Por Juan
Carlos G. Partida.
En su calidad de gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro envió firmada la noche del martes la solicitud al congreso del estado
para que los legisladores aprueben adquirir deuda pública a largo plazo por
seis mil 200 millones de pesos, en un documento de 28 páginas que entregó el
secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.
“Iniciativa
de decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la ejecución
de un plan de inversión pública productiva integral para la reactivación
económica y fomento del empleo en el estado, durante los ejercicios fiscales
2020 y 2021 hasta por la cantidad de seis mil 200 millones de pesos, misma que
formula el gobernador constitucional Enrique Alfaro Ramírez”, dice el documento recibido a las
20:25 horas y foliado 267/2020 por la Dirección de Estudios Legislativos y
Acuerdos Gubernamentales.
Hace
menos de dos meses, el gobernador Alfaro contrató un préstamo quirografario por
mil millones de pesos pagaderos en un año con Banorte y Santander, para, dijo
entonces, tener liquidez en tiempos de pandemia.
Desde que
llegó al cargo hace casi año y medio, Alfaro ha solicitado préstamos
bancarios por 7 mil 450 millones de pesos, pero de ser aprobada por el Congreso
la nueva deuda se llegaría al menos a 13 mil 650 millones de pesos.
La nueva
solicitud de endeudamiento señala, sin entrar en detalles, que los recursos
serán destinados para la creación o ampliación de infraestructura pública
relacionada con la educación, salud, cultura, deporte, asistencia social o
cualquier servicio público como carreteras estatales, vialidades urbanas,
drenaje, alcantarillado o cualquier otra obra hidráulica para el suministro,
tratamiento o recuperación de agua.
Durante el
día y antes de enviar el documento al Congreso, Alfaro dijo que defendería
la propuesta contra intereses “mezquinos” y “miserables”, porque fue elaborada
en consenso con los integrantes de una mesa en la que hubo “empresarios,
universidades, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, una mesa
cuyas decisiones tienen carácter de vinculante".
Dicha
mesa negociadora que concluyó en la necesidad de más deuda, fue integrada por 13 representantes
del poder Ejecutivo, 13 del sector empresarial, tres especialistas de otras
tantas universidades, un funcionario de la Oficina de Convenciones de
Guadalajara, dos organismos civiles, cinco sindicales y uno del Poder
Legislativo.
El decreto
para crear esta mesa negociadora y organismo “vinculante” según Alfaro,
publicado el 11 de mayo en el periódico oficial El Estado de Jalisco, también incluyó
entre sus miembros a “un representante de la empresa Tierra y Armonía
Construcción”, una activa constructora propiedad de familiares de Alfaro,
lo cual ameritó días después publicar en el mismo periódico una fe de erratas
para corregir y dejar en el decreto solamente “una empresa del ramo de la
construcción”.
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