MONOSAPIENS.

Rafael Loret de Mola - Las dudas de los mexicanos. (Jueves 28 de febrero de 2019)

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AMLO: Conferencia Jueves 29 Febrero 2019.

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La SCT abre audio del piloto con torre de control del accidente de Martha Erika y Moreno Valle.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró esta mañana que la investigación sobre la caída del accidente en Puebla, donde murieron la Gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso y el Senador Rafael Moreno Valle, será “absolutamente transparente”. El ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la SCT, dio a conocer los audios, que habían sido reservados, donde se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre de control, hasta los once intentos fallidos de contacto.

Aseguró que la primera respuesta sobre la clasificación de los audios se debió a que “se dio una respuesta con el machote que se da en estos casos porque hay una costumbre en aeronáutica civil”.

Dijo que no se trató de una decisión de reservar la información. “En este caso nos olvidamos de esa restricción y habrá absoluta transparencia en todos los elementos que vayamos teniendo con este lamentable suceso”, informó.

“No habrá maquillaje de ninguna cifra, la transparencia quedará documentada. Queda absolutamente transparente todo en todo momento”, aseguró.

Jiménez Espriú dijo que “no vamos a dar información que permita especulación, en el momento en que esté el dictamen de los expertos, en donde están participando de cuatro países, en el momento en que se tenga el dictamen habrá una total transparencia”. “Aquí no habrá ocultamiento de nada”, recalcó.

Milenio informó ayer que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ordenó reservar por cinco años las conversaciones de radio del helicóptero en el que viajaban la Gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, cuando se accidentaron y murieron el pasado 24 diciembre pasado. Ayer mismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no estaba de acuerdo y pidió “transparencia completa “en el caso.

La SCT dio a conocer esta mañana esos audios.

El ingeniero Carlos Morán Moguel, Subsecretario de la SCT, explicó que en los audios, que habían sido reservados, se escucha desde la primera comunicación que se dio entre el piloto y la Torre, a las 14:34 horas. Así como los 10 intentos fallidos de comunicación desde la torre con la aeronave. Se explicó que en los audios hay 15 minutos en los que no hay ninguna comunicación. A las 14:49 de ese 24 de diciembre se dispara el proceso de emergencia.

Y anunció que el helicóptero salió de una jardín de una casa privada propiedad del empresario José Chedraui, de donde solía salir el helicóptero.

“Torre Puebla buen día del Extra Alfa Brazo Oscar Noviembre saliendo del triángulo por LE EEHH Radio Capital de la Ciudad de México”, comunicó el piloto.

Precisó que se dieron otras comunicaciones en las que se les pide que “cruzando la estación”. Después hay varias comunicaciones en las que se le pide informe si ya pasó la estación. Hubo al menos 10 intentos de contacto posteriores sin respuesta.

Luego, a las 14:49 se dispara el proceso de emergencia.

Carlos Morán Moguel detalló que en los accidentes de aviación no se entrega información abierta hasta que estén terminadas las investigaciones, se pueden dar informes pero no los datos que conlleven a una conclusión irresponsable de la investigación. Precisó que el caso de los audios sí se pudo haber contestado sin seguir el patrón burocrático convencional.

La dirección de Aeronáutica civil tiene una respuesta de reserva de cinco años que ha utilizado históricamente la dirección y así se contesta a estos requerimientos, Dijo que se va a revisar porque no tiene sentido, la cual es para darle tiempo a la terminación de la investigación. Precisó que estas reservas son similares a las de otros naciones.

“Por esas razones no se da la respuesta que probablemente se habría deseado. Este es una tema de relevancia nacional no hay ninguna razón por la que nosotros no pudiéramos desincorporar de la condición de reservada.

LA INVESTIGACIÓN.

Morán Moguel precisó que actualmente la investigaciones se encuentran en la etapa del proceso de análisis detallado de laboratorio, que toma entre una año y medio y dos años.

Dijo que se empacaron y se enviaron los componentes (sistema de transmisión, de control electrónica y motores) a Italia, Estados Unidos y Canadá. El 4 de marzo comenzará la investigación de los motores con la apertura de los paquetes.

Se contará con el apoyo de la autoridad de seguridad canadiense; de la agencia espacial del National Transportation Safety Board de Estados Unidos y de la Dirección de Aeronáutica Civil de México; se llevará a cabo en Montreal.

La investigación del rotor principal iniciará el 18 de marzo en Italia, ahí se hará la apertura. Participaran de Canadá, Estados Unidos, de la Dirección General de Aeronáutica y las autoridades de aeronáutica civil de Italia.

La investigación de los actuadores lineales se comenzará el 1 de abril en Phoenix, Estados Unidos.

Y con Zedillo, los ferrocarriles y miles de millones fueron para Peñoles, Grupo México y Tribasa.

Por Dulce Olvera.

De 1996 a 1998, el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León privatizó el sistema ferroviario mexicano. Otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) y por mil 400 millones de dólares a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.

Al término de su gobierno, Zedillo participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.

Las líneas concesionadas cubrieron 22 mil 130 kilómetros de vía, el 84 por ciento de la red ferroviaria y el 95 por ciento del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90; el personal empleado era de 15 mil 500 personas y se contaba con mil 220 locomotoras y 254 mil carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Para 2017, la infraestructura ferroviaria en México suma un total de 23 mil 366 kilómetros de vía en operación, de acuerdo con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

El 55.4 por ciento de la carga total transportada por ferrocarril se concentra en el maíz, el cemento, los contenedores y los laminados de fierro y acero, muestran datos de la ARTF.

“No se vio bien, no es ético. Zedillo promueve la privatización de los ferrocarriles y termina su mandato y se va a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales”, declaró el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina sobre “la puerta giratoria” de ex presidentes.

Su gobierno plantea la construcción del Tren Maya y un corredor transístmico para el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec a través de la asociación público privada.

“El primer ferrocarril se hizo en la época de la República Restaurada, lo inició Juárez, lo terminó Lerdo, fue el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, poco más de 600 kilómetros; y Porfirio Díaz hizo más de 20 mil kilómetros, se comunicó a todo el país; y luego en la Revolución, lo mismo. Y llegaron estos tecnócratas, corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles”, reiteró el mandatario la semana pasada.

LA VENTA DE TRENES

La primera ruta México-Veracruz fue inaugurada en 1873 durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Los Ferrocarriles Nacionales de México fueron creados por Porfirio Díaz en 1907, sirvieron en la Revolución para transportar tropas y fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río en 1937.

Pero en 1995 inició el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano al aprobarse una reforma al Artículo 28 Constitucional que permitió la inversión privada en ferrocarriles.

En diciembre de 1996, Transportación Marítima Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno mil 400 millones de dólares por la concesión de 3,960 mil kilómetros de vías, más de 3 mil locomotoras y alrededor de 10 mil vagones. Ese tramo de vías férreas, que movía el 40 por ciento de la carga, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá.

En junio de 1997, se pagó la concesión de 50 años por 4.5 millones de dólares del Ferrocarril Pacífico Norte al Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado por Grupo México, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y la norteamericana Union Pacific, de la que fue consejero el ex Presidente Ernesto Zedillo. La empresa Ferrocarril Mexicano (Ferromex) empezó a operar la línea de 6 mil 200 kilómetros un año después.

En octubre de 1997, se dio la concesión por 20 años de la línea corta Coahuila-Durango, al Grupo Acerero del Norte asociado a Industrias Peñoles, así como la concesión por 20 años de la línea corta Tijuana-Tecate a Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana.

Y en julio de 1998 julio se anunció la concesión del Ferrocarril del Sureste por 50 años al Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) por 322 millones de dólares.

Las ventas se dieron bajo el argumento oficial de que 81 por ciento de las vías estaban deterioradas y el parque de vehículos operaba a 60 por ciento de su capacidad.

Para agosto de 1999, Ferrocarriles Nacionales de México dejó de administrar y operar las vías generales de comunicación ferroviaria y de prestar el servicio público de transporte ferroviario.

LOS TRES LÍDERES.

Ferromex y Ferrosur de Grupo México, así como Kansas City Southern de México (hasta 2005 Transportación Ferroviaria Mexicana) son las empresas ferroviarias que acaparan el 93.6 por ciento de la participación en las vías terrestres, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, se define como la empresa de transporte ferroviario más grande, más rentable y de mayor cobertura en México al ofrecer servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros. Sus filiales son Ferromex, Ferrosur e Intermodal México.

De acuerdo con el Portal de Transparencia, Ferromex ha recibido 33 concesiones desde la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, con vigencias de cinco a 50 años, incluyendo el permiso para instalación de anuncios publicitarios.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) le ha dado 20, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le ha brindado una y de las 12 dadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destacan las vías Pacífico-norte, en Ojinaga-Topolobampo y la Vía Corta Nacozari, que suman 46 por ciento de la participación en el mercado.

De transporte de pasajeros, Ferromex ofrece servicios turísticos en la zona de haciendas tequileras en Jalisco, llamado “Tequila Express” y otro en las Barrancas del Cobre, en la ruta del “Chepe” de Chihuahua a Los Mochis, Sinaloa.

La filial Ferrosur, que opera 14 por ciento del total de participación, ha obtenido 12 concesiones desde Ernesto Zedillo hasta la fecha, con vigencia de 30 a 50 años. Ocho han provenido de la SCT, entre ellas, para las Vías Cortas Oaxaca y Sur, y las otros cuatro de la Conagua.

En mayo pasado, durante el proceso de campañas, Grupo México emitió una carta a sus empleados, colaboradores y accionistas para asegurar que las concesiones mineras, ferroviarias y carreteras que opera no son producto de corrupción como el entonces candidato presidencial “injustamente” acusó.

“El término ‘concesión’ no es sinónimo de corrupción ni de compadrazgo como se ha insinuado recientemente”, escribió Germán Larrea, quien en la lista de Forbes está en el segundo lugar de los hombres más ricos de México, con una fortuna cifrada en 17 mil 300 millones de dólares. “Como empresario creo en un modelo capitalista de libre mercado con un alto contenido de responsabilidad social”, aseguró. Por lo que criticó las intenciones de “un gobierno populista” y la “estatización de empresas”.

López Obrador respondió desde un mitin que entendía que Larrea Mota Velasco “no quiera el cambio porque le ha ido muy bien. Él, antes de Salinas [Carlos Salinas de Gortari], no aparecía en la lista de los hombres del mundo […] Aparece desde que Salinas le entregó la mina histórica de Cananea, en Sonora”.

Esta semana ambos se reunieron en Palacio Nacional para hablar sobre las víctimas de la mina Pasta de Conchos.

Respecto a Kansas City Southern de México, dirigida por José Guillermo Zozaya Delano, el Portal de Transparencia registra siete concesiones por 50 años dadas por la SCT y Conagua para la vía ferroviaria del Noreste, que opera el 32.80 por ciento de la participación del mercado ferroviario.

“Hemos podido contactarnos con Obrador y todos los equipos de los candidatos y hablar de esto en términos de concesión; todos ellos nos han expresado directamente su interés en respetar los términos de la concesión y, por supuesto, el imperio de la ley. Entonces nos sentimos muy seguros en ese sentido”, manifestó Zozaya en el periodo de elecciones respecto a la continuación de las concesiones.

Revivir al PES sería golpe a la Constitución: Figueroa; pondría en riesgo la laicidad del Estado: Barranco

"Estamos ante un modus operandi religioso, que es básicamente algo que está prohibido en la Constitución Mexicana, que es el voto corporativo", señaló el sociólogo Bernardo Barranco.

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Un poco de todo.

Las razones del PES.

Los argumentos a favor de registrar el PES no son pocos ni débiles. Por un lado está la enorme cantidad de legisladores que obtuvieron tanto a nivel federal como local. Por otro lado está el hecho de no se abrieron todos los paquetes que el partido impugnó y con cuyo recuento esperaba llegar a la cifra requerida. Así que va a ponerse muy interesante la discusión en el Tribunal. Pero incluso, aún si la resolución no fuera favorable, ya hay un ‘plan B’, que es el registro de una nueva organización: el Partido Encuentro Solidario, que tiene todo para conseguirlo. Así que de una forma u otra, todo indica que habrá PES para rato.

Cercanía con el CCE.

Como si fuera mitin de gira, entre empujones, fotos y más fotos, salió el presidente Andrés Manuel López Obrador de la asamblea del Consejo Coordinador Empresarial. Durante su discurso hizo notar que conoce al nuevo presidente del CCE, Carlos Salazar, desde hace 20 años. Cuando el exdirector general de FEMSA –quien por cierto dijo que los empresarios serán aliados del mandatario– acompañó al jefe del Ejecutivo hasta su Jetta, López Obrador le reiteró que le daba mucho gusto que lo hubieran elegido, e instruyó a Alfonso Romo, jefe de su oficina, a ponerlo en contacto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Aquello tuvo, pues, tintes de una segunda “luna de miel” con la IP.

¿Otra huelga?

Hoy se realizará la asamblea general de trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para votar si se acepta o rechaza el incremento salarial de 1% que presentaron las autoridades de esa casa de estudios. De no aceptarse, la universidad creada durante la jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador sería la segunda en la Ciudad de México –luego de la UAM– en estallar la huelga. Trasciende que la oferta es menor al 3.35% que se ha ofrecido en otras universidades, por lo que será muy probable que el viernes cierren las puertas de la UACM.

Evita Arturo Alcalde “limón a la herida”

Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, prefirió evitar mayor controversia y mejor no acudió ayer a San Lázaro, donde estaba como primero en la lista para participar en la audiencia pública sobre la reforma laboral. Aunque la propia secretaria sostuvo el martes ante diputados que “ya está bastante aclarado y ya hemos dicho que no ha habido ni hay conflicto de interés”, el conocido asesor laboral no llegó. “No quiso ponerle limón a la herida”, deslizó el perredista Antonio Ortega.

Senadores citarán a Jiménez Espriú.

Los grupos parlamentarios en el Senado –todos, nos dicen– presentarán hoy un punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, y demás funcionarios involucrados en la investigación de la caída del helicóptero donde murieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. El priista Manuel Añorve comentó que dichas comparecencias deberán ser públicas y abiertas a la prensa, “porque existe mucha confusión, mucha desinformación, lo único que queremos es transparencia y resultados concretos”.

Juez analiza si retira condecoración a yerno de Trump.

Tras casi tres meses de batalla legal, una ONG logró que un juez de distrito aceptara a trámite un juicio de amparo que busca tirar el acuerdo por el que se dio la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca a Jared Kushner. El amparo se tramitó el 12 de diciembre y fue aceptado a trámite la semana pasada.

El pleito de Cuau con su fiscal.

Es muy sabido que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no quiere para nada a su fiscal general, Uriel Carmona, y aunque ha hecho lo posible para removerlo, un amparo que obtuvo el funcionario se interpone en el camino. Pero ahora parece que tiene un buen pretexto; resulta que Carmona perdió la cartulina con el mensaje que sicarios dejaron en el lugar donde mataron al opositor a la termoeléctrica, Samir Flores; prueba con la que se lanzó a relacionar el homicidio con el crimen organizado. Para echarle una mano al gober, ayer diputados locales de Morena demandaron el cese del fiscal.

Brinca del PT al PES.

Pues en cuestión de filias partidistas siguen los reacomodos. Y es que anoche, la diputada en Edomex Julieta Villalpando renunció al Partido del Trabajo. Y más tardó en dimitir, que en instalarse en otro grupo, pues ya fue nombrada coordinadora de Encuentro Social. Ahhh, eso sí, el PT salió inmediatamente a aclarar que la baja no fracturará a su partido y mucho menos a la izquierda. ¿Será que, como se dice, el PES resurgirá de entre las cenizas, ahora están robándose a políticos de sus aliados?

Un golpecito a Toledo y un respiro para Negrete.

Eduardo Ramírez Vallejo, excolaborador de Mauricio Toledo y heredado como asesor al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, fue suspendido de sus funciones hasta que se investiguen los supuestos actos de corrupción y abusos de los que se le acusa. Ya veremos si poco a poco comienzan a caerse los rastros del experredista en esa delegación y que ciertos personajes no quieren en Morena.

En MH se ponen las pilas contra inseguridad.

Y donde se reunieron con el objetivo de reforzar la seguridad fue en la capital mexicana. Resulta que el gabinete de Procuración de Justicia tuvo un encuentro fructífero con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y alcaldes, ayer, donde convinieron que para reforzar la seguridad en la capital mexicana se echará mano del esquema de policía de proximidad. Por lo pronto, el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, consideró como fructífera la reunión y reiteró que seguirá trabajando coordinadamente con la procuradora Ernestina Godoy y con el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta.

CNTE, como “cuchillito de palo”

›Los que piden y piden, pero para cumplir nada más nanay, son los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y es que, según habían anunciado un plantón de 72 horas afuera de la Cámara de Diputados, para pedir la derogación de la Reforma Educativa. Pero si desde diciembre el Presidente López Obrador firmó la iniciativa y el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, dijo que el dictamen podría estar listo para marzo. O sea, en unos días. A ver si hoy no salen con que retoman la protesta.

Cancillería protestó por detención de Ramos.

Georgina Morett.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no quería involucrarse en la retención del periodista Jorge Ramos y su equipo técnico, la Cancillería mexicana externó su protesta al gobierno venezolano y pidió una explicación satisfactoria.

En una carta enviada a la embajada de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa “su protesta por los hechos ocurridos el jueves 25 de febrero en Caracas, Venezuela, que afectaron a los nacionales mexicanos Jorge Ramos, Martín Guzmán y Pedro Zayd Ultreras”.

En el documento que fue enviado el 26 de febrero se solicita a la embajada que transmita a sus autoridades “la protesta del gobierno de México” por estos hechos que afectaron los derechos humanos de ciudadanos de nuestro país, y “agradece que se realicen las investigaciones del caso, se ofrezca una explicación satisfactoria y se devuelvan los materiales confiscados”.

Es decir, que a pesar de que se mantienen los principios de no intervención sobre la presidencia de Nicolás Maduro, la Cancillería sí defendió a nuestros connacionales y lamentó la retención contra su voluntad de los periodistas.

Es positivo que la respuesta ante esta detención ilegal no sólo haya quedado en un comunicado y en las redes sociales, sino que se pidieron explicaciones directas al gobierno venezolano.

Se fortalece Codere en México y en España.

A pesar de la devaluación de la moneda Argentina, Codere, empresa líder internacional en el sector del juego privado, obtuvo un beneficio neto de 15 millones de euros en el último trimestre de 2018.

Esto demuestra la solidez del negocio de la compañía, que continúa en su senda de crecimiento, lo cual se evidencia en el hecho de que los ingresos de explotación, sin tener en cuenta el efecto divisa, han aumentado un 9%, hasta los 1,791 millones de euros.

Uno de los bastiones de la empresa en la Ciudad de México es el Hipódromo de las Américas, que en el arranque de este año ha mostrado un crecimiento en los rubros de alimentos, asistencia y apuestas de cerca del 15 por ciento, en comparación con el inicio de la temporada de 2018.

Y en España acumula crecimientos de doble dígito aunque los ingresos de explotación de Codere crecieron un 9 por ciento a tipo de cambio constante.

Tabasco: complicidad “distracción”

En Tabasco hay un negocio redondo con los automovilistas. Los ciudadanos pagaron por sus placas, pero al mes el gobernador saliente, Arturo Núñez, decidió que había que cambiarlas y, por supuesto, tuvieron que pagar nuevamente por ellas.

Y desde la llegada del nuevo gobierno de Morena, de Adán Augusto López, ha habido “varios errores”. La Secretaría de Finanzas cobra por las placas y las entrega al ciudadano, pero resulta que “algunas de ellas” ya cuando salen a la circulación están reportadas como ROBADAS. ¿Lo sabrá el titular, Said Mena Oropeza?

Después entra en escena la nueva fiscalía, cuyo titular, Humberto Lastra, seguramente también ignora que sus agentes judiciales literalmente cazan a los conductores de los vehículos y les informan que las placas que pagaron están reportadas como robadas.

Detienen al conductor, solicitan servicio de grúa y son llevados al corralón, mientras les cobran los gastos y una multa, les exigen demostrar la propiedad, como le sucedió al dueño del Nissan Sentra 2005, placas WRE6147, quien tuvo que demostrar que es dueño del vehículo y quieren volver a cobrarle las placas que ellos le entregaron y que ahora dicen que son robadas, negocio redondo para la Secretaría de Finanzas.

Prensa, gobierno y corrupción.

Salvador Camarena.

Merece un análisis más detallado, pero sin duda ha resultado notable que en los tres primeros meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, algunos de las denuncias periodísticas que ponían en entredicho el discurso presidencial anticorrupción motivaron una reacción inmediata del Presidente.

La dupla periodismo+reacción presidencial da como cosecha mínima el que dos secretarios de Estado tuvieran que reconocer sendas propiedades en Houston que no habían incluido en su declaración patrimonial; que otros funcionarios de Pemex fueran cesados luego de la denuncia de que habían participado en La Estafa Maestra, y la caída de alguien de polémicos antecedentes que había sido nombrado en Aduanas.

Antes de echar campanas al vuelo y concluir que las denuncias periodísticas son debidamente atendidas por el nuevo gobierno, conviene detenernos a evaluar el papel de los medios en la lucha contra la corrupción. Es un debate abierto y para abonar en el mismo me gustaría citar dos elementos.

El primero viene incluido en el libro ¿Qué es la corrupción?, de Leslie Holmes, cuya traducción acaba de publicar en México la editorial Grano de sal.

Ahí Holmes revisa el rol que juegan distintos actores frente a la corrupción. Al abordar el caso de la prensa, retoma a otro autor y establece una tipología que me parece muy provocativa:

“En un sistema democrático que funcione bien, los medios de comunicación masiva, tanto impresos como electrónicos, tienen un papel importante en el combate a la corrupción. Pueden investigar denuncias y publicar sus hallazgos, y presionar directa e indirectamente a las autoridades para que a su vez investiguen.

“Por desgracia, en muchos países los medios no disfrutan de la autonomía que deberían tener. Para describir los distintos papeles y naturalezas que pueden adoptar los medios, Rodney Tiffen utiliza una metáfora canina que los clasifica en cinco categorías posibles:

“El perro guardián (el papel ideal para los medios), el perro guardián amordazado (los medios están severamente limitados, no sólo por la censura, sino también por leyes antidifamación gravemente sesgadas hacia los intereses de aquellos a quienes los medios acusan de malos manejos), el perrito faldero (los medios se dejan manipular por las élites políticas), la jauría estridente (los medios hacen mucho ruido, con frecuencia se copian unos a otros, pero ni investigan los casos como es debido ni asumen un papel constructivo) y el lobo (el tipo más peligroso, en el que los medios no se preocupan por investigar las denuncias como es debido y publican en forma irresponsable, con lo que aumentan el cinismo del público y minan la legitimidad del sistema).

“La tipología de Tiffen deja claro que el papel de los medios en el combate a la corrupción puede ser limitado o incluso negativo”. (Páginas 165 y 166)

Citado lo anterior, conviene también recordar que el papel de la prensa, por bueno o malo que sea, se inscribe en un contexto específico, y que toca a las instituciones la responsabilidad de ahondar sobre aquellos indicios que hayan sido revelados por los periodistas.

He ahí el segundo elemento. A veces se quiere que la prensa sea responsable de que, publicado un hallazgo de presunta corrupción o ilegalidad, el caso se lleve a sus últimas consecuencias. No hay tal. Eso corresponde al gobierno, como lo explicó en septiembre de 2018 el mismísimo Bob Woodward, en entrevista al New York Times.

Woodward desmonta el discurso que lo hace responsable, a él y a Carl Bernstein, de la caída de Richard Nixon:

“Nixon renunció no debido a lo que reportamos, sino porque iniciamos un proceso en el que el gobierno analizó más profundamente lo que había sucedido”, dijo el histórico periodista del Washington Post.

“Atrajeron la atención del público hacia un tema que el gobierno habría ignorado de otro modo, poniendo en marcha un proceso que lleva a la caída de Nixon. ¿Es así?”, le pregunta el periodista del Times a Woodward.

“Sí. Y lo que sucedió… recuerdo que Sam Ervin, el senador que estableció el comité sobre Watergate, antes de hacerlo me llamó y dijo: ‘Venga a verme’. Y él quería conocer nuestras fuentes. Y yo dije: ‘Simplemente no puedo hacerlo’. Y el senador Ervin, para su gran mérito, respondió: ‘Lo entiendo, pero vamos a lanzar una investigación de cualquier manera, porque pienso que hay muchas preguntas importantes sin responder aquí’. Y, como sabe, el comité sobre Watergate del Senado fue el criterio de referencia de las investigaciones del Congreso. Escucharon el testimonio de todos. Quiero decir, se prolongó semanas. Quiero decir, las cadenas dejaron de transmitir telenovelas y difundían las audiencias de Watergate completas. Así que pienso que existía la sensación de que uno puede pasar del periodismo a la acción gubernamental”.

En conclusión, la prensa ha de cuidarse de no ser una “jauría estridente de lobos” que fomenta el cinismo, pero el gobierno debe reaccionar a las revelaciones no sólo con ceses o regaños, sino yendo más allá, buscando las respuestas profundas a las cuestiones que surjan de revelaciones periodísticas.

Guanajuato: PRI en liquidación, priistas en bonanza

Por Arnoldo Cuellar.

Cuando se llegue a las próximas elecciones intermedias, el PRI de Guanajuato estará cumpliendo treinta años fuera del poder y tres de haber descendido a un auténtico partido de la chiquillada. Hay quienes dicen, sin embargo, que las formas priistas no han muerto y gozan de cabal salud en gobiernos como el panista de Guanajuato y el de Morena a nivel federal.

Sin embargo, más allá de ese triunfo cultural, que también podría ser heredado del porfirismo o de la vocación mexicana por el caudillismo, lo cierto es que el PRI de Guanajuato, y quizá el del país entero, está en vías de extinción no por otras causas que las de su propia responsabilidad.

Por lo pronto en la entidad, los capitostes que podrían reclamarse como jefes políticos del priismo en desbandada, están literalmente en fuga.

El último candidato a Gobernador, que se hundió como peso muerto en la campaña electoral de 2018, está señalado como uno de los grandes beneficiarios del fraude con recursos públicos destinados a “fundaciones” presuntamente sociales pero manejadas y expoliadas con fines no sólo políticos, sino de abierta corrupción.

Gerardo Sánchez, de acuerdo con investigaciones publicadas desde hace más tres años, había desviado cerca de 90 millones de pesos a través de la Fundación Organizados para Servir, presuntamente para realizar proyectos sociales y culturales de los cuales existía una deficiente o nula comprobación.

Más cerca ya de construir su candidatura a Gobernador, el entonces Senador guanajuatense que encabezaba la Comisión de Cultura de a Cámara Alta, creo una nueva fundación, Juan José de los Reyes Martínez “El Pípila”, para proyectos culturales, donde siguió el mismo patrón. Hoy tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por otros 10 millones de pesos.

En el transcurso de esos años, Sánchez hizo crecer su patrimonio con inmuebles en su natal Salvatierra, en Querétaro, San Miguel de Allende y en Guanajuato capital, donde adquirió una finca catalogada en plena Plaza de la Paz, en la planeaba hacer un hotel.

Es evidente que ni los sueldos de Senador y de líder cenecista juntos podrían amparar un enriquecimiento así. El mal manejo de los fondos públicos a través de asociaciones civiles espurias ha sido uno de los blancos del nuevo Gobierno morenista y en casos como el de Sánchez es evidente que la sospecha no sólo da en la diana, sino que se queda corta.

Sin embargo, el ex candidato a Gobernador priista sigue manejando los restos del naufragio de su partido y está convertido en un obstáculo enorme para que pueda pensarse siquiera en un reinicio, así sea desde cero.

Enfrente, de regreso ya en Guanajuato, está otro protagonista del éxito en que se convirtió ser parte de un partido de derrotas seguras. A la llegada de la 4T, Francisco Arroyo Vieyra debió dejar el muelle exilio político al que se sometió como Embajador de México en Uruguay, para regresar a Guanajuato y dedicarse a la administración del extenso patrimonio inmobiliario que acumuló a lo largo de 24 años de legislador, alternadamente local, federal y una curul senatorial.

La adquisición de fincas palaciegas a lo largo y ancho de Guanajuato tampoco podría explicarse con las dietas completas de esos cuatro sexenios, a menos que no hubiera gastado en nada más, lo que no era el caso. Mucho menos podría explicarse la cuenta bancaria de un millón doscientos mil dólares que le fue descubierta en Andorra, un santuario del blanqueo de capitales, por una investigación del periódico El País.

Por cierto el entonces embajador refutó al País en un artículo casi telegráfico en la revista El Mundo del Abogado, lo que constituye una réplica por lo menos peculiar, al responder en una revista ultra especializada y de bajo tiraje a un acreditado diario de presencia global.

Las cosas no quedan ahí, sin embargo. Arroyo ha mantenido un alto perfil en la política municipal en Guanajuato, colocando alfiles en administraciones de distinto signo, usufructuando espacios como el sistema de agua municipal, donde colocó un titular de consejo sin el menor perfil para el cargo; y ahora la dirección de turismo y economía del actual Gobierno panista, además de colocar síndicos y regidores a través de diversos partidos.

Así manejó al Gobierno del priista Edgar Castro Cerrillo, que concluyó en un auténtico desastre; y así está conduciendo al Gobierno del panista Alejandro Navarro, que tampoco levanta cabeza.

Pero Arroyo no se contenta con la influencia política, sino que también ha logrado dividendos al conseguir que las dos administraciones municipales le arrienden algunas de las casonas que incorporó a su patrimonio en estos años.

De 2014 a la fecha, el ex legislador y hoy ex Embajador ha obtenido la nada despreciable cantidad de 3.7 millones de pesos por concepto del arrendamiento de las casas ubicadas en Alonso 18 y Alonso 20, las cuales son empleadas para oficinas municipales. Esos contratos han sido refrendados por el nuevo Gobierno del PAN.

Así como están ocupados estos próceres del priismo, en temas tan materiales como administrar sus caudales y sus inmuebles, además de defenderse de los embates de la Cuarta Transformación con su moralina y su austeridad, se ve difícil que lo que queda del priismo pueda encontrar en ellos inspiración para despegar con nuevos aires.

Pese a ello, muchos priistas, incapacitados para desprenderse de sus cadenas mentales, siguen viendo a los Sánchez y los Arroyos como venerables personajes cuya opinión debe ser tomada en cuenta. Por eso no hay quien les arriende las ganancias.

La evidencia contra los intereses en la educación.

Por Jorge Javier Romero Vadillo.

La discusión sobre la Guardia Nacional, y su (más o menos) afortunado desenlace en el Senado ha mostrado que, a pesar de las intenciones hegemónicas, la democracia mexicana ha desarrollado mecanismos propicios para la deliberación democrática, gracias a los cuales ninguna fuerza puede imponer su voluntad absoluta y todas las partes están obligadas a negociar. Las reglas para la formación de mayorías reformadoras, que hacen más difíciles los cambios constitucionales que los de la legislación ordinaria, sirven para dificultar la formación de coaliciones distributivas que beneficien los intereses de una mayoría en perjuicio del resto de la sociedad. Al mismo tiempo, la deliberación abierta de los asuntos públicos obliga a sopesar las evidencias a la hora de legislar, lo que atempera la simple imposición de intereses particulares.

Si la discusión de la Guardia Nacional es relevante porque atañe al tema de la seguridad pública, uno de los principales servicios que debe garantizar el Estado, no lo es menos el debate abierto sobre la educación. La tarea educativa es, junto con la salud, una de las principales responsabilidades sociales para un Estado que pretenda reducir la desigualdad de oportunidades, más en un país como México, escindido por una abismal brecha de inequidad. Cualquier Gobierno que se pretenda de izquierda debe poner como objetivo una educación para la equidad, que compense con conocimientos y competencias las desigualdades de origen. Los sujetos del derecho a la educación deben ser las niñas y los niños hasta la edad adulta, de manera que puedan decidir con libertad su oficio o profesión, sin que las condiciones económicas determinen de entrada los ámbitos de ocupación o los condenen a la marginación, la informalidad o el desempleo crónico.

Sin embargo, los términos en los que ha planteado el actual Gobierno el debate sobre el tema educativo parecen poner por delante los privilegios corporativos mientras soslayan los objetivos que debe cumplir el sistema de enseñanza. La reiteración desde la campaña de que el objetivo del Presidente es echar abajo la “mal llamada reforma educativa” refleja más la intencionalidad política de congraciarse con el gremio magisterial, lastimado por los cambios del sexenio pasado, que por encontrar un buen arreglo que haga compatibles los intereses de los maestros con la necesidad de desarrollar un sistema educativo eficaz para superar el tremendo rezago de la calidad educativa en México.

El Gobierno ha presentado ya su iniciativa de reforma constitucional con la que pretende demoler los cambios de 2013. De acuerdo con la propuesta, se extirparía de la Constitución la obligatoriedad del concurso de ingreso para la asignación de puestos magisteriales en la enseñanza pública, lo mismo que para las promociones a cargos de dirección y supervisión. El objetivo aparente es eliminar las consecuencias negativas de la evaluación del desempeño, bestia negra del magisterio, tanto del afiliado al sindicato dócil, como el que se encuadra en las filas de la organización radical con discurso insurreccional y estrategia de sabotaje. Sin embargo, la iniciativa presidencial no se detiene en la eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el empleo, pues también parece querer volver a un sistema donde el ingreso y la promoción magisterial dependían de la arbitrariedad administrativa y el control sindical.

Todo indica, también, que el Gobierno desdeña la evidencia acumulada sobre el lamentable estado de la educación y sobre los efectos que la buena formación y los mecanismos adecuados de reclutamiento tienen sobre el desempeño profesional de los docentes y los efectos que esto tiene en el aprovechamiento de los alumnos.

El objetivo del Gobierno es, por lo visto, político: busca la reconciliación corporativa del Estado con el gremio magisterial, al que hizo su aliado desde la campaña electoral, aun cuando es evidente que el ala radical agrupada en la CNTE no tiene ninguna intención de cambiar la estrategia de chantaje permanente que tan buenos réditos le ha generado desde hace más de tres décadas. Para congraciarse con el corporativismo sindical, la iniciativa presidencial no sólo elimina los términos que se han considerado punitivos de la evaluación del desempeño magisterial, sino todo el proceso de profesionalización diseñado para acabar con el sistema de botín que tradicionalmente había operado en la asignación de las plazas docentes. Por añadidura, pretende eliminar la autonomía del órgano encargado de evaluar no a los maestros, sino al sistema educativo en su conjunto.

Frente a esta intencionalidad política, el constituyente permanente tiene la obligación de poner por delante los objetivos sociales de la educación pública, que van más allá de los intereses laborales de los maestros. La evidencia disponible, documentada por investigadores como Ricardo Estrada –quien hace unos días publicó en el estupendo blog de educación de la revista Nexos un resumen de su trabajo sobre las ventajas que en el aprovechamiento de los alumnos de telesecundaria tienen los maestros seleccionados por mérito– muestra que los cambios en el sistema de profesionalización docente han comenzado a dar buenos resultados. Con esos argumentos, la oposición en el Congreso debe actuar como lo hizo en el caso de la Guardia Nacional, para forzar a la mayoría a negociar un cambio constitucional que no destruya lo avanzado, mientras corrige los errores de la reforma de 2013.

Es posible conciliar los intereses de los maestros con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. Si el mayor agravio de los profesores ha sido que la evaluación del desempeño resulta amenazante, entonces lo que se debe hacer es cambiar el tipo de evaluación y su sentido, para convertirla en un proceso promocional, de manera que el buen desempeño sea premiado, mientras que los malos resultados se compensen con programas de formación permanente. De ahí a eliminar los concursos de ingreso y de promoción y a crear un órgano controlado una vez más por las organizaciones gremiales para que la evaluación sea una simulación hay un gran trecho.

La iniciativa presidencial se deberá dictaminar junto con la presentada por los cuatro grupos parlamentarios de oposición y elaborada por los académicos agrupados en RED. Es de esperarse que en el proceso de dictamen se tomen en cuenta las opiniones de los especialistas que participaron en las audiencias de la semana pasada en el Senado. Una vez más vale la pena construir un consenso que tome en cuenta la evidencia para ajustar la Constitución de acuerdo con ella y no sólo con los intereses políticos de la coalición mayoritaria.

En su cancha, presidente.

Javier Risco.

Hace un mes, en una de las ya famosas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció la reestructura de deuda de 160 mil trabajadores a los que su crédito se había convertido en una impagable cuenta que, aunque abonaran, sólo crecía.

En ese momento parecía un ejercicio de esa famosa cuarta transformación que estaba intentando mejorar la vida de los que todos los días trabajan un poco para pagar un techo que tardan de 20 a 30 años en llamar “suyo”.

“El director del Infonavit explicó que desde 2015 no se otorgan financiamientos bajo el esquema propuesto, pese a que todos los créditos emitidos con antelación fueron contratados en ese rubro, por lo que en 2017 el incremento de los mismos se realizaba con referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a fin de colocar el aumento entre el valor del salario mínimo y del UMA.

“Derivado de esto, señaló que los trabajadores concentrados en el esquema en VSM presentan dificultades para terminar de pagar sus créditos bajo el modelo implementado en 2017, ya que destinan menos a su capital y su deuda incrementa conforme al UMA”, señalaba la prensa que cubrió la mañanera. El mensaje estaba ahí: el Infonavit cumplía con el pueblo bueno que confió en que bastaba la buena voluntad de un político idealista y su determinación para terminar con la corrupción, para que México fuera otro.

Ayer, una investigación periodística, esa que va más allá del discurso que todos los días posiciona al Ejecutivo como trending topic, de ese que México necesita para ver el panorama completo de lo que nos está pasando, nos abrió los ojos sobre algo más que pasa en el Infonavit, además de la reestructuración de deudas.

Raúl Olmos y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad nos contaron sobre dos funcionarios que hoy siguen teniendo un nivel directivo en el Infonavit y que aprovechando sus cargos abusaron de su autoridad para beneficiarse de su puesto: el director empresarial del Infonavit, Sebastián Bernabé Fernández Cortina, y el director general de Riesgos, José Manuel Pelayo Cárdenas.

Lo que Olmos encontró debería prender todos los focos rojos de la 4T. ¡Avísenle a Andrés Manuel! No, Presidente, la corrupción no se va a terminar nomás porque usted lo dice o con la confianza de que “no somos malos por naturaleza”.

“El actual director empresarial del Infonavit, Sebastián Bernabé Fernández Cortina, traspasó una deuda personal de 5.2 millones de pesos al propio instituto a una tasa de 4% anual y 0% en intereses moratorios.

“El traspaso de su deuda se efectuó en diciembre de 2015, cuando la tasa promedio que cobraba el Infonavit a los trabajadores por un crédito hipotecario era de 12%, según consta en documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Aquel año, el Infonavit otorgó 690 mil créditos a igual número de trabajadores, quienes tuvieron que pagar una tasa 3 veces superior de la que gozó el propio directivo del instituto”. Así abre la investigación de MCCI que para efectos de fact checking tiene a disposición de todos (empezando por las cabezas de la Secretaría de la Función Pública: cof, cof, Irma Eréndira Sandoval) para corroborar hechos.

Una de las cabezas del instituto que da vivienda a los trabajadores se aprovechó de su cargo para abusar y beneficiarse en lo personal. Spoiler alert, Andrés: sí, eso también es corrupción.

En el reportaje también se revela que Pelayo Cárdenas usó un esquema similar y “traspasó al mismo instituto otro adeudo bancario por 8 millones 500 mil pesos, con los mismos beneficios de 4% de tasa anual ordinaria y 0% en interés moratorio”. En eso sí tiene razón, Presidente: si lo hacen los de arriba, lo hacen los de abajo.

Aquí tiene la 4T otra maravillosa oportunidad de mostrar que aquello del cambio verdadero y de barrer la escalera de arriba hacia abajo no son sólo dichos para obtener votos, sino políticas y acciones de gobierno. Ya está en su cancha, Presidente.

La Guardia Nacional.

Por José Gil Olmos.

A finales de octubre del 2018, siendo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los entonces secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, en su casa de campaña de la colonia Roma. Tras esa reunión a puerta cerrada su postura cambió y desde entonces dio un giro completo y decidió que las fuerzas armadas siguieran al frente de la lucha contra crimen organizado, como en su momento lo hicieron Felipe calderón y Enrique Peña Nieto.

Evidentemente en esas horas a solas con los mandos militares responsables de esta lucha contra el narcotráfico que ya lleva por lo menos dos sexenios, López Obrador supo del enorme poder de las bandas criminales asociadas con el poder político, de los alcances de su influencia, así como de los riesgos de que se erijan en una insurgencia criminal en amplias zonas del país.

Es importante recordar esas reuniones porque hicieron que López Obrador cambiara no solo de opinión, sino de posición ante las fuerzas armadas a las cuales había criticado agriamente por sus actuaciones, principalmente por el caso de la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Durante casi medio año López Obrador y su equipo de juristas, de seguridad pública y gobierno buscaron una salida intermedia para hacer frente a este problema de seguridad nacional.

El crecimiento del poder económico y político del crimen organizado en todo el país, con alianzas en más de 40 países, la ineficacia de las policías municipal, estatal y federal, así como la enorme corrupción en todo el sistema policiaco, acotaron de inmediato el margen de maniobrabilidad del presidente electo, que encontró en la figura de la Guardia Nacional la puerta de salida.

¿Qué fue lo que supo López Obrador que no haya imaginado antes de ganar? ¿Cuál fue la información que le presentaron los altos mandos militares que le hizo poner los pies sobre la tierra? ¿Acaso fue algo de lo que salió en el juicio en contra del Chapo Guzmán de los favores que le pagaron a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Le hablaron del peligro de que muchas zonas del país estén en riesgo de ser tomadas absolutamente por las bandas criminales? ¿Le pusieron sobre la mesa los expedientes de personajes públicos importantes que conoce y están vinculados con el crimen organizado? ¿Le expusieron del riesgo que representa para la gobernabilidad y la permanencia del Estado de derecho la proliferación de las bandas criminales?

Quizá fueron estas y muchas otras informaciones graves las que le expusieron los representantes de las fuerzas armadas a López Obrador en aquellas reuniones que fueron claves para decidir que se mantengan los militares a través de la Guardia Nacional en la lucha contra el crimen organizado, a pesar de las críticas de organizaciones mexicanas e instancias internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, entre otras.

Por cierto… El cambio para que sea civil y no militar el mando de la Guardia Nacional no fue bien recibido por el presidente López Obrador, que aun tiene la posibilidad del veto para dar marcha atrás a la votación mayoritaria de diputados y senadores. Las consecuencias de esto sería generar una crisis institucional porque seguramente vendrían una serie de demandas de controversia constitucional que metería en un nuevo conflicto al jefe del ejecutivo quien, de por sí, ya tiene demasiados frentes que atender en estos 100 días de gobierno.

México, país de ilegales.

Raymundo Riva Palacio.

Hace casi 25 años, Larry Summers, un connotado profesor y alto funcionario en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, decía que el principal problema que tenía México para un desarrollo pleno, era su debilidad del Estado de derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario del Tesoro, las inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que tenía. Las inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los regímenes, neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre mercado, capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno sociopolítico es desfavorable, el dinero nunca llega.

López Obrador recibió un país con grandes deficiencias en cuanto al respeto de las leyes. Pero las políticas de gobierno que ha planteado frenaron las inversiones ante la incertidumbre de cómo impactará la economía, y la descomposición social, sindical y la creciente protesta de grupos de interés, van a generar en el corto plazo frenos adicionales que limiten las posibilidades del desarrollo prometido. López Obrador se encuentra atrapado en la contradicción de ser jefe de Estado y comportarse aún como si estuviera en campaña por la presidencia.

Desde hace unos 20 años, como reacción a la crítica internacional que sintetizaba Summers, México ha construido una arquitectura institucional llena de normativas y leyes, pero con un talón de Aquiles del tamaño del Sol: su incumplimiento. El gran diseño legal carece de contenido, y como es nuestra cultura, todo ha sido sibilino. No estamos bien y la tendencia medible, cuando menos hasta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que íbamos para atrás. La última prueba de ello está en el informe anual del World Justice Proyect, una organización independiente en Washington que trabaja para fortalecer el Estado de derecho en el mundo, que hoy se da a conocer.

Por segundo año consecutivo, México está en la parte baja de respeto a la ley. El índice de 126 países que se divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos posiciones con respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la inclusión de 13 nuevos países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido el mismo número de naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se muestra hoy. No estamos solos en este deterioro, que está asociado con el repunte del autoritarismo en el mundo. Según el índice del WJP, de los ocho factores que se miden, el de 'Límites al Poder Gubernamental' fue el de mayor caída, donde más del 50 por ciento de las naciones experimentó retrocesos.

De acuerdo con la tabla de puntajes, las áreas de mayor preocupación en México son corrupción, seguridad y justicia penal, donde se encuentra casi en el sótano del ranking. En los dos primeros factores se ubica en el lugar 117 de 126 países, y en el tercero, ocupa el 115. Sólo en el factor de gobierno abierto México está evaluado moderadamente bien en las tres categorías, global, regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el lugar 29 de 30 en corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de ingreso. Es decir, para la escala de su economía, es el país más corrupto de todos. En el factor de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el ranking regional y el último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.

Los datos corresponden al gobierno de Peña Nieto, y sólo hasta la siguiente medición anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este momento, las evaluaciones sobre México lo han colocado de manera regular en el fondo de los rankings en los temas de corrupción, efectividad del sistema judicial, derechos humanos y debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno en estos campos son variopinto. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar por los derechos humanos y los responsables de ello han estado muy comprometidos con ese tema desde hace varios años, por lo que se podría esperar una mejora en los próximos índices.

En los otros temas, López Obrador y su gobierno dejan mucho que desear. El debido proceso ha sido escandalosamente violado en los últimos días, cuando al hablar de conflictos de interés han establecido casi en forma mecánica actos de corrupción sin establecer líneas causales, y aun si encontraran violaciones a la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y apellido a presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual violaron el eventual derecho a un juicio justo.

La corrupción es el tema de batalla de López Obrador, pero no ha avanzado más allá de la retórica. Inclusive ha declarado que él no actuará en contra de funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir tiempo, que considera como una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con su proyecto de nación. La declaración es política, pero legalmente es una aberración.

López Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se encuentre en el campo de lo jurídico, y cuidar la percepción de que es permisivo con violadores de la ley, alegando que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede darle réditos en México, pero no pasa las pruebas de ácido en el mundo. Hablar de corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo moral y los principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para fortalecer el Estado de derecho. Aunque es presidente con amplio mandato y respaldo popular, no tiene carta blanca para burlar las leyes. Esto no debe olvidarlo: es la línea con la que lo clasificarán como un autócrata o un demócrata.

Kellogg’s eliminó en secreto los micronutrientes básicos de sus cereales en México, dice Informe.

En los últimos cinco años, Kellogg’s ha eliminado muchos de los minerales y vitaminas esenciales de sus marcas más populares de cereales a la venta en México, reveló el informe “Compromisos nutricionales de Kelloggs: ¿promesas en el aire?”, de la Fundación Changing Markets, SumOfUs y el Proyecto AliMente.

Este hallazgo, destacó el estudio, representa una violación evidente del compromiso de la empresa de fortificar sus cereales con los “nutrientes específicos para las necesidades” de la población mexicana, teniendo en cuenta que las carencias de nutrientes como el calcio, el hierro, el ácido fólico, la vitamina A y el zinc afectan a una parte importante de los niños mexicanos.

Kellogg’s lidera el segmento de cereales de desayuno en México, siendo el fabricante de cuatro de las cinco principales marcas que los padres mexicanos compran a sus hijos. Estos productos son consumidos por una gran parte de los niños mexicanos: según un estudio del gobierno realizado en 2013, el 50 por ciento de los niños de 3 a 12 años comen cereales de desayuno al menos 2 o 3 veces por semana, mientras que el 37 por ciento los consumen todos los días.

De acuerdo con la organización, Kellogg’s afirmó haber mejorado el contenido nutricional de sus productos, así como abordado el déficit de nutrientes con las “vitaminas A, B y D, Hierro, Calcio, ácido fólico y antioxidantes”; sin embargo, al evaluar la composición nutrimental reportada en las etiquetas de la empresa, durante los últimos cinco años (2013-2018), ésta se ha “empobrecido”.

“La fortificación de alimentos es una estrategia importante a desarrollar en el tratamiento de las deficiencias de micronutrientes y en la lucha contra la desnutrición”, citó el informe y recalcó que dentro de los desafíos para combatir esta problemática están “el hambre oculta y la obesidad en las comunidades de ingresos medios y bajos de todo el mundo”.

Mejorar y fortificar los alimentos ha sido una estrategia de prevenir o corregir la carencia de micronutrientes, para ayudar a la mejora de la salud pública, por lo que hay programas de fortificación obligatoria específicos por país, en alimentos como la harina, la sal y el aceite con nutrientes clave para mitigar deficiencias específicas en la población.

Sin embargo, también hay programas voluntarios, como los adquiridos por Kellogg’s, informó la fundación.

“Muchos productos de cereales para el desayuno son alimentos altamente procesados, contienen niveles muy altos de azúcar y sal, y son el objeto de campañas de marketing dirigidas a los niños”, destacó.

De acuerdo con estudio nacional citado por Changing Markets, el 42 por ciento de los padres dijo “comprar cereales para el desayuno porque sus hijos lo piden, mientras que el 33 por ciento los compra por su valor nutritivo.” De estos últimos, el 58 por ciento aseguró confiar “en la información que se proporciona en las etiquetas de los productos y en los materiales de marketing”.

Es por esto que la organización consideró que las indicaciones nutricionales han sido centrales para la estrategia de comercialización de Kellogg’s, en particular con la promoción de sus productos con mayor contenido de azúcar, sal o grasa: una opción de desayuno no muy saludable para los niños”, destacó.

COMPROMISOS INCUMPLIDOS DE KELLOG’S

El estudio recordó que Kellogg’s ha esbozado su compromiso asumido con la nutrición y, gracias a la articulación de algunas políticas de amplio alcance en materia de nutrición, ha mejorado su calificación en el 2018 Global Access to Nutrition Index (Índice de Acceso Mundial a la Nutrición 2018 [referido como Índice Global 2018]).

Sin embargo, distintos tipos de vitaminas, como la B, C y E disminuyeron en su proporción. En el caso del Hierro, “la reducción observada en las cinco marcas de cereales analizadas se ha realizado a pesar de que la deficiencia entre la población mexicana”.

Kellogg’s creó paquetes reducidos para la población de menores ingresos, que el grupo leyó como una estrategia que antepone el crecimiento a la nutrición y que “queda en evidencia en el objetivo de Kellogg’s expresado como ‘ganar donde el comprador compra’”.

Changing Markets concluyó que ante la ausencia de bases científicas y lógicas “detrás de la fortificación de los cereales de Kellogg’s”, los compromisos citados “parecen ser promesas en el aire”.

La organización informó que las ventas de Kellógg’s, sólo en el mercado estadounidense ascienden a casi 3 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 23 por ciento de la facturación global de Kellogg’s, de 13 mil millones de dólares.