Ecatepec, en el Estado de México, es
el municipio más pobre de la zona metropolitana del Valle de México, dice el
International Crisis Group (ICG), y en el Gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto se clasificó entre los ayuntamientos del país con más casos de homicidio,
extorsión, secuestro, robo a mano armada, robo de autos, robo de autos y robo
de carga.
También es uno de los lugares más peligrosos del
país para ser mujer: 383 asesinatos de mujeres han sido registrados desde 2011
hasta 2016, además de que el 92.3 por ciento de sus ciudadanos se sienten en riesgo de crimen o violencia.
“Desde alrededor de los catorce años,
los jóvenes de Ecatepec ahora se unen a mafias con raíces locales que han
reemplazado a las pandillas menos jerárquicas; a las tienditas o a las casas de
seguridad donde se guardan las víctimas de secuestro y los bienes robados. En
Ecatepec, cinco grupos están compitiendo. La forma de hacerlo es sembrando el terror”, plantea la Organización No
Gubernamental con sedes en Bruselas, Washington DC, Nueva York y Londres.
En su
informe “Construyendo la paz en México: dilemas que enfrenta el Gobierno de
López Obrador” –de fecha 11 de octubre de 2018 y firmado en Ciudad de México,
Bogotá y Bruselas–, la Organización No
Gubernamental (ONG) destaca las causas del repunte criminal en Ecatepec,
escenario reciente de un escalofriante caso donde dos feminicidas seriales –un
hombre apoyado por una mujer– habrían asesinado a al menos 20 jóvenes.
Desde que el priista Eruviel Ávila
Villegas (2009 a 2012) gobernó ese Ayuntamiento y hasta fecha, los alcaldes de
Ecatepec “abandonaron completamente la inversión social y esa precarización
generó una ola de violencia y falta de oportunidades en la región”, dijo recientemente la Diputada
Azucena Cisneros Coss, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Ecatepec es un caldo de cultivo
porque es el resultado de un botín político que ha sido consentido por el
priismo del oriente de la zona metropolitana”, añadió en una entrevista con
SinEmbargo.
En el Estado de México, actualmente
gobernado por el también priista Alfredo del Mazo Maza, más de la mitad de los
hogares –57.1 por ciento– tiene a una persona que fue víctima de un delito
durante 2017, de
acuerdo con la encuesta Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública 2018 (ENVIPE). El 74.
1 por ciento de la población mayor de edad considera la inseguridad como el
problema más importante que aqueja a los mexiquenses y el 66.6 cree que el
entorno donde vive, colonia o localidad, es insegura, según el censo levantado
en 2017.
Y las cifras
empeoran: El 83.4 por ciento de los
mexiquenses ya no permiten que sus hijos salgan a la calle y se estima que el
gasto per cápita que hicieron durante 2017 en medidas preventivas por la
inseguridad asciende, en conjunto, a los 11 mil 759.8 millones de pesos. De
enero agosto de 2018, un total de 35 mil 094 mexiquenses han sido víctimas de
algún delito y de esos, 31 mil 781 van desde atentados a la integridad física
corporal hasta delitos contra la vida.
En los primeros ocho meses del año se
han asesinado a mil 674 personas en esa entidad gobernada por Alfredo del Mazo,
quien es primo del Presidente Enrique Peña Nieto. En esos meses, 23 mil 038
personas han sido víctimas de lesiones dolosas por las que se han abierto 21
mil 50 carpetas de investigación. Además, se registra un total de 125 víctimas
por secuestro, aglomerados en un total de 105 carpetas de investigación
abiertas por esos casos.
Las cifras
oficiales establecen que se han abierto
en total 8 mil 244 carpetas de investigación por asalto a transeúntes en la vía
pública; 623 por atracos en vehículos propios particular; 5 mil 853 por robos
con violencia en transporte público [colectivo], y 3 mil 872 por asaltos a
negocios.
ES LA
CORRUPCIÓN.
“Al parecer, la colusión con
políticos y policías, tanto a nivel municipal como estatal, ha sido fundamental para la colonización
criminal y la impunidad”. Organizaciones criminales nacionales como la Familia
Michoacán y la Organización Beltrán Leyva han incursionado en Ecatepec en la
última década, estableciendo alianzas con grupos locales e imponiéndose como
únicos proveedores de drogas, además de asumir roles de liderazgo en la
extorsión”, expone
el análisis de Crisis Group.
El ICG es una organización con amplio
reconocimiento internacional y es también una fuente de información para
gobiernos e instituciones que trabajan por la paz y la resolución de conflictos.
Desde julio de 2009 lo preside la canadiense Louise Arbour, jurista canadiense
y quien fungió como Alta Comisionada de la Oficina de la ONU para los Derechos
Humanos.
“La supuesta connivencia con políticos y
policías, tanto a nivel municipal como estatal, supuestamente ha sido
fundamental para la colonización criminal y la impunidad. Como resultado,
Ecatepec se ha convertido en otro escenario de competencia violenta para los
grupos del crimen organizado nacional, acentuando los niveles existentes de
violencia letal. El municipio y las áreas circundantes ahora se asemejan a un
mosaico en el que una combinación de delincuencia callejera de bajo nivel e incursiones
delictivas organizadas impulsan niveles de violencia cada vez mayores en un
municipio que ya se encuentra entre los diez principales en México por número
de homicidios desde 2011 hasta 2017”, destaca el informe. La competencia criminal intensificada,
alerta, podría hacer que la violencia escale más y más.
“Un político prominente de un
suburbio al lado de Ecatepec dijo que el sifón de petróleo se ha vuelto más
común en los últimos años, y agregó que tres grupos locales bien identificados
están detrás de esto. Si los nuevos competidores criminales desafiaran a estos
tres por el dominio, esta área próxima a Ecatepec pronto podría parecerse a
Salamanca. Los informantes locales dijeron que los grupos delictivos más
grandes también están bien establecidos en el mismo municipio, pero lo utilizan
principalmente como un centro operacional para el robo de carga en las
carreteras que llegan a la Ciudad de México y otros distritos comerciales en el
estado de México. Si bien estos grupos actualmente no atacan a civiles por
extorsión o por secuestro para obtener un rescate, los habitantes y
funcionarios locales expresan temor de que pronto puedan tomar ese giro
predatorio”,
establece el ICG.
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