El vacío de Estado, asidero del crimen.

Ricardo Ravelo.

El ataque al bar “El Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz, evidencia por donde se le vea que el Gobierno de la Cuarta Transformación carece de una estrategia para enfrentar los embates terroristas del crimen organizado. El Estado simplemente está ausente, por ello, donde hay vacío de poder el crimen encuentra su mejor asidero.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pensando que la pobreza causa delincuencia y pierde de vista que la delincuencia aumenta en los territorios donde hay vacíos de Estado.

A nueve meses de Gobierno, no ha implementado acciones contundentes para despojar al crimen de sus capitales; tampoco parece estar dispuesto a procesar a la clase política y empresarial que está aliada con los mafiosos ni mucho menos se ve para cuando empiece el desmantelamiento de los cuerpos de policía municipales, el brazo armado de la delincuencia organizada.

Simplemente, no hay estrategia.

Y esto es grave en un país que ve trastocada su gobernabilidad por los embates de los cárteles que operan en el país y que en la mayoría de los casos están ligados a los intereses políticos.

El lamentable suceso de Coatzacoalcos, que dejó 28 muertos, empañó los festejos de primer informe de Gobierno que con días de anticipación al 1 de septiembre comenzó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con un amplio despliegue publicitario –al más puro estilo del viejo régimen –con el que el mandatario festina sus logros: las becas para los estudiantes, los apoyos a los adultos mayores, el respaldo para los aprendices, la creación de empleos y la atención directa a los más pobres, su más poderosa estructura electoral.

A través de los spots y en sus conferencias mañaneras, a penas y reconoce que su Gobierno no ha podido frenar a la delincuencia organizada, la cual crece por todas partes y, desafiante ante un Gobierno tibio, asesina multitudes, descuartiza cuerpos y con toda saña emprende actos que rayan en el terrorismo, como ocurría en los peores tiempos de la violencia que se vivió en Colombia como consecuencia de la guerra entre cárteles.

Llama la atención la desatención del Presidente cuando un grupo de personas de Veracruz le piden que intervenga el Ejército porque ya no saben qué hacer con tanta violencia.

Y el Presidente responde un sinsentido: que los criminales también son parte del pueblo y que no utilizará al ejército para reprimir al pueblo. ¿Qué hay detrás de esta respuesta? ¿Es la inconsciencia presidencial? ¿Hay pactos con el crimen organizado o realmente el Presidente ya cayó en la ceguera que causa el poder absoluto?

El mes de agosto –por citar sólo uno de los nueve meses de Gobierno fallido en materia de seguridad –fue uno de los más críticos: el día 19, en Uruapan, Michoacán, irrumpió un grupo armado cuyos hombres se identificaron como miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Anunciaban el inicio de una guerra sin tregua en ese territorio. Un día antes, el CJNG había asesinado a 19 personas: algunas de ellas fueron descuartizadas y otras colgadas en un puente. Fue toda una carnicería humana. El Presidente López Obrador sólo lamentó los hechos y añadió un lacónico mensaje a los autores materiales: “Pórtense bien”.

A estos hechos violentos siguieron otros en Tamaulipas, tierra de nadie; luego tronó la polémica por el supuesto acercamiento del Gobierno federal con grupos armados y de autodefensas que se habían sentado a dialogar, en La Huacana, Michoacán, con Ricardo Peralta, Subsecretario de Gobernación.

Todo parecía ser una línea de trabajo –la negociación –del Gobierno Federal para pacificar el territorio y hasta la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo muy optimista que había avances en las negociaciones con los grupos armados, que ellos querían deponer sus armas porque deseaban la paz.

Sin embargo, al trascender que el Gobierno Federal estaba negociando con criminales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió Sánchez Cordero y dijo que su Gobierno no negocia con criminales y que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz en el país.

Pero en estricto sentido el Gobierno de López Obrador no ha mostrado capacidad para garantizar no sólo la paz en el país: no tiene con qué garantizar la vida ni el patrimonio de nadie.

El caso más ejemplificativo por ser reciente es el incendio que provocó un grupo de criminales del CJNG en Coatzacoalcos, Veracruz, donde murieron 28 personas quemadas. Esa región petrolera lleva veinte años sumida en la violencia y ningún Gobierno ha podido rescatar ese territorio que hoy sigue en manos del crimen.

En abril último, otro episodio violento sacudió al sur de Veracruz: un grupo armado irrumpió en una fiesta, en el municipio de Minatitlán, a menos de diez kilómetros de Coatzacoalcos, para ejecutar a catorce personas. El caso, dijeron las autoridades, tuvo relación con disputas por temas de drogas, pero lo extraño es que los verdaderos autores de esa masacre siguen libres.

Este hecho estruendoso hizo que el Presidente López Obrador pusiera en marcha a la Guardia Nacional precisamente en el municipio de Minatitlán. Se desplazaron unos 600 elementos de esa corporación –insuficientes para el tamaño del problema –pero de nada sirvió: los homicidios continuaron ocurriendo lo mismo que los secuestros y los robos.

El problema de Coatzacoalcos y de buena parte de la región sur de Veracruz es el mismo que en todo el país: hay ausencia del Estado y, por ende, mucha presencia del crimen organizado. Las policías del corredor Minatitlán-Coatzacoalcos-Molocaán, Nanchital-Las Choapas están coludidas con el crimen, por ello, no pueden responder a la seguridad que reclaman los ciudadanos.

El incendio ocurrido en el bar “El Caballo Blanco” –un centro nocturno donde había espectáculo de Table Dance, venta de droga y prostitución –fue provocado porque el dueño se negó a pagar el derecho de piso correspondiente, al cual estaba obligado por los miembros del CJNG para que pudiera seguir operando el negocio.

El trágico hecho causó, otra vez, corto circuito entre el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el fiscal Jorge Winkler –éste aliado del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares –porque un tal Ricardo N., alias “La Loca” –señalado como presunto autor del incendio –supuestamente había sido detenido por la Fiscalía del estado y luego puesto en libertad.

Con este dato, Cuitláhuac García embarcó al Presidente López Obrador, quien acusó a la Fiscalía encabezada por Winkler de haber dejado ir al principal sospechoso del incendio en Coatzacoalcos y, por ende, responsable de la muerte de 28 personas.

Winkler atajó la acusación presidencial con un documento en el que demostró que, en efecto, el sujeto apodado “La Loca” había sido detenido y puesto en libertad, pero por la Fiscalía General de la República y no por la que él representa. El hecho es que el trágico caso de Coatzacoalcos sigue bajo investigación y hasta la fecha ni la Fiscalía del Estado ni la General de la República saben a ciencia cierta si “La Loca” participó o no en los hechos. El presunto delincuente se deslindó de los hechos a través de un video que subió a las redes sociales.

Lo que resulta verdaderamente escandaloso es que, a nueve meses de Gobierno, y cuando el Presidente festina su primer informe resaltando las bondades de su administración, no existe una estrategia de seguridad para atajar la violencia del crimen organizado.

López Obrador aduce que su Gobierno no va a reprimir a nadie porque “estamos atacando las causas”, pero lo que el Presidente debe tener claro es que la pobreza no causa la delincuencia, de ahí las fallas en este rubro.

La violencia se genera porque el Estado está ausente en la mayor parte del territorio y ese vacío lo aprovecha el crimen organizado. El Gobierno no ha implementado el desmantelamiento financiero del crimen, tampoco está en la cabeza del Presidente procesar a la clase política y empresarial ligada a los intereses de la criminalidad y al lavado de dinero, por esa razón, los cárteles tienen capacidad de maniobra: disponen de toda la fuerza de sus aliados y, además, tienen el capital para generar desestabilización y seguir corrompiendo a las instituciones.

El Gobierno de López Obrador –como lo estuvo el de Fox, Calderón y Peña –está maniatado por el crimen: existen zonas del país donde la sociedad está feudalizada por la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay vacío de Estado. El Estado está ausente y los territorios donde hay vacío de poder se convierten en el mejor asidero para el crimen organizado. Y un caso ejemplificativo es Veracruz, donde tres cárteles se disputan el control de la entidad.

Para ganar esta batalla no se necesita repartirle dinero a los pobres para que no los enganche el crimen: lo que el Presidente debe atender es el vacío de poder.

Mientras el Estado esté ausente, el crimen organizado estará presente.