Georgina
Morett.
No cabe duda que todavía no inicia la
cuarta transformación y los cambios son rápidos, inesperados y constantes. En
el Senado de la República despidieron a 2 mil 40 trabajadores de honorarios,
operativos y temporales, y se destinaron alrededor de 368 millones de pesos por
concepto de liquidación.
Pero ahora, los cambios van a las
cabezas. Nos comentan que ya son los últimos días de Arturo Garita Alonso,
secretario general de Servicios Parlamentarios en el Senado, quien lleva más de
20 años en el Poder Legislativo.
Garita Alonso dejará su cargo el
próximo 30 de noviembre y con él se irán muchos de sus colaboradores, además de
distintos funcionaros del Senado, quienes están en contra de que se les reduzca
el salario, como se
plantea en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que
establece que nadie debe ganar más de los 108 mil pesos que percibirá mensualmente
el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Nos comentan
en el Senado que se espera la salida de
aproximadamente 120 funcionarios, que se sumarían a los 2 mil 40 que ya fueron
despedidos, y aseguran que también saldrá el secretario general de Servicios
Administrativos, Roberto Figueroa Martínez.
Además, se espera desbanda en la
Dirección General de Resguardo Parlamentario.
Con estas
salidas, el Senado de la República perderá a gran parte de su personal más
capacitado, y si así se equivocan al elaborar las leyes, podemos tener fuertes
problemas como ciudadanos.
Y en las
locuras que ha provocado esta legislación, La
Silla Rota hizo público un oficio firmado por el director general de Recursos
Humanos de la PGR, Cuauhtémoc Figueroa Ávila, en la que da a conocer que
acatará esta ley.
En el oficio
PGR-OM-PFRHO-3145-2018, Figueroa Ávila
le informa al personal que a partir de la quincena del 15 de noviembre de 2018,
la dirección general a su cargo ha implementado los ordenamientos establecidos
en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y que esto se
verá reflejado en sus percepciones salariales.
Esta información parece increíble,
sobre todo cuando se desconocen las nuevas remuneraciones salariales por
puesto, ya que la citada ley da 180 días para que se presenten.
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