Pablo Gómez.
La actual legislatura de la Cámara de Diputados se instaló y
ha funcionado con la sencilla aplicación de la ley, con amplio criterio y sin
normas de temporal, como antes se acostumbraba.
Sin embargo, ha surgido una discusión sobre la Mesa
Directiva que habrá de elegirse para el segundo año.
El primer asunto es explicar por qué no se debía aplicar el
año pasado el artículo 17.8 de la Ley Orgánica que señala que “en ningún caso
la presidencia de la Mesa Directiva recaerá en el mismo año legislativo, en un
diputado que pertenezca al grupo parlamentario que presida la Junta de
Coordinación Política”. Como se sabe, Morena ha ocupado hasta ahora las dos
presidencias.
La respuesta es que, si se hubiera aplicado dicho precepto
sin tomar en cuenta otros de la misma ley, Morena no hubiera podido nunca
acceder a la presidencia de la Mesa Directiva, a pesar de tener más integrantes
que cualquier otro grupo.
Para que Morena asumiera ambas presidencias se tuvo que hacer
una interpretación legal que, obviamente, requería un acuerdo entre los grupos
parlamentarios, aunque éste fuera verbal porque se trataba sólo de aplicar la
ley y no de escribir otra.
Al principio el asunto fue complicado, pero Morena insistió
en que tenía el mismo derecho que otros grupos a designar al presidente de la
Mesa para uno de los tres años, sin que se lo pudiera impedir su situación de
mayoría y, por tanto, ocupante de la presidencia de la Junta de Coordinación
Política durante toda la legislatura.
Para proteger el derecho de Morena a asumir la presidencia de
la Mesa durante un año, el acuerdo consistió en que se seguiría aplicando la
Ley Orgánica en su artículo 17.7 que señala que, en el segundo y el tercer año
de la legislatura, la presidencia recae en los dos grupos parlamentarios que no
la hubieran ejercido antes, en orden decreciente de sus integrantes.
Entonces, para interpretar correctamente el artículo 17.8 a
la luz de la composición de la Cámara, a pesar de la prohibición que contiene,
debía respetarse, antes, el derecho de Morena para proponer al presidente de la
Mesa y, al mismo tiempo, el derecho de otros dos grupos para ocupar la misma,
según lo prescribe el artículo 17.7, el cual instituye la rotación en la
presidencia de la Mesa Directiva.
De lo contrario, bajo la ley vigente en el momento de la
instalación de la Cámara, el derecho de desempeñar la presidencia se hubiera
hecho exclusivo de un solo grupo, Morena, negándoseles a otros dos grupos.
Nadie en Morena planteó entonces semejante cosa, pues, además de mal hecho, no
se hubiera logrado la mayoría de dos tercios para tener la primera presidencia
de la Legislatura, la cual fue ocupada por Porfirio Muñoz Ledo, designado por
el grupo de Morena. Por 496 votos a favor y 3 en contra se aprobó la propuesta
en el entendido de que habría rotación en los dos siguientes años de la legislatura.
En el momento actual, lo que procede es volver a aplicar la
ley, pues si su primera aplicación favoreció el derecho de Morena, se mantuvo
incólume el de otros partidos. Lo que ahora debe hacerse es mantener el
compromiso con esa misma interpretación de inicio de la legislatura en lugar de
intentar, como se ha propuesto, una apresurada reforma de la Ley para cambiarlo
todo. Así, la presidencia de la Mesa Directiva sigue siendo rotatoria.
Ahora bien. En San Lázaro el principal órgano de gobierno es
la Junta de Coordinación Política, la cual propone al Pleno la integración de
las comisiones, decide sobre el orden del día de las sesiones, hace los
nombramientos más importantes a través de una instancia llamada Conferencia,
presenta el anteproyecto de presupuesto, entre otras muchas facultades.
La Mesa Directiva, la cual opera también bajo la regla del
voto ponderado (cada grupo posee tantos votos como número de integrantes) y su
presidente carece de voto, tiene a su cargo la interpretación de normas relacionadas
con sus propias actividades, incorpora dictámenes a discusión, determina formas
para los debates, supervisa que los dictámenes cumplan con los requerimientos,
impone sanciones, expide las convocatorias, entre algunas otras materias.
Morena tiene mayoría por sí solo.
El presidente de la Mesa protege a las y los diputados y a
los recintos, conduce las relaciones institucionales con otras instancias del
Estado y el protocolo de la diplomacia parlamentaria. Preside la asamblea, pero
también lo hacen en algún momento vicepresidentes que son de dos partidos
diferentes al suyo. Tiene la “representación legal de la Cámara” y delega ésta
a la instancia de asuntos jurídicos.
El artículo 22.4 de la Ley Orgánica es claro: el presidente
de la Mesa Directiva responde ante el Pleno de la Cámara.
En los parlamentos del resto del mundo no existe rotación
presidencial. El o la presidenta es designada para toda la legislatura. La votación
es a mayoría absoluta, mas no siempre preside alguien del partido más grande y
ni siquiera del mayoritario. Pero México no es un país normal. Hemos tenido el
avasallamiento del partido del Estado, es decir, del Estado mismo. La
alternancia panista nunca se propuso remontar el pasado y construir algo nuevo.
La vieja cultura política nos ronda, pero no como un fantasma sino como una
arraigada costumbre del poder. Es ahora cuando podemos levantar otro sistema
político y otros métodos que sean democráticos. Estamos a prueba.
La rotación en la presidencia de la Mesa fue producto de un
acuerdo en 1997, en el cual participó, entre otros muchos, Muñoz Ledo.
La rotación fue una respuesta a la cultura y práctica del
“agandalle”. En realidad, hasta que las oposiciones hicieron conjuntamente
mayoría en San Lázaro fue posible empezar penosamente a abrir las puertas de un
funcionamiento plural, propio de la naturaleza de los parlamentos basados en el
voto ciudadano.
Para cambiar el sistema de rotación de la presidencia de la
Cámara, como para expedir toda una nueva ley orgánica, es preciso un consenso
político, naturalmente inducido por una mayoría, como lo fue en 1997 y en la
posterior reforma de la Ley Orgánica.
El punto, sin embargo, radica por el momento en que, luego de
la formación de una mayoría parlamentaria que no existía propiamente como tal
desde 1994 (en 2015 el PRI fue mayoritario con sus aliados), se acusa con
actitud intrigante a la fuerza de relevo de buscar ser una nueva versión del
priismo, es decir, del “agandalle” y el atropello o desconocimiento de los
métodos pluralistas.
La 4T trae grabado el sello de la lucha contra el
autoritarismo, la negación de derechos, la represión y la segregación política
de críticos y opositores. Podría acelerarse la revisión ya acordada de la Ley
Orgánica y el Reglamento, así como el restablecimiento del servicio
parlamentario de carrera cancelado “gandallamente” por PAN y PRI, mas eso
requiere el concurso de todos y el debate franco y abierto, pero no el simple
dictado de la mayoría en un asunto que altera la convivencia entre adversarios
en pugna permanente.
La Ley Orgánica del Congreso no es un ordenamiento
cualquiera, pues norma la relación entre contrarios cuando no entre enemigos.
Si se quiere la convivencia no violenta entre los diferentes que son, además,
representantes del pueblo, no se pueden dictar normas como si se tratara del
presupuesto de egresos o cualquier otra ley. Las de carácter interno requieren
un tratamiento especialmente pluralista porque son reglas de la casa común.
Morena debe hacer un esfuerzo para no caer en métodos que sus
dirigentes e integrantes combatieron siempre. La mayoría es la principal
responsable del cumplimiento de los acuerdos porque éstos dependen de ella.
Respetar lo acordado forma parte de la moral del poder.
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