Por Dulce
Olvera.
Habitantes de la comunidad indígena
en Tepoztlán, Morelos, han luchado durante 19 años en tribunales agrarios
contra la empresa Pirámide y Convento que pretende la construcción de un club
de golf en su territorio comunal.
Pero, ahora que atrajo el caso la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima instancia de
impartición de justicia en el país, el proyecto de sentencia que se retomará el
miércoles -hecho por el ministro Eduardo Medina Mora- “dio un giro sorpresivo”,
ya que “se acomoda la ley para favorecer a la empresa”, alertaron sus abogados Ángeles Arcos
y Rubén Ávila.
“Dicho proyecto de sentencia es
parcial por tratar de favorecer al empresario, sin tomar en cuenta los derechos
agrarios e indígenas de la comunidad de Tepoztlán, protegidos por la
legislación nacional e internacional”, expusieron.
Desde 1929, la comunidad náhuatl en
Tepoztlán posee un título de propiedad comunal, que incluye las 280 hectáreas
deseadas para el megaproyecto planeado en 1999.
La empresa alega tener oficios de exclusión que, dice,
demuestran que ese territorio es “pequeña propiedad particular” y no propiedad
comunal. No obstante, la litigante Ángeles Arcos explicó que ese documento no
es suficiente ni tiene el peso del título de 1929.
El abogado
Rubén Ávila dijo que si la SCJN resuelve
a favor de la empresa, será una muestra más de que “en este país el Estado de
Derecho es inexistente y las leyes pueden acomodarse a modo de los intereses
económicos y políticos de los más pudientes”.
“CON LA NATURALEZA NO SE JUEGA”
Agustín
Rojas, comisario de bienes comunales de
Tepoztlán, se mostró triste porque la SCJN, afirmó, puede favorecer a una
compañía que busca que se le reconozcan tierras que nunca le han pertenecido.
Lamentó que se intente establecer un
club de golf que vulnere los derechos de un poblado “donde se respira aire y
hay paz”.
Campesino de
ganado bovino, Rojas alertó que la
comunidad está en un eje neovolcánico cuyos mantos acuíferos alimentan al Valle
de Morelos y parte de la Ciudad de México. El campo de golf generaría un cambio
de uso de suelo y con ello un impacto ambiental, aseveró.
“Si se devastan esas áreas, se
generará un problema que ninguna autoridad podrá resolver. Con la naturaleza no
se juega”,
sentenció.
Contó que los inversionistas de la
firma han argumentado que les ofrecerán empleo, pero Rojas expuso que la
comunidad agraria no está interesada ni tiene la capacidad de laborar en un
campo de golf que demanda conocer otros idiomas además del náhuatl.
“El pueblo no quiere ser explotado.
Un club de golf no resuelve el problema de la comunidad”, dijo.
El abogado
Rubén Ávila también pidió considerar a
los ministros el destino del territorio: la compañía Pirámide y Convento busca
un interés económico que beneficiará a unos pocos, mientras que la comunidad de
Tepoztlán, una vez recuperadas sus 280 hectáreas, quiere establecer ahí una
Universidad Intercultural con impacto colectivo.
Abogados y habitantes afectados
pidieron a la Suprema Corte negar el amparo a la empresa y devolver las 280
hectáreas a sus legítimos dueños, ya que de aprobarse el proyecto resultaría
violatorio a los derechos humanos territoriales de la comunidad, y su derecho
al debido proceso.
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