Julio
Astillero.
Una de las
modas políticas de años recientes fue la designación de funcionarios
transexenales, que obedecen a los intereses y factores que propiciaron sus
designaciones y que, a la vez, lentifican, obstruyen o abiertamente sabotean a
las administraciones subsecuentes, al menos durante el lapso, intencionalmente
extendido, que duran esos encargos hechos bajo diseño envenenado. Así se han
nombrado fiscales, auditores, comisionados y otras figuras públicas, bajo el
cobijo tramposo de una autonomía que en los hechos ha sido complicidad con los
patrocinadores y problemas para los siguientes gobernantes.
Eso sucede
en Veracruz: Miguel Ángel Yunes Linares, quien podría escribir, ilustrar y
suscribir una enciclopedia de las marrullerías políticas en México, hizo que el
Congreso local designara a uno de sus subordinados políticos (y su abogado
personal y familiar), Jorge Winckler Ortiz, como fiscal general del estado. La
vigencia del encargo es de nueve años: de diciembre de 2016 a diciembre de
2025. Es decir, el amigo Winckler ha cuidado la espalda de su jefe Yunes y ha
peleado y seguirá peleando con Cuitláhuac García durante todo el sexenio de
este (2018-2024) y aún le quedará un año de la siguiente administración
estatal.
Ese diseño
ponzoñoso salta a los medios de comunicación cada vez que se produce un
episodio criminal gravísimo, como ha sucedido en el caso de las 28 personas
(tal era la cuenta oficial a la hora de escribir la presente columna)
asesinadas la noche del pasado martes en un bar de Coatzacoalcos. De madrugada,
el gobernador morenista Cuitláhuac García, a contadas horas de la masacre, ya
estaba apuntando hacia el fiscal Winckler, quien, aseguró el mandatario en un
tuit, había ordenado la liberación del principal sospechoso del ataque, alguien
apodado La Loca, 48 horas después de haber sido detenido por fuerzas policiacas
del gobierno de García. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador
asumió la versión de su carta veracruzana. Más tarde, el citado fiscal Winckler
argumentó que él nunca había tenido a disposición a la persona citada, sino la
Fiscalía General de la República.
Más allá de
la discusión legal, lo cierto es que en Veracruz se han disparado los casos
delictivos estremecedores. Ayer también se conoció un video terrible en el que,
luego de un breve interrogatorio, se degüella ante una cámara a dos jóvenes, de
29 y 31 años de edad cada cual, por ser, presuntamente, chapulines
distribuidores de droga. Ambas personas habían sido detenidas a bordo de un
automóvil en el que habían salido a cenar, revisadas y luego transferidas a una
patrulla policiaca estatal, con identificación 3225, que las condujo a manos
que luego les ejecutarían.
Veracruz es
un estado mártir: lleva varios sexenios gobernado por empresarios interesados
en los negocios y políticos igualmente empecinados en el enriquecimiento
personal. Lo más grave ha sucedido a partir de la administración del priísta
Fidel Herrera Beltrán, quien heredó el cargo a Javier Duarte de Ochoa, uno de
los máximos emblemas a nivel nacional e histórico en cuanto a cinismo,
irresponsabilidad, criminalidad y corrupción. Luego llegó el tramposo Yunes Linares
y actualmente gobierna el morenista García, relativamente amarrado de manos por
la herencia tóxica que le dejó el panista Yunes Linares en la persona del
fiscal transexenal Winckler. ¿Cuánto tiempo más resistirá este fiscal en el
cumplimiento del encargo obstructor?
Y, mientras
el presidente López Obrador ha advertido que si Morena se echa perder él no
sólo renunciaría (a ese partido) sino que me gustaría que le cambiaran de
nombre, pues tal denominación no se debe manchar, ¡hasta mañana, con Morena decidido
a no soltar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados a
Acción Nacional, pues este partido tiene 15.4 por ciento de las curules,
mientras el partido obradorista cuenta con 63 por ciento de dichos asientos!
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