Por Daniela
Barragán.
Ahora
toca el turno de Humberto Castillejos Cervantes. El hombre que fue el Consejero
Jurídico de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2017, está en la mira de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) por la creación de un esquema de extorsión a empresas con cuentas
bancarias congeladas en el periodo en el que él formó parte del Gabinete
presidencial.
De
acuerdo con la información que Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dio al portal
Aristegui Noticias, tres informantes lo alertaron sobre estos presuntos
actos operados por Castillejos; así habrían operado cerca de 722 cobros a
través de despachos cercanos a Los Pinos.
“El que
era el Consejero Jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie
de despachos […], estos eran los despachos que se encargaban de defender a las
personas en contra de la UIF”, dijo Nieto al reportero Marcos Martínez Chacón.
Así, Humberto
Castillejos se suma a una lista, corta aún, de funcionarios del peñismo que
serían investigados, ya sea por la UIF o por la Fiscalía General de la
República (FGR): Rosario Robles Berlanga, Gerardo Ruiz Esparza, Emilio Lozoya
Austin; José Antonio Meade como implicado en el caso Robles y Juan Collado, que
aunque no es funcionario, está ligado al ex Presidente.
Que la
UIF investigue a quien ocupó el puesto titular de la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal (CJEF), durante cinco años, significa que se accederá a la
oficina encargada de revisar y validar los decretos, acuerdos y demás
instrumentos jurídicos “que se sometan a consideración del Presidente de la
República”, según lo
estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
También
es el encargado de revisar los proyectos de iniciativas de ley que el Titular
del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que estos estén
apegados a la Constitución. El mayor ejemplo de las tareas de Castillejos sería
la revisión de cada una de las reformas estructurales que se aprobaron y
ejecutaron en ese periodo.
Pero detrás
de Castillejos Cervantes está también una red de relaciones políticas y
familiares, como ocurre con otros integrantes del círculo cercano de Peña
Nieto.
Castillejos ocupó
el puesto de la consejería jurídica desde el 1 de diciembre de 2012. Entre sus
cargos destacan que en 2006, fue coordinador de asesores de Eduardo Medina
Mora, cuando éste era Procurador General de la República (PGR).
Luego, en
2008, participó como abogado consultor para la elaboración de la reforma al
sistema de Justicia Penal y, de acuerdo con diversos reportes periodísticos,
también como defensor privado en un caso de agresión sexual denunciado contra
un menor en Oaxaca. En 2011, Castillejos se sumó como coordinador jurídico de
la campaña del entonces candidato priísta Eruviel Ávila Villegas y, en 2012, al
equipo de transición de Peña Nieto, quien lo nombró Consejero Jurídico desde
diciembre de 2012.
En esa
oficina, de acuerdo
con un reportaje publicado en SinEmbargo, gastó 479.5 millones de pesos en
la asesoría y protección legal de Peña Nieto, un presupuesto similar al
ejercido en tres años de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso costó la
nómina de los 108 funcionarios de la CJEF que tuvo a su disposición el político
mexiquense para solventar conflictos legales durante su administración. Entre
esos asesores, 22 devengaron salarios entre 100 y 211 mil pesos, similares a
los de un secretario de Estado o el mismo ex Presidente de la República.
En este
periodo, Castillejos, el abogado principal del Ejecutivo, no contó con la
cédula profesional de litigante hasta 2015, según una revisión en sus
declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el
Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
Instalada en
el Palacio Nacional durante el peñanietismo, la Consejería Jurídica no tuvo
la visibilidad de otras dependencias gubernamentales, pero también gastaba y
algunas veces sin que ello se justificara en el Presupuesto de Egresos de la
Federación. Por ejemplo, sólo en agosto de 2013, se hicieron seis pedidos de
trajes de vestir para dama y caballero a Grupo Vanity y Grupo Lafi por 663 mil
798 pesos. El pedido más grande fue por 165 mil 288 pesos.
El 9 de
junio de 2017, renunció sin abundar en las causas. “El Presidente valora
profundamente la lealtad institucional y personal que ha demostrado, así como
el desempeño eficaz que el licenciado Castillejos ha tenido a lo largo de su
gestión”, destacó la
Presidencia en un comunicado.
“Ha sido
fundamental en el diseño, construcción, negociación y aprobación de las
reformas estructurales. Éstas han dado al país un nuevo marco constitucional
[…] Como representante jurídico del Gobierno ha defendido eficazmente los
intereses de la Federación como lo demuestra el resultado de decenas de juicios
en los que ha intervenido”, agregó.
De
Castillejos no se supo más, hasta la noticia de las posibles extorsiones dada a
conocer el pasado lunes.
LA OTRA CASA
HIGA.
El vocero
presidencial Eduardo Sánchez Hernández expuso en una carta: “El señor
presidente de la República en la época de transición, es decir, durante el
periodo en que fue declarado presidente electo y la fecha de su toma de
posesión, utilizó una casa que le facilitaba el licenciado Humberto Castillejos
Cervantes, con el propósito de sostener reuniones privadas.
Esa casa,
también ubicada en Las Lomas, era de Armando Hinojosa Cantú.
“Cabe
señalar que este inmueble fue rentado por el licenciado Castillejos desde el
año 2011 y hasta esta fecha, en la que su contrato sigue vigente con una
empresa del señor Hinojosa. Por otro lado, es importante precisar que durante
la época que fue precandidato y candidato, también acudió ocasionalmente a
realizar actividades privadas y algunas entrevistas en ese lugar”, agregó Sánchez Hernández.
Como aceptó
Presidencia, esa casa fue facilitada por Castillejos y que la había rentado
desde 2011. En ese periodo Castillejos fungió como asesor técnico. La casa está
ubicada a 2 kilómetros de la “casa blanca” de Sierra Gorda y también a pocas
calles de la representación del Estado de México en la Ciudad, de acuerdo con
Aristegui Noticias.
Esa
propiedad no fue registrada ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como
“gasto de campaña”.
LA FAMILIA
DEL CONSEJERO.
Dentro de
la familia de Castillejos hay otros dos funcionarios que ocuparon puestos clave
en la administración pasada: Raúl Cervantes Andrade y Alfredo Castillo
Cervantes.
El
primero, miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde
1997, Senador de la República desde 2012, fue nombrado el 26 de octubre de 2016
como Procurador General de la República en sustitución de Arely Gómez González,
quien fue enviada a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En 2015, su
solicitud de licencia al Senado de la República con el tiempo suficiente para
poder aspirar a la posición de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) motivó también expresiones de preocupación entre quienes
recordaron las denuncias públicas de maltrato físico que hizo su ex esposa, la
empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez.
Desde 2012,
luego del triunfo de Peña Nieto, Cervantes formó parte del Consejo Rector
del Pacto por México, acuerdo político signado entre los principales partidos
para impulsar el paquete de reformas estructurales que, como la Educativa y la
Energética, han sido proyectos clave del actual sexenio. Una vez en el Senado
de la República, presidió la Mesa Directiva que condujo la aprobación de las
mismas.
Durante
su paso por la PGR, tuvo el poder de procesar penalmente a políticos, como los
ex Gobernadores César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge
Angulo, otrora elogiados como el rostro de una “nueva generación” de
mandatarios, además de Emilio Lozoya Austin.
El otro
primo, Castillo Cervantes, también cuenta con un amplio currículum: ocupó
distintos puestos en la PGR, entre el 2003 y el 2007. En 2010, trabajó como
Procurador de Justicia del Estado de México (PEGJEM) junto a Peña Nieto, cuando
éste era Gobernador.
El
siguiente cargo destacado que tuvo fue el de Comisionado para la Seguridad y el
Desarrollo Integral de Michoacán, con resultados cuestionables y a pesar de
eso, luego fue designado como director de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade).
Para esas
alturas sus nombramientos ya eran cuestionados. Durante su administración, la
Conade erogó al menos 397 millones de pesos en gastos dispensables durante el
sexenio pasado (2013-2018). Dicha cantidad fue 1.8 veces mayor a lo que la
dependencia federal invirtió en becas económicas y educativas para deportistas
(216.60 millones de pesos) durante el periodo.
UN ÚLTIMO
ARREGLO.
En un acto
jurídico sin precedentes por el desvío de recursos en Chihuahua, la CJEF presentó
ante la SCJN una controversia constitucional para evitar las posibles órdenes
de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones, carpetas de investigación,
así como solicitudes de información mediante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El
argumento: la inconstitucionalidad del artículo 20, fracción I, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, y el 7 del Código Penal estatal. Bajo esa
letra, los gobiernos estatales pueden denunciar delitos del fuero común, pero
no del federal. Así, Peña Nieto y los miembros de su gabinete quedaron
blindados ante el caso Chihuahua.
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