De enero a agosto de este año se
registraron en el estado de Guerrero 193 asesinatos de mujeres, de los cuales
157 casos fueron catalogados como homicidio doloso y las autoridades
ministeriales sólo clasificaron 36 de estos crímenes como feminicidios.
Guerrero ocupa el quinto lugar a
nivel nacional en feminicidios y el puerto de Acapulco y Chilpancingo destacan
entre los cinco municipios más peligrosos para las mujeres en el país, indican cifras de información
delictiva y de emergencias con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de
Gobernación (Segob).
En Chilpancingo y Acapulco se han
documentado nueve y ocho feminicidios respectivamente, indica el reporte
federal.
En contraste,
el gobierno de Héctor Astudillo Flores
dijo en su tercer informe que ha destinado 64.7 millones de pesos para gasto
burocrático, pago de conferencias y la creación de un Banco Estatal de Datos
como parte de su estrategia para “prevenir y erradicar” la violencia de género,
así como “garantizar” el acceso a la justicia de las mujeres.
El reporte estatal indica que este
año la Federación destinó 56.2 millones del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), los que supuestamente se aplicaron en los
subprogramas de acceso a la justicia para las mujeres; profesionalización,
implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; fortalecimiento de
órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias
en materia penal, y en las unidades de atención temprana, prevención de delitos
de alto impacto y especialización de las instancias responsables de la búsqueda
de personas, entre otros.
El gobierno
estatal afirma que estos recursos
“sirvieron para capacitar” a servidores públicos de la Fiscalía, así como para
la adquisición de vestuario y uniformes, mobiliario, vehículos y equipos de
cómputo, materiales, accesorios y suministros de laboratorio e instrumental
médico, licencias informáticas e intelectuales, además de la construcción del
edificio de la subsede en Acapulco de la Unidad Antisecuestro.
La Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (Conavim) destinó 3.3 millones para equipar,
capacitar y evaluar la aplicación de los protocolos de actuación de las
Fiscalías Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar,
Feminicidios, Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Dentro del
subprograma denominado Acceso a la Justicia para las Mujeres, se destinaron 1.2 millones para “el
mantenimiento y reparación” de las instalaciones del Centro de Justicia de
Chilpancingo, así como la elaboración del manual de operaciones.
Se destinaron cuatro millones para
atender la declaratoria de alerta de género, así como realizar cursos de
capacitación, equipamiento, adquisición de uniformes, mobiliario y equipo de
administración, instrumental médico y de laboratorio para las Fiscalías
Especializadas de Delitos Sexuales y Violencia Familiar y la de Feminicidios.
También el gobierno informó que “se puso en
funcionamiento” el Banco Estatal de Datos, el cual supuestamente registra los
casos de violencia para “analizar e implementar políticas públicas en beneficio
de mujeres”.
No obstante,
se desconoce el monto de la inversión en
este rubro específico, así como el lugar donde se encuentra y quién dirige esta
base de datos.
El informe
oficial destaca una serie de programas y
mecanismos burocráticos para tratar de revertir la ola de violencia contra las
mujeres en la entidad, pero omite decir que Guerrero ocupó este año el quinto
lugar a nivel nacional en feminicidios.
Rezago
general.
La Fiscalía
General del Estado (FGE), mantiene un 90
por ciento de rezago en los trámites de carpetas de investigación de delitos
del fuero común, de acuerdo con reportes oficiales del tercer informe del
Ejecutivo que fue enviado esta semana al Congreso local.
En tres
años, la Fiscalía ha integrado 21 mil 41
carpetas de investigación dentro del nuevo sistema de justicia penal
acusatorio, de las cuales se han judicializado sólo 605 expedientes.
El informe
oficial agrega que 2 mil 312 expedientes
se enviaron “al archivo temporal o definitivo” y de 164 órdenes de aprehensión
solicitadas, los jueces sólo autorizaron 156 porque el resto fue mal integrado.
Esto significa que 18 mil 124 expedientes a la fecha siguen en trámite de
integración.
En el sistema de justicia penal
tradicional el rezago es aún mayor, porque 27 mil 583 averiguaciones previas
todavía se encuentran en trámite.
Es decir, a la fecha hay 45 mil 707 expedientes
rezagados en las oficinas del Ministerio Público del fuero común, a partir de
delitos denunciados por víctimas ante la fiscalía estatal.
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