Darío Celis.
Los
desarrolladores inmobiliarios e inversionistas deben estar muy atentos a un
caso que todo parece indicar acabará siendo un mega-fraude.
Se trata
de la comercialización de un predio ubicado en el número 309 de la avenida
Tamarindos en la Colonia Lomas de Vista Hermosa, de la Alcaldía de Cuajimalpa.
Aparecen
involucrados tres personajes conocidos en el ambiente que en su momento
purgaron penas por haber defraudado a decenas de personas.
Se trata
de Sigfrido Molet Gurrera y su hermano Esteban, quien estuvo prófugo, y su
socio Marco Antonio Romo Alcántara.
Se
encuentran inmersos en un litigio en el que denuncian un supuesto despojo con
la intención de apoderarse de este predio de alto valor comercial.
En 2017 el
notario público número 98 de la CDMX, Gonzalo Ortiz Blanco, protocolizó un
contrato de compra-venta supuestamente firmado hace más de 20 años.
Ahí los
hermanos Molet Gurrera le venden a una empresa de nombre Inmobiliaria Ro
Positivo, cuyo representante legal es Romo Alcántara.
De
acuerdo con declaraciones de los vecinos este último también utiliza el nombre
de Arturo Pineda.
Según el
contrato, el monto de la operación asciende a 600 millones de pesos, pero no
existe registro de la forma en que se pagaron estos recursos ni hay reporte del
pago de los impuestos correspondientes, por lo que todo indica que se trata de
un acto simulado.
Inclusive dentro
de los anexos a la escritura incluyeron documentos expedidos por la SEDUVI con
fecha de abril de 2018 siendo que la escritura se firmó en noviembre de 2017.
Adicionalmente
a la escritura, con la intención de confundir a las autoridades, presentaron
el testimonio de dos “supuestos” empleados de la inmobiliaria cuyos nombres no
aparecen en los registros del IMSS como asalariados de esa empresa.
El pasado 23
de diciembre la Fiscalía de la CDMX, a cargo de Ernestina Godoy, decidió otorgar
la posesión provisional del predio a este grupo.
Una de
las promesas de campaña de la actual Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue
la de erradicar la rapiña que realizan grupos inmobiliarios y fomentar
desarrollos de esparcimiento familiar con valor ecológico.
Los
dueños reales de este predio, quienes han tenido la posesión por más de 35
años, presentaron pruebas contundentes a su favor, desde peritajes hasta una fe
de hechos en donde se reconoce que son los legítimos poseedores y propietarios.
En la
propiedad operaban varios negocios legalmente establecidos que respetaban el
entorno. Había un club hípico y varios restaurantes instalados sobre camiones,
conocidos como food trucks.
El pasado
8 de enero los vecinos de la zona denunciaron ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Ambientales y Protección Urbana, labores de tala ilegal de árboles sin
los permisos correspondientes y sin que concluya el litigio en que se encuentra
el predio.
Además, en
su denuncia, los vecinos de la colonia, reportan a gente armada cuidando el
inmueble sin que cuenten con permisos de portación de armas.
Este es
un caso en el que los intereses económicos son muy altos, por lo que se habla
de asesores legales de altos vuelos que apoyan a este grupo de defraudadores
para que se queden con la propiedad.
Se
menciona el despacho del ex procurador panista Antonio Lozano Gracia, de quien
se sabe ha estado presente en varias diligencias a lo largo del litigio.
Este grupo
ya se encuentra comercializando el desarrollo por medio de Enrique Andrade
Rivera, que se ostenta como director en Coldwell Banker City.
Este broker ofrece
la propiedad en 800 millones de pesos en su cuenta personal de Facebook; el
anuncio indica que el predio cuenta con uso de suelo para desarrollar hasta 180
departamentos
EMPIEZA A
HABER definiciones para lo que será la compra consolidada de tecnología que el
gobierno federal arrancará, muy probablemente en los últimos días de marzo. De
entrada, se habla ya de una cifra de inversión pública que alcanzará la
friolera de los 50 mil millones de pesos. Los recursos se destinarán
principalmente a reemplazar los equipos de cómputo de las dependencias
públicas, los cuales, según el coordinador de Estrategia Digital Nacional,
Carlos Emiliano Calderón, tienen más de 10 años de obsolescencia. Se contempla
un mínimo de 10 partidas, en las que también se incluye la contratación
prioritaria de sistemas de bases de datos en la modalidad de nubes de
almacenamiento. La sorpresa es que si bien correrá por cuenta de la nueva
Oficial mayor, Thalía Lagunas, atrás estará Raquel Buenrostro, la Jefa del SAT.
ALEJANDRA
PALACIOS SE armó de valor y fue a hablar con el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero, para convencerlo de la necesidad de judicializar
algunos casos relacionados con la industria farmacéutica y el sector
financiero. La intención de la presidenta de la Comisión Federal de Competencia
Económica es meter a la cárcel, con la ayuda del MP, a aquellos empresarios que
violen la ley en la materia. Pero el primer sorprendido fue el mismo Gertz
porque hasta ahora hay un solo caso que ha llegado a ese extremo. La mayoría
terminan en multas, amparos y pleitos de varios años. Hay quienes dicen en la
4T que los empresarios ya tienen suficiente con la Unidad de Inteligencia
Financiera, la Procuraduría Fiscal o el SAT, como para que ahora Palacios atice
más la incertidumbre en la inversión.
DEL 12 AL
14 de febrero sesionó en Ginebra, Suiza, el Comité Ejecutivo de la Comisión del
Codex Alimentarios, máxima autoridad en materia de normas alimentarias
internacionales. Tras de que Economía, de Graciela Márquez, implantó la NOM
051será interesante saber si todos los países miembros de este comité, que se desprende
de la Organización Mundial de la Salud, de Tedros Adhanom, y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de José Graziano da
Silva, se pronuncian a favor del nuevo etiquetado, o resulta que la medida
promocionada como revolucionaria e indispensable para mejorar la salud, pasa
inadvertida por su nulo aporte en materia de control de la obesidad entre los
expertos en la materia.
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