el plan de austeridad.
En lo
propiamente legislativo, la Cámara de Diputados aprobó una ley reglamentaria
del Artículo 127 constitucional que establece que ningún funcionario puede
ganar más que el Presidente de la República. Dicha legislación es conocida como
Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En un
terreno propiamente práctico, la Cámara
de Senadores aprobó por unanimidad del pleno y con el voto de todas sus
bancadas un plan de medidas muy concretas de austeridad.
Entre ellas se encuentran las
siguientes:
Eliminación del bono de bienvenida para
los senadores de casi 400 mil pesos al inicio de la Legislatura.
Cancelación de los seguros de gastos
médicos mayores y de los seguros de retiro individualizado, ambos con cargo al
erario.
Erradicación del complemento de
aguinaldo, que agregaba otros 40 días de sueldo a los 40 días de ley, con lo
que sumaban 80 días de sueldo al final de año.
Eliminación de los llamados Estímulos
por Evaluación, que no son otra cosa que los bonos.
Desaparición de la peluquería y del
salón de belleza, para senadores y senadoras.
Retiro de los vehículos asignados a
senadores. Cancelación de guardaespaldas y escoltas asignados a senadores.
En el Senado también se redujeron los
presupuestos de los Grupos Parlamentarios en un 50%. Y el número de comisiones
legislativas ordinarias se disminuyó de 64 a 44, con el ahorro administrativo
que esto implica.
Asimismo, se anunció una reducción en
los viajes al extranjero. Hasta ahora, sólo se ha aprobado la participación en
un evento parlamentario internacional.
Se cancelaron los vales de gasolina y
de despensa para senadores. Los primeros sólo se utilizarán para los vehículos
de carga y servicios de la institución. Y los segundos sólo serán para los
trabajadores de base.
Tampoco hay partidas para comidas de
los legisladores.
También se redujeron ingresos de los
altos mandos del personal administrativo del Senado en un 30 por ciento.
Así, el presupuesto del Senado podrá
ser recortado en 1,500 millones de pesos.
Medidas parecidas comienzan a
anunciarse en otros órganos legislativos y gobiernos.
En la Cámara de Diputados, en el
Congreso Local de la Ciudad de México, en el gobierno de Yucatán, en alcaldías
de la capital, en el Poder Judicial de la Federación, en órganos electorales y
en numerosos espacios de poder público comienzan a debatirse, con mayor o menor
profundidad, medidas de austeridad.
Faltan aún las rigurosas medidas que
se aplicarán desde el nuevo gobierno federal. Y falta todavía el debate sobre
la Ley de Austeridad de Estado.
Poco a poco
comienza a instalarse otra idea, otra concepción sobre el gasto del dinero
público. Como hemos dicho, hay mucha tela de donde cortar.
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