viernes, 31 de enero de 2020
AMLO: Conferencia Viernes 31 de enero de 2020.
“Guanajuato
concentra el 18% de los homicidios del país”, asegura AMLO
El
Presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que a lo largo de esta semana
se cometieron 581 homicidios, la mayoría de ellos en los estados de Guanajuato,
Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Baja California.
Durante su
conferencia matutina dio a conocer que ayer no hubo casos de este delito en
10 estados de la República; sin embargo, señaló que el problema continúa en
Guanajuato, en donde se concentró el 18 por ciento de los homicidios, por lo
que se en esa zona se refuerza la seguridad con 5 mil elementos de la Guardia
Nacional.
“Ayer en
10 estados no hubo homicidios, de los 67 que se registraron seguimos teniendo
problema con Guanajuato, aunque estamos reforzando a la Guardia Nacional en
Guanajuato. Vamos a tener más elementos”, explicó desde Palacio Nacional.
De acuerdo
con los informes diarios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), en lo
que va del año Guanajuato ha registrado 424 asesinatos, siendo el 15 de enero
el día con más homicidios, con 26 casos.
La crisis
de seguridad que vive Guanajuato se concentra sobre todo en los municipios de
Celaya, Salamanca e Irapuato, debido a las luchas territoriales entre el Cártel
Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima.
Debería
darle vergüenza a la delincuencia armar a niños: AMLO
El
presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración trabaja
para evitar que grupos de delincuencia organizada tomen a niños y jóvenes como
reservas del crimen.
En
conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo reiteró que la Secretaría de
Gobernación ya atiende el caso de los menores que han sido reclutados por la
delincuencia.
“Vamos a
ver al final cómo nos va en esta competencia para quitarle a la delincuencia
organizada para que usen a niños y jóvenes. Que no se conviertan en un ejército
de reservas para el crimen”
Además, destacó
que su gobierno cuenta con información acerca de las bandas que enganchan y
reclutan a los menores, y calificó como un acto de prepotencia que “les debería
dar vergüenza” que grupos delictivos tomen tomen videos en donde se observa a
menores portando armas.
“Ya tengo
información del reclutamiento, de las bandas, que están enganchando cada vez a
jóvenes de menor edad. Desesperados. Les vamos a ganar, les vamos a quitar a lo
jóvenes. (…) Tomar a niños con armas, en videos, es un acto de prepotencia. No
se les va a aplaudir por eso”, señaló.
El titular
del Ejecutivo aseguró que se están atendiendo las causas que originan la
inseguridad y la violencia, con una estrategia en la que se da prioridad a
mantener unidas a las familias mexicanas.
“Estamos
participando, la Secretaría de Gobernación está atendiendo este asunto.
Nosotros estamos atendiendo las causas que originan la inseguridad y la violencia,
en la estrategia lo básico es mantener la integración familia, que haya
bienestar que se fortalezcan valores. que se atienda a los niños y jóvenes. Eso
es lo que se está impulsando”, concluyó el mandatario.
Un poco de todo.
Mario
Delgado está metido en la competencia.
En contra de
las versiones de que el coordinador de los diputados morenistas se habría
bajado de la contienda, Mario Delgado está metido de lleno en la competencia
por el liderazgo del Morena. Lo único que precisó Delgado es que él seguiría
hasta el final de la competencia, si se opta por seguir la recomendación del
presidente López Obrador y definir al próximo presidente de Morena a través de
encuestas. Nos dicen que ve esa fórmula como la única opción para sacar al
partido de la división que hoy enfrenta, en la que Bertha Luján y Yeidckol
Polevnsky están en los extremos.
La foto de
recuerdo.
El desayuno
en Palacio Nacional con los senadores morenos no se demoró por que hubiera
muchos temas qué discutir en la agenda, sino por el bloqueo matutino que se presentó
en Palacio Nacional y por la sesión de fotos que se armó entre el presidente
López Obrador con cada uno de los senadores que asistieron. Imagen de alta
resolución que se les autorizó poner en su ‘Face’ y que algunos otros podrán
ampliar para su calendario... electoral. Sobre todo los aspirantes a
gubernaturas.
Durazo, a
desvelarse.
A pregunta
expresa, el titular de la Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, admitió ayer
en San Lázaro que no concilia el sueño y que lo haría hasta el 1 de diciembre,
cuando prometió acabar con la violencia y la inseguridad. Luego de su reunión
con diputados de Morena, dijo que “no nos sentiremos plenamente satisfechos de
los resultados, mientras nuestra primera preocupación de la mañana sea la
revisión de las estadísticas criminales. Cuando no haya preocupación, es porque
habrá regresado la paz y la tranquilidad al país”. Esperaremos 11 meses más…
Priistas, a
salvar al partido.
Además de
organizar rifas, sorteos y espectáculos –como siempre ha ocurrido– para
recaudar fondos y salvar al partido de la quiebra, en el PRI, los más
preocupados son sus pocos diputados y senadores, que ahora sí tendrán que pagar
sus cuotas. Cada mes, los diputados deberán entregar de sus salarios 3 mil 700
pesos; los senadores 6 mil 500; gobernadores 5 mil; diputados locales 3 mil;
integrantes del CEN 5 mil; los subsecretarios 2 mil 500; dirigentes estatales
mil pesos, y los municipales 500 pesos, entre otros, según les ordenó el
diputado Fernando Galindo, presidente de la Comisión de Presupuesto y
Fiscalización del Consejo Político Nacional del partido.
¿A dónde va
Porfirio?
Esta semana
a Porfirio Muñoz Ledo se le ha visto muy solo en la Cámara de Diputados, pues
ninguno de los integrantes de la bancada de Morena lo ha acompañado
públicamente, al menos con sus aplausos, en sus duras críticas a los operativos
de contención de la Guardia Nacional contra los migrantes. Así que en los
pasillos de San Lázaro crece la versión de que cambie de colores partidistas,
con la enorme posibilidad de que se enfunde nuevamente en la casaca del Partido
del Trabajo, con miras a seguir alzando la voz desde su curul, junto con un
puñado de diputados cercanos a él. Ya se verá si cambia el guinda por un rojo
con amarillo.
El desayuno
con AMLO.
Fue el
coordinador de Morena en la Cámara alta, Ricardo Monreal, quien operó para
concretar el desayuno que el Presidente López Obrador tuvo ayer con senadores
de Morena, PES, PT y Verde Ecologista, en Palacio Nacional, pues, dicen, le
interesa mucho al legislador que entre ambos Poderes se mantenga abierta la vía
de comunicación, sobre todo mañana, que arranca el segundo periodo ordinario de
sesiones. Durante el encuentro intercambiaron puntos de vista con el mandatario
sobre la Ley de Amnistía, outsourcing y la regulación de la mariguana. Ya sólo
falta la reunión con diputados.
Mariguana,
las razones de la 4T
Al final, la
esperada charla por algunos sectores, sobre el tema de la mariguana, se realizó
ayer, y la secretaria de Gobernación no centró su argumentación en el tema del
procesamiento industrial de la cannabis, en torno al cual han surgido diversos
intereses. La defensa de una eventual regulación de la planta por parte de Olga
Sánchez Cordero se fundamenta en quitar la espada de Damocles, según dijo, que
pende sobre la cabeza de miles de campesinos que son pequeños productores y se
ven cooptados y presionados por el crimen organizado. El segundo punto
destacado fue el del libre desarrollo de la personalidad. Así que, lo que se
legisle entonces sobre el tema industrial será decisión del Senado.
El
“despropósito” de Batres.
El que se
metió en camisa de 11 varas, con una iniciativa que resultó tan polémica como
compleja, fue el senador de Morena Martí Batres. Plantea el legislador que
todas las películas habladas en idioma extranjero que lleguen a nuestro país
sean dobladas al español y en lenguas indígenas. Si bien es una fuente de
empleo, la propuesta no cayó nada bien al gremio cinematográfico, donde
aseguran que se atenta contra la obra original y su creación. Lo que llama la
atención es que hasta el vicepresidente del Consejo de Empresas Mexicanas de la
Industria del Doblaje, Carlos Sánchez, ve complicado que se pueda concretar un
proyecto en lenguas indígenas, pues faltan estructura, actores y traductores.
Los del gremio ya dicen que es un despropósito del senador… y ocurrencias
inútiles.
Caravanas,
en la mira.
Solalinde
declaró a este medio, que las nuevas caravanas estaban echando por delante a
mujeres y niños para enfrentar a la Guardia Nacional y resulta que ayer, el
canciller Marcelo Ebrard lo confirmó ante senadores. Incluso dijo que se tiene
registro audiovisual de cómo actúan algunos grupos de migrantes. “Los señores
que vinieron con el grupo aquél a querer pasar el río (Suchiate) y aventarnos
piedras, les pidieron los niños y a las mujeres que fueran al frente, y lo
tenemos grabado”, señaló el funcionario, quien, no obstante, dejó en manos de
Migración presentar, de considerarlo conveniente, denuncias penales. A ver qué
ocurre con la que viene, y se dice que está conformada por miles.
Que
Sembrando Vida se quedó corto.
Con la
novedad, no tan buena, de que uno de los programas estelares del Gobierno,
Sembrando Vida, sólo pudo obtener en su primer año de ejecución, 13.9 por
ciento del total de plantas que habría proyectado entregar. La secretaria del
Bienestar, María Luisa Albores, encargada programa, fue quien informó que la
cifra programada era de 575 millones, pero sólo pudo dotarse a los cultivadores
de 80 millones. Varias situaciones, entre ellas la temporada de secas,
impidieron que se cumpliera la meta. En cuanto a la estimación de plantas que
sí pegaron, se estima que son unos 40 millones; es decir, la mitad. Si la
dependencia la tuvo complicada en el primer año, en éste se antoja que el reto
será mayor, pues deben entregar mil 100 millones de plantas, aunque la
dependencia apuesta a que pasó la curva de aprendizaje. Ya se verá.
Fuga de capos: La complicidad del poder.
Ricardo
Ravelo.
Detrás de
las fugas de tres narcotraficantes del Reclusorio Sur hay un penetrante tufo de
corrupción. No puede entenderse de otra manera y así lo han confesado un par de
custodios que, según su propio dicho, ayudaron a los presos en su evasión.
El caso
no es menor y expone la fuerte corrupción que ha invadido al Sistema
Penitenciario Nacional. Desde hace por lo menos veinte años las prisiones en
México están controladas por el crimen organizado; los directores de los
reclusorios, por decisión propia o forzados por los cárteles, han entrado al
juego de las complicidades y corruptelas. No puede entenderse de otra forma.
El crimen
organizado opera en todo el mundo mediante pactos con los hombres del poder.
México es un caso patético en esta materia: alcaldes, gobernadores, jefes
policiacos, militares, marinos y empresarios forman parte de la red de
corrupción que hace posible que el narcotráfico, por ejemplo, florezca en todo
el territorio.
En
Tamaulipas y Veracruz, estados controlados por el crimen desde hace varias
décadas, se conocieron los primeros síntomas de este terrible cáncer. Los
gobernadores de esas entidades, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, así como
Patricio Chirinos en Veracruz, con Miguel Ángel Yunes como Secretario de
Gobierno, le abrieron las puertas al crimen organizado. Este fue el periodo en
que se encumbró en el poder criminal veraruzano Albino Quintero Meraz, “Don
Beto”, pieza del Cártel de Juárez y socio en ese tiempo de Osiel Cárdenas
Guillén, entonces poderoso jefe del Cártel del Golfo.
En el
Gobierno de Eugenio Hernández, el narco tenía un representante en el gabinete
estatal y éste era el encargado de controlar todo el negocio, manejaba las
prisiones y daba órdenes para que muchos presos, todos ligados al cártel de Los
Zetas o del Golfo, se evadieran y se reincorporaran a las actividades
criminales. Todo ocurría con la complacencia de los gobernadores.
En
Veracruz y Tamaulipas en varias ocasiones hubo fugas de narcos de las
prisiones. El cártel de Los Zetas arribaba a las prisiones con sus hombres
armados y ordenaban la liberación de sus secuaces.
El mismo
modus operandi se observó en el penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de
2001, cuando se fugó por primera vez Joaquín “El Chapo” Guzmán, entonces jefe
del cártel de Sinaloa.
“El
Chapo”, según consta en las investigaciones que realizó la Procuraduría General
de la República (PGR) controlaba el penal: pagaba jugosos honorarios al
director de la prisión y tenía en la nómina a todos los custodios, que
terminaron convertidos en cómplices del capo.
Guzmán Loera
era el rey de Puente Grande: organizaba fiestas, contrataba mujeres de la vida
galante para sus orgías y las autoridades del penal se encargaban de concederle
todos sus caprichos. Las investigaciones indican que hasta Viagra le surtían
para aliviar sus problemas de disfunción eréctil.
La misma
complicidad oficial se observó cuando Guzmán Loera se fugó por segunda ocasión
de una cárcel de alta seguridad, ésta vez del penal del Altiplano, en el Estado
de México.
La
versión oficial dice que el capo ordenó que le cavaran un túnel para evadirse.
Lo cierto es que altos funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
se ligaron al proyecto de la fuga. Todo estaba pactado con los hombres del
poder. Nada fue fortuito.
En el
Reclusorio Sur ocurrió lo mismo con la fuga de Víctor Manuel Flores Beltrán,
“El Vic”, Luis Fernando Meza González y Yoel Osuna Navarro, todos ligados al
Cártel de Sinaloa, la misma organización criminal que fue beneficiada en
octubre de 2019 con la liberación de Ovidio Guzmán Salazar, hijo de Guzmán
Loera.
El famoso
“Vic” es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, consuegro de “El Chapo” Guzmán. De
acuerdo con sus antecedentes criminales, fungió como operador financiero del ex
jefe del Cártel de Sinaloa actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados
Unidos.
Félix
Félix –su padre –fue detenido en 2011 y luego extraditado a Estados Unidos,
donde tenía cuentas pendientes con la justicia. Allá fue sentenciado a catorce
años de prisión por un juez con sede en San Diego, California, en diciembre de
2012.
Luis Fernando
Meza González, el otro reo evadido, enfrentaba también un juicio de extradición
por cargar en su haber acusaciones de tráfico de drogas y delincuencia
organizada en Estados Unidos.
También
se le relacionó con el lavado de dinero y, según sus antecedentes criminales,
formaba parte del grupo de Víctor Manuel Flores Beltrán.
Yoel
Osuna Navarro, el tercer fugado, enfrenta acusaciones por tráfico de drogas en
Denver, Colorado, donde tiene un expediente abierto por delincuencia
organizada. También fue detenido con fines de extradición. De esta forma queda
claro que los tres temían ser extraditados y pasar su vida en una prisión de
Estados Unidos.
Antonio
Hazael Ruiz, Subsecretario del Sistema Penitenciario del Gobierno de la Ciudad
de México, debe ser investigado por la fuga de los tres capos, pues ésta no se
explica sin la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de
México.
De hecho,
se ha denunciado que las estructuras de seguridad del Gobierno capitalino están
contaminadas por el crimen organizado porque así las heredó Miguel Ángel
Mancera, ex jefe de Gobierno y actual Senador de la República.
Lo que no
se esperaba es que el crimen organizado ya controlara las prisiones en la
Ciudad de México, pero todo indica que los cárteles se han afincado en la
capital del país y ya cobran piso, según han denunciado los propios
comerciantes.
En el
Reclusorio Sur han ocurrido otras fugas. Una de las más espectaculares que se
recuerdan es la del capo Otho Roberto Herrera García, “El Profe”, narcotraficante
de origen guatemalteco.
Este
personaje se fugó del Reclusorio Sur –el hotel de cinco estrellas para capos y
políticos en desgracia – el 14 de mayo de 2005. Entonces el director de la
prisión era Antonio Hazael Ruiz, actual Subsecretario del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México.
¿Quién
ordenó la fuga de los capos? ¿Qué funcionarios participaron? ¿Es otro apoyo
para el cártel de Sinaloa? ¿Qué papel juega dicha organización en el esquema
político del gobierno de la Cuarta Transformación?
Estas
preguntas quizá no tengas respuesta todavía, pero conforma avanza el sexenio
muchos hechos apuntan a que el Cártel de Sinaloa es la organización consentida
del poder.
Tras
conocerse la fuga de los capos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
ordenó una investigación a fondo porque, dijo, es claro que hubo complicidad y
corrupción, lo que acredita que tales problemas siguen en el Gobierno y que no
se han erradicado, como él pregona.
La
corrupción y la complicidad con el crimen ahí sigue, galopante, aunque el
Presidente diga que esto es parte del pasado.
Dinamitar las cárceles.
Salvador
Camarena.
Hace no
mucho, un embajador de la Unión Europea propuso a las autoridades de uno de los
estados con prisiones más problemáticas un protocolo para certificar
reclusorios. La idea parecía buena. Pero no se pudo llevar a cabo. Más que
certificación, concluyeron directivos de ese sistema carcelario, lo único que
ameritaría es dinamitarlas. Ni más, ni menos.
Si no
dinamitamos el sistema carcelario que tenemos en las entidades, para
reconstruirlo, el resultado seguro será que desde ahí se dinamite, una y otra
vez, la vida de los mexicanos.
Pero
mientras eso ocurre, más valdría empezar por reconocer que no sabemos lidiar
con la dinamita. Que la manera en que se administran (es un decir) nuestras
prisiones es de una impericia pasmosa, como ha quedado evidenciado una vez más
con la fuga el miércoles de tres internos del Reclusorio Sur de Ciudad de
México.
El intento
de explicación dado este jueves por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de
Gobierno capitalina, es para temer lo peor.
En pocas
palabras, la funcionaria dijo que la culpa es del Poder Judicial, que permite
y/u ordena que algunos presos de alto perfil estén en el sistema penal de la
entidad más importante del país.
Uno podría
conceder algo de crédito a tan pedestre argumento si, por un lado, estuviéramos
hablando de una cárcel pueblerina tipo Ayo El Chico, Jalisco, y no de un penal
de la que se supone es la administración más sólida y seria del país.
Por otra
parte, tratar de culpar a autoridades judiciales de no poder retener a esos
tres reos mueve a la risa nerviosa al conocerse los detalles de la fuga que no
fue fuga, sino paseo por un parque: con una modesta escalera y unos alicates
burlaron campantemente los obstáculos, que eran mínimos porque encima las
esclusas no tenían candados y el personal además chofereó en un vehículo
oficial a los criminales hasta que las autoridades les perdieron el rastro.
Si la fuga
hubiera sido con un helicóptero artillado, mediante un asalto de cuadrillas de
criminales, y donde (tipo Culiacán) a la autoridad no le quedó de otra que
pensar en el mal menor, pues entonces el argumento de que “tenemos presos que
no deberíamos tener” podría valer de algo.
Pero la fuga
resultó patéticamente simple. Dinero y/o amenazas para que los custodios
pusieran un tapete rojo a los fugados, sumada a la cuasicertidumbre de que
ninguno de esos funcionarios podría resistir el “plata o plomo” porque sus
jefes en el gobierno son entre incapaces, indiferentes o lejanos.
Porque nadie
sospecharía que hubo complicidad en las altas esferas gubernamentales, por lo
que la señora Rodríguez debería ya dejar de repetir que ella también, como todos
en su secretaría (encargada de las cárceles), está bajo investigación.
Para qué
sospechar eso si queda clarísima su incompetencia: lleva catorce meses en el
puesto y se le fugan como Lavolpe al Mundial: caminando.
La mejora en
la calidad de vida en Ciudad de México pasa por las cárceles. Extorsiones,
secuestros, robos y hasta narcotráfico se operan desde ahí.
Los casos de
extorsión tipo la madre de Denise Dresser o los engaños aleatorios con llamadas
telefónicas desde centros telefónicos masivos instalados en las prisiones son
una industria intocada por las autoridades de la Ciudad de México.
Que ya no
nos presuman la señora Rodríguez y la doctora Sheinbaum que están siendo
transparentes e informando lo que pueden sobre su bochornosa incapacidad para controlar
las cárceles.
Fueron
puestas ahí para resolver el problema, no para recordarnos con su impericia que
la dinamita que será arrojada hacia afuera de los penales tiene la mecha
prendida.
PIB: ¿medio vacío o medio lleno?
Enrique
Quintana.
El día de
ayer bromeaba, durante mi participación en el noticiero Así las Cosas, que el
resultado del crecimiento económico durante 2019 podría visualizarse desde la
perspectiva de un vaso medio lleno o medio vacío.
Gabriela
Warkentin y Javier Risco me cuestionaron respecto a cómo era posible ver los
datos que implicaban una caída de la economía como un vaso medio lleno.
Desde
hace algunos días, diversos expertos e instituciones financieras habían
ajustado sus pronósticos respecto al resultado de la economía en 2019 a una
caída de entre 0.2 y 0.3 por ciento. Así que el hecho de que el resultado sea de una caída
más leve, implica que las cosas no fueron tan malas como se anticipaba.
Ya sé que
eso no cambia el hecho de que la economía cayó. Eso es irrebatible.
Pero,
quizás lo más importante es que si se observa la dinámica de la economía desde
el mes de julio del año pasado, puede notarse que en los últimos meses de 2019
el PIB ya no cayó, como en la primera mitad del año, sino que se mantuvo
estable. Eso no es una opinión de quien esto escribe, sino un hecho.
Si esto
ocurrió a pesar de que vivimos un periodo de gran incertidumbre y falta de
definiciones, derivado del arranque del gobierno, de los cambios profundos en
la operación que está haciendo esta administración, y de la incertidumbre que
existía respecto al futuro del Tratado México, Estados Unidos, Canadá; si a
pesar de todo la economía no cayó, quiere decir que las cosas no resultaron tan
mal como parecían.
Ayer, el
presidente de la República señaló, como ha sido su costumbre, que él tenía
otros datos.
Más allá del
chacoteo que usualmente se produce con esta expresión, la realidad es que la
caída de 0.1 por ciento en la economía el año pasado encubre enormes contrastes
regionales y de sectores.
Un segmento
muy importante, de varias decenas de millones de personas, ganó en su poder de
compra durante 2019 por los incrementos reales de los salarios, como aquí le
hemos comentado en diversas ocasiones, y otros más también lo hicieron por el
nivel histórico en la recepción de remesas y por los recursos que llegaron a
través de los programas sociales.
Viendo
hacia adelante nos preguntamos: ¿será el 2020 un año mejor o peor que el
pasado?
Algunos
piensan que todavía tendremos un lapso prolongado de estancamiento o incluso de
caída en la economía. Es cierto que hay riesgos y que las cosas pueden
complicarse, por ejemplo, por la situación de Pemex o por la economía de
Estados Unidos.
Sin embargo,
también existen oportunidades. Se trata del segundo año del gobierno, en el
cual, de modo natural, habrá menos incertidumbre que en el arranque de la
administración. Y, además, empezarán a aterrizarse obras de infraestructura
tanto del sector público como del sector privado. Por otro lado, la
incertidumbre derivada del proceso de negociación del tratado comercial con
Norteamérica se habrá terminado.
Bajo esta
perspectiva, me parece que es plausible pensar que, a diferencia de lo que
ocurrió el año pasado, tendremos un 2020 con un crecimiento modesto, pero
finalmente con un registro positivo.
El tema
de fondo no será el resultado de este año. Lo clave es si, como país, podremos
ponernos de acuerdo para garantizar una mayor inversión en los siguientes años
y garantizar que en un lustro o una década, los niveles de vida –sobre todo de
los más pobres– serán mejores.
Sheinbaum y el crimen desbordado - Aún sin medidas eficaces - Tiempos políticos y prelectorales - Inegi: desaliento económico.
Julio Astillero.
La fuga
concertada de tres internos en el Reclusorio Sur, con la colaboración de
personal carcelario de niveles incluso altos, ha puesto de relieve lo que no
necesita mucha confirmación: en la Ciudad de México se vive una espiral de
dominio de grupos delictivos de distinto calado y en distintos escenarios, sin
que hasta ahora la administración encabezada por Claudia Sheinbaum haya
encontrado una fórmula eficaz para ir frenando tal ascenso criminal.
No es un
problema surgido específicamente en esta administración ni han asomado
evidencias de colusión o complicidad de parte de los mandos realmente cercanos
a la gobernadora Sheinbaum, aunque es evidente que hay una profunda y sostenida
corrupción en el tejido general de los ámbitos policiacos, carcelarios y
judiciales de la capital del país.
Algunos de
los funcionarios nombrados por Sheinbaum en la Secretaría de Seguridad Pública
y la procuraduría local de Justicia han sido evidentemente inadecuados para el
tamaño del reto. La llegada de un policía de carrera, con mano dura y presunta
ascendencia sobre los grupos mafiosos que aún controlan el mundillo de las
relaciones entre delincuentes, políticos y policías, no ha podido aportar
buenos resultados: Omar García Harfuch ha tenido reveses como sucedió en el
caso de la masiva detención de presuntos delincuentes en Tepito, a los que
luego otorgaron libertad por violaciones al debido proceso, y las expectativas
de mejoría en seguridad pública que generó se han quedado en lista de espera.
Como todos
los gobernantes de la capital del país, desde el partido que sea y en el
periodo que sea, Sheinbaum es una aspirante natural a la próxima candidatura
presidencial por parte de Morena. Goza de especial afecto por parte del jefe
partidista y actual ocupante de Palacio Nacional, quien no ha dudado en mostrar
abierto respaldo a Sheinbaum en momentos críticos. Además, ella está en el
primer círculo político y de afectos del obradorismo.
Golpes como
el dado en el Reclusorio Sur, los robos a mano armada en vialidades principales
y audacias como el asalto de ayer a una joyería en la avenida Altavista, en San
Ángel, tienen visos peculiares que pueden ir más allá de la tendencia al alza
de fenómenos similares en todo el país (donde el registro de hechos delictivos
graves es peor que en la Ciudad de México). En tiempos de combates políticos y
prelectorales como los que ya se viven, todo escenario es propicio para asestar
golpes a los adversarios.
Los
resultados que tenga en este difícil tema de la seguridad pública (donde la
herencia dejada por Miguel Ángel Mancera ha sido negativa) tendrán impacto en
la valoración política de su gestión y en la apertura o cierre de posteriores
oportunidades de avance en la escalera electoral a la que ella deberá aportar
candidaturas y campañas morenistas ganadoras en las elecciones intermedias de
2021 como un escalón necesario rumbo a las presidenciales de 2024.
Los datos
que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)
son desalentadores: la economía mexicana tuvo una caída de 0.1 por ciento
respecto del año anterior en cuanto a producto interno bruto. Los peores
resultados desde 2009, en una estimación preliminar que al parecer no cambiará
en lo sustancial cuando quede en firme, según lo que conforme al lenguaje
técnico del caso proviene de la estimación oportuna del producto interno bruto
con series desestacionalizadas.
Además de
estas cifras oficiales, en la vida cotidiana hay constantes muestras de este
desaliento económico que algunos especialistas ya consideran una recesión. El
gobierno del presidente López Obrador se alista a poner en marcha acuerdos de
inversión y desarrollo que podrían mejorar los números en próximas mediciones,
aunque también persisten factores externos de inestabilidad y riesgo que
podrían afectar los esfuerzos internos.
Un Inegi no partidista - Cocinan fraude para oficializar al partido de Calderón.
Enrique
Galván Ochoa.
¿Se ha
convertido el Inegi en un organismo que responde más a intereses políticos que
a su función de contar ética y responsablemente lo que tiene que contar, como
el PIB? Un panista, Eduardo Sojo, lo encabezó en el sexenio de Felipe Calderón.
Antes fue asesor de Vicente Fox y actualmente está en la nómina del gobernador
panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval. Con alguna frecuencia en
esta sección señalamos sus dotes de alquimista para ocultar las cifras del
desempleo. A partir del primero de enero de 2016 se hizo cargo del instituto
Julio Santaella, a propuesta de Enrique Peña Nieto. Es un itamita, con
trayectoria en el Banco de México, del grupo de Luis Videgaray. Al año
siguiente pagó su designación con la moneda del silencio. Fue designada por Peña
Nieto (léase Meade-Videgaray) la economista itamita Paloma Merodio como
vicepresidenta del instituto. Se desató un escándalo. La funcionaria designada
no cumplía con los requistos que marca la ley para ocupar el cargo. Se intuyó
que su presencia tenía como finalidad acomodar los datos sobre el resultado de
los programas sociales a fin de que favorecieran al gobierno. (Una de las
responsables de los programas, a propósito, fue Rosario Robles.) El Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), acompañado de otras organizaciones
ciudadanas, publicaron esta declaración: Lamentamos profundamente esta decisión
(el nombramiento de Merodio) compartida entre ambos poderes del Estado
(Ejecutivo y Legislativo) que pone en entredicho la credibilidad del Inegi y puede
comprometer su integridad como organismo constitucional autónomo por parte del
Ejecutivo federal. También constituye un precedente preocupante ante los
próximos nombramientos de servidores públicos en otros entes autónomos, que son
fundamentales para el funcionamiento de nuestra democracia. Con todo, Paloma se quedó.
Otro Inegi.
Con estos
antecedentes, ¿son dignos de confianza los reportes del Inegi, o debemos
hacernos la pregunta de si obedecen a cierto tipo de intereses? Este largo
preámbulo sirve para dar contexto al tuit que escribió ayer Julio Santaella,
después de dar a conocer que el PIB de 2019 había sufrido una contracción: #PIB
Oportuno la estimación de una contracción de (-)0.1% a/a del producto interno
bruto durante 2019 se compara con un incremento de 2.1% en 2018. En otras
palabras, el titular del Inegi rinde homenaje a la conducción económica (es un
decir) del presidente al que le debe la chamba. Diferentes instituciones
coinciden en un punto: la economía no creció en 2019, tuvo un crecimiento cero,
eso no está a discusión, sino el manejo partidista de los datos, que
probablemente llevó a Santaella a darle un empujoncito hacia abajo, de manera
que califique como contracción. Probablemente otra revisión, con otro criterio,
arrojaría un resultado distinto, como bien saben los expertos en números. Se ha
venido insistiendo en reflexiones de expertos en la necesidad de poner en manos
de un consejo integrado por economistas privados la medición del PIB y otros
estudios, como la pobreza, para rescatarlo de las manos de los alquimistas.
El nuevo
fraude de Calderón: México Libre.
21 enero de
2020 – 208 mil 187 afiliados.
28 enero de
2020 – 225 mil 267 afiliados.
Meta: 233
mil 945.
17 mil
afiliados en...¡una semana!
Lo que no
logró en 10 meses, ahora lo logra. El primero de febrero terminará.
PIB; es la desconfianza, es la mañanera.
Diego
Petersen Farah.
Es oficial,
decrecimos. Pero, para efectos prácticos da igual. Cero o menos punto uno es lo
mismo: un fracaso para el gobierno y una tragedia para miles de familias
mexicanas que vieron mermados sus ingresos y reducidas sus expectativas. Lo
hemos dicho una y otra vez, no hay programa social que supla la pérdida de un
empleo en una familia, no es cierto que exista desarrollo sin crecimiento
económico, mucho menos que el PIB sea una medición neoliberal. Valga una
analogía: un médico que estableciera que el pulso del paciente es lo único
importante, pues demuestra que está vivo, lo calificaríamos de inhumano, pero
un médico que diga que el pulso no es importante lo tildaríamos de loco. Los
mismo para con el crecimiento económico: quitarnos la idea de que el
crecimiento es el único indicador importante en la economía y que hay que medir
también el desarrollo y el bienestar es un cambio inteligente y plausible, pero
decir que si no crecemos no pasa nada porque la gente está feliz con los
programas sociales es falaz.
El
crecimiento mediocre de las tres administraciones anteriores fue larga y
profusamente diagnosticado (tuvimos 18 años para hacerlo). Una de las
principales taras que inhibían el crecimiento del país era el llamado ambiente
de negocios; dicho en castellano, la corrupción. La administración de López
Obrador llegó al gobierno con el mandato y la bandera del combate a la
corrupción, pero la manera de hacerlo no fue quirúrgica y fina sino a
machetazos, anteponiendo la eficacia política de las acciones a la aplicación
de la ley. La suspensión del aeropuerto de Texcoco fue el primer caso, pero no
el único, le siguieron la cancelación de contratos de energía y petróleo, el
embate a las instituciones de control, el discurso beligerante y polarizador,
pero sobre todo los juicios sumarios hechos desde el púlpito mañanero donde se
anuló uno de los principios básicos del sistema jurídico: la presunción de
inocencia.
El
Presidente le encargó al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo,
que se hiciera cargo de coordinar al gabinete económico para detonar el
crecimiento (ese que dice que no es importante). Unificar las visiones cada vez
más contradictorias entre el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la
Secretaria de Energía, Rocío Nahle; entre la Secretaria de Economía, Gabriela
Márquez, que fue a Davos a criticar el libre comercio mientras en México el
Presidente y parte del gabinete celebraba la firma del T-MEC; entre la propia
visión de Romo sobre la inversión privada en petróleo y electricidad frente a
la tozudez de Bartlett y Romero. Pero de nada servirá este esfuerzo si el
Presidente sigue todos los días minando la confianza y poniendo en tela de
juicio la certeza jurídica.
El problema
del crecimiento económico es político. El paso del mediocre dos por ciento
promedio de los últimos años a cero no está vinculado con un cambio en la
estructura económica, ni con una crisis de las finanzas del sector público, es
producto de la incapacidad del gobierno para ejercer el gasto, sí, pero sobre
todo de la falta de certidumbre. El problema es la desconfianza y, digámoslo
por su nombre, esa fábrica de contradicciones que es la mañanera.
Punitivismo desbocado y crisis delincuencial.
Por Pablo
Gómez.
Hemos
tenido durante 20 años grandes y pequeñas reformas al sistema de justicia
penal, pero, durante ese tiempo, la incidencia delictiva ha seguido en aumento
como nunca en la historia. ¿De qué nos habla eso? Pues de que tanto el
postulado punitivista dominante, como la tesis de que las reformas legislativas
pueden contener la delincuencia, son ideas falsas.
Aunque
parezca increíble, seguimos en lo mismo. Nuevos proyectos de leyes punitivas
van y vienen de un lado para otro. Aunque ya dijo Andrés Manuel López Obrador
que él no tiene proyecto alguno en esta materia, muchos senadores, algunos
diputados, el fiscal y el secretario de Seguridad traen las alforjas llenas,
como si no pudieran analizar qué cosa ha sucedido con tantas reformas que no
han servido.
La
declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico y, en general,
contra el crimen organizado, con excepción del que existía dentro del Estado,
llevó a la confrontación histórica más grande entre las bandas criminales.
Todos los
carteles se pusieron a disputar entre ellos los territorios y las rutas;
reclutaron sicarios entre jóvenes desempleados y resentidos, así como entre
desertores del Ejército; al tiempo, se empezaron a subdividir y, así, de unos
cuantos carteles, un día México se encontró con varias decenas, enfrentados
entre sí, pero sin que el gobierno pudiera frenarlos en lo más mínimo. Hoy son
más que antes, tienen más reclutas y están mejor pertrechados, a pesar de sus
miles de muertos y encarcelados. ¡Qué desastre!
El
aumento de penas, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la extradición
antes de terminar juicios en el país, la incomunicación de reos, la creación
del delito constitucional de delincuencia organizada, la extinción de dominio,
etcétera, han fracasado porque no eran respuestas adecuadas ni efectivas: a
nadie detienen. Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es más un
precepto constitucional en el papel que algo funcional y efectivo.
Ahora se
quiere extender el arraigo a otros delitos, seguir aumentando penas, incorporar
nuevos ilícitos al sistema de prisión preventiva oficiosa, crear un código
penal nacional, establecer una ley de justicia cívica para todo el país,
regular el funcionamiento de los antros directamente por parte de la Federación
(sic), más otras ideas que no son más que la prolongación de lo que ya fracasó.
Sin duda tiene
razón Andrés Manuel cuando dice que la guerra de Calderón fue algo así como
revolver el avispero. Mas tendríamos que agregar dos cosas: las reformas no
calmaron a las avispas y ahora tenemos mayor cantidad, las cuales están más
furiosas.
Hace años, Felipe
Calderón nombró a una persona como procuradora y, en su comparecencia en el
Senado, le pregunté sobre cuál iba a ser su plan estratégico frente a la
delincuencia organizada. Me respondió que consistiría en “aplicar la ley” y
nada más. Los presentes volteamos a vernos a los ojos. Ella no se inmutó en lo
más mínimo. Nada hizo. Duró poco. Creo que así habían estado antes las cosas y
así siguieron.
El mayor
problema de la política criminológica o, como se dice, criminal, es que ninguna
ha funcionado bien porque no existen cuerpos capaces de ponerla en marcha,
cualquiera que ésta fuera. Parece un
chiste, pero es una realidad cotidiana, inicua.
Sabemos
que lo principal son las reformas sociales, el cambio en el patrón de
distribución del ingreso, el aumento de salarios, el empleo formal, el acceso a
los servicios de salud y la educación pública para todos, en un marco de
incremento de la productividad del trabajo social. Pero, de cualquier manera,
se requiere una estrategia de lucha contra el crimen organizado.
Las
matanzas entre delincuentes afectan al país en muchas formas, pero lo que más
perjudica directamente son los delitos contra cualquier persona: el robo en sus
muchas modalidades, especialmente con arma; la extorsión, que va en aumento;
los feminicidios (homicidio de mujeres por motivos de género), que también son
más; las violaciones y otros delitos sexuales, cuyos números totales se desconocen;
el secuestro; la trata de personas; entre otros.
Si los
carteles hicieran un pacto y dejaran de matarse entre sí, la estadística de
homicidios dolosos y violentos bajaría mucho, pero, en realidad, para la
sociedad, poco habría ocurrido. No es el número de esos homicidios violentos el
que afecta directamente a la gente, pues en su mayoría son producto de disputas
por el negocio criminal que sigue adelante sobre montones de cadáveres y
cementerios clandestinos regados por casi todo el país. El mayor problema de
los cárteles es que sus integrantes se dedican paralelamente a cometer delitos
contra el común de la gente. Eso sí duele mucho.
Sin embargo,
en ese mismo sentido, urge legalizar y reglamentar la producción, comercio,
posesión y consumo de mariguana, el cual podría ser algo positivo. El
prohibicionismo nos ha inundado de homicidios y de asociaciones criminales,
además de corromper al Estado, pero no solo en México, sino en todo el mundo.
Son pocos
los delitos registrados del orden federal. La mayor persecución está a cargo,
principalmente, de las autoridades de los estados. El problema es que éstas son
extremadamente débiles y corruptas: la macabra mancuerna mexicana.
Sin embargo,
no ha de ser con una disminución de potestades de las entidades federativas
como se podría encarar la crisis delincuencial. Sería mejor fortalecer a los
estados con una severa vigilancia y control, en el marco de la lucha efectiva
contra la corrupción. De otra manera, terminaríamos en un Estado centralista,
al estilo de los tiempos de Santa Anna, pero sin resolver ningún problema sino
con unos nuevos, tal vez peores.
La
estrategia criminológica debe ser precisada y planteada como obligatoria para
todas las entidades federativas, al tiempo que éstas cuenten con los recursos
suficientes para llevarla a cabo realmente, sin las simulaciones que se vieron
desde Fox hasta Peña Nieto.
El camino
del punitivismo legislativo está cerrado. Grande ha sido la experiencia. Sería
el colmo que no se vieran los macabros errores de aquellos políticos de antes y
que los de ahora cayeran en su repetición. Por ejemplo, con algunos toques de
comicidad involuntaria, ha surgido inopinadamente la propuesta del control
federal de todos los antros del país, bajo el argumento de que en éstos se han
cometido muchos asesinatos con arma de fuego. Sin comentarios.
Si Andrés
Manuel se ha deslindado de paquetes de reformas punitivistas, habría que
aprovechar la coyuntura para insistir en otras posibles soluciones que están
planteadas pero ignoradas.
Salud: dos modelos incompatibles.
Darío Celis.
La guerra
que se libra en el sector salud es sólo una muestra del verdadero problema que
enfrenta la 4T en su afán por retomar el modelo económico anterior al adoptado
en los ochenta.
Y es que en
aras de regresar al Estado a una posición protagónica, se están perdiendo los
avances que se obtuvieron en la cobertura de salud a la población mexicana.
En el libro
Proteger a México, el que fuera secretario de Salud, Julio Frenk, hace una radiografía
de cómo este “pleito ideológico” puede dejar en situación aún más vulnerable a
la población, pues al querer desmantelar el sistema se está dejando de
suministrar a los ciudadanos los bienes y servicios que requieren en materia de
salud.
El foco del
análisis de Frenk es, por supuesto, el Seguro Popular, el cual fue creado
durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud en el sexenio de Vicente
Fox, y que estaba enfocado a ciudadanizar la cobertura de salud,
independientemente de la calidad laboral del beneficiario.
En ese
sentido, el ahora rector de la Universidad de Miami considera que el Insabi es
un paso atrás, ya que está diseñado para tener control corporativo sobre la
población con fines políticos y electorales, más que a impactar a la población
más vulnerable que es la que carece de esquemas de seguridad social dentro de
la formalidad laboral.
En ese
sentido, analiza también la falta de eficiencia de organismos como el IMSS y el
ISSSTE pues, aunque mantienen a la fuerza laboral 'formal' en un sistema de
salud, el primero es ineficiente y progresivamente destructivo, ya que el
grueso de los presupuestos se destina cada vez más a mantener las pensiones de
los trabajadores que no fueron recortadas y en cambio mantienen el control
corporativo del gremio en manos de los gobiernos.
Por otra
parte, la rotación de personal en el sector formal implica la pérdida de la
afiliación para un tercio de los asegurados en el IMSS, lo cual afecta sus
tratamientos y los deja indefensos. Hay al menos 1.2 millones de diabéticos de
un total de 3.8 millones detectados en el Seguro Social que ya no tienen
derecho a consulta.
Parte del
problema es que el IMSS tiene el monopolio de la prestación de servicios médicos
a los trabajadores y obliga a éstos y a los patrones a pagar las cuotas, que al
menos en una proporción de 30 por ciento nunca se devengan en servicios.
En la
práctica conculca los derechos a la salud y obliga a los ciudadanos a pagar,
sin utilizar, para volver a pagar los servicios a los agentes privados o
incluso a quienes carecen de la suficiente formalidad, como son las farmacias
con servicio médico, que ya suman 80 mil empleados dedicados a este rubro.
La
ineficiencia del IMSS y el ISSSTE y la precariedad del empleo, se refleja en el
gasto de bolsillo promedio de los ciudadanos en cuidados y fármacos y que
asciende a 5 mil pesos per cápita.
POR CIERTO QUE
otra vez están en el ojo del huracán las dependencias encargadas de proteger y
dar servicio a la población en materia de salud. Al grave problema de desabasto
de medicamentos, sobre todo los necesarios para atender a los niños que padecen
cáncer, ahora hay que agregarle el de la imposición de etiquetados frontales de
advertencia a alimentos y bebidas no alcohólicas para, según la nueva NOM 051,
combatir la obesidad y el sobrepeso. Y es que los funcionarios de la Secretaría
de Salud de Jorge Alcocer y de la Cofepris que maneja José Novelo, definieron
una norma para que los productos preenvasados lleven etiquetas octagonales y
negras que indiquen a los consumidores que lo que van a consumir tiene exceso
de grasas trans, sodio, edulcorantes, azúcares o calorías, sin atender los
argumentos de los empresarios grandes, medianos y pequeños sobre la afectación
a la industria alimentaria mexicana con esa medida arbitraria. Por supuesto,
surgieron los cuestionamientos sobre las pruebas científicas de que una
calcomanía negra en un paquete de papas, un pastelillo o un jugo envasado lleve
a la reducción de la obesidad en la población. El Consejo Coordinador
Empresarial y especialistas en la materia señalan que hay múltiples factores
que los funcionarios dejaron fuera de la NOM 051 para enfrentar ese problema de
salud pública. La IP urge un análisis serio y sustentado de esa normativa que
en la práctica impactará negativamente a la industria formalmente establecida,
a los convenios internacionales en la materia y, principalmente al consumidor,
que requiere de información fidedigna para tomar sus decisiones.
ACTUALMENTE
MÁS DE 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera
en salud, en tanto que los principales gastos son en medicamentos con recetas
(25.6 por ciento), consultas médicas privadas (16.3 por ciento), honorarios
profesionales en hospitalización (14.1 por ciento) y la hospitalización misma
(13.6 por ciento). La falta de recursos en las empresas, saber qué habilidades
deben formar y la desmotivación de sus trabajadores, son las principales causas
por las que los CEOs no implementan programas de capacitación, de acuerdo con
información de IDC. Los directivos de empresas en el mundo se quejan de la
falta de competencias de sus colaboradores, pero sólo 18 por ciento de ellos
tiene un programa para capacitarlos, de acuerdo a la última Encuesta Global de
Directores Ejecutivos de la consultoría PwC, que dirige aquí Mauricio Hurtado,
y presentada durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos. En
México la cifra no es alentadora, sin embargo, el gobierno ha desarrollado
iniciativas en las que involucra la participación del sector privado. El
ejemplo más claro es el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
PUES CON
LA novedad de que el Ferrocarril del Istmo de Tehuántepec, que dirige Gustavo
Baca, no le está resultando nada sencillo sacar el Tren Transísmico, como ya le
había adelantado. De tres paquetes que estaban previstos adjudicarse ayer, solo
uno se falló. Y dos más, los E100 y E101, se volvieron a diferir, ahora para el
próximo 4 de febrero. El que salió fue el E97 de 57 kilómetros. Lo ganó Torres
y Asociados que ofreció 244 millones de pesos sin IVA. Y los paquetes que
estaban programados para hoy, el E98 y el E99, se pospusieron para el 5 de
febrero. El organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuántepec, que
comanda Rafael Marín Mollinedo, es el encargado responsable de este proceso, y
arriba la SCT que comanda Javier Jiménez Espriú.
ESTÁ POR
COCINARSE una operación entre Grupo Imagen y el Heraldo Media Group. Se trata
de un acuerdo comercial a través de un contrato de arrendamiento con el que El
Heraldo hará uso de la frecuencia de televisión abierta XHTRES-TDT que se transmite
en el Valle de México y de la cual Grupo Imagen mantendrá la titularidad. La
estrategia del Grupo de Olegario Vázquez Aldir –quien por cierto anunció una
inversión de 16 mil millones de pesos en Hospitales Ángeles– es seguir
fortaleciendo su apuesta en Imagen TV a nivel nacional. Esta cadena ha venido
creciendo en niveles de audiencia y destaca por la credibilidad de sus
noticiarios y programas en vivo. Además, sigue con un fuerte enfoque en la
generación y adquisición de contenidos de entretenimiento y eventos exclusivos.
Se comenta que estarían por cerrar los derechos de los Juegos Olímpicos de
Tokio, lo que le dará la posibilidad de seguir consolidando su posición en el
mercado. Actualmente Grupo Imagen cuenta con un espectro suficiente con capacidad
instalada e infraestructura, para tener dos cadenas de televisión nacional
adicionales a Imagen TV y se dice que estaría por lanzar un nuevo concepto de
noticias y entretenimiento a nivel nacional por el canal 3.4 que, según
nuestras fuentes, se llamará Imagen Multicast.
Viajes de ignominia.
Raymundo
Riva Palacio.
Ocho
legisladores, mujeres y hombres, senadores y diputados, de Morena y el PAN,
además de una magistrada, están a punto de emprender un viaje de ignominia a
Seúl, capital de Corea del Sur. Van con todos los gastos pagados por la
Federación Universal para la Paz, a la cumbre mundial 2020. La Cumbre abordará
una amplia variedad de temas durante toda la próxima semana, que no tienen que
ver con las comisiones donde participan los parlamentarios, ni se sabe qué
propósito tendría para su trabajo legislativo esa participación. Quizá no saben
el trasfondo de ese encuentro internacional, ni conocen las raíces de dónde
surgió esa federación. Ignorarlo es una vergüenza; saberlo e ir de cualquier
forma, es una afrenta.
El nombre
con el que se bautizó la cumbre es rimbombante, “Logrando la Paz Mundial y la
Reunificación de la Península de Corea a Través de la Interdependencia, la
Prosperidad Mutua y los Valores Universales”, que dice todo y a la vez no dice
nada. Pero el fondo del encuentro, deberían de saberlo o explicar por qué a
sabiendas asistirán, es menos altruista: conmemorar los 100 años del nacimiento
de Sun Myung Moon, que significa Luna que Resplandece con el Sol, fundador de
la Iglesia de la Unificación, desde donde se creó un imperio económico y
político al servicio de los gobiernos más conservadores de Estados Unidos,
embarcados en la destrucción de la Unión Soviética.
Moon, el
reverendo Moon, como se le conocía, fue en todos los sentidos un personaje de
armas tomar. Tras la fundación de la Iglesia, en 1954, construyó durante un
cuarto de siglo ese imperio de ideología extremista, expandiéndose al mundo en
los 80, cuando el autoproclamado “mesías” se convirtió en el feroz gladiador de
la Guerra Fría al servicio de los gobiernos republicanos en Washington y sus
aliados en Europa, Asia y América Latina. Cuando murió, en 2012, su
fallecimiento fue noticia mundial.
En el
obituario que publicó The Guardian por su muerte, describía cómo en varios
momentos fue propietario o controlaba una armadora de autos en China; una mina
de titanio, una fábrica de armas y una empresa de industria pesada en Corea del
Sur; poseía casinos, hoteles y largas extensiones de tierra en América del Sur;
un hotel en Nueva York; una pescadería en Alaska; un campo de golf en
California; una compañía de computadoras en Japón; una universidad en Nueva
Inglaterra; periódicos en Corea del Sur, Argentina y Japón, y en Estados Unidos
era propietario del periódico The Washington Times, de la agencia de noticias
UPI, de la revista Insight, de una cadena de televisión por cable; una casa
editorial y el periódico Tribune, en Nueva York, y numerosas joyerías y
restaurantes.
Eran los
años de gloria del imperio Moon, con acceso a los líderes que peleaban por la
destrucción de la Unión Soviética, y que servía a los intereses estratégicos de
las fuerzas más reaccionarias de Estados Unidos, de su gobierno y los servicios
de inteligencia. En América Latina entraron por Uruguay, donde gobiernos de derecha
e izquierda aceptaron sus inversiones con gusto, llegando a ser conocida su
capital como 'Montevideo'. En Buenos Aires lanzó un periódico semanal de
adoctrinamiento, Noticias del Mundo, que se llegó a distribuir gratuitamente en
las casas de diferentes colonias de la Ciudad de México.
Asociarse al
reverendo Moon era como acomodarse en la trinchera de los sectores más arcaicos
en el pensamiento, e ideológicamente más beligerantes. The Guardian recordó en
el obituario que tenía una historia documentada de una política teocrática de
extrema derecha, de antisemitismo, empapado en rumores sobre abusos sexuales y
que, además, había estado preso, en 1982, en Estados Unidos, por evasión
fiscal. Todo ese pasado es la síntesis que recogen las diversas organizaciones
controladas por la Secta Moon, como fue mundialmente conocida.
Pero a la
delegación mexicana parece no importarle ese pasado, o no tuvieron el cuidado
de averiguar a dónde se iban a meter. Las invitaciones fueron bien recibidas,
aunque, según personas que conocieron del proceso, algunos de los participantes
decidieron cancelar el viaje, pero no por lo que significaba asociarse con la
Secta Moon, sino por la epidemia de coronavirus en China.
En la lista
de invitados figuran dos miembros de Morena, la senadora Lucía Meza Guzmán y el
diputado Ulises Murguía Soto. Por el PAN acudirán las diputadas Madeleine
Bonnafoux Alcaraz, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Ana Paola López Birlain y Janet
Melanie Murillo Chávez, junto con el diputado panista Felipe Fernando Macías
Olvera. Finalmente, en esa comitiva irá Graciela Guadalupe Buchanan Ortega,
magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.
El borrador
del programa muestra claramente lo que han sido las prioridades de la Secta
Moon. El primer día hay cuatro sesiones sobre los medios de comunicación, sus
desafíos y cómo restablecer su reputación. Los medios fueron la cabeza de playa
del reverendo Moon, donde la propaganda y la desinformación, encuadrada en una
buena técnica periodística, sirvieron para orientar y alinear a la extrema
derecha en varias naciones. El otro gran tema sobre el cual giró el imperio fue
la religión creada por él a partir de raíces evangélicas, donde combinaba los
credos cristianos con el espiritualismo oriental y, según viejas denuncias, los
abusos sicológicos formaban parte de sus procesos de adoctrinamiento. Estas
sesiones se extenderán por dos días.
La
delegación mexicana tendrá exposición a sus técnicas de enajenación, e
interactuará con organizaciones hermanas de ese movimiento, que se enfocan en
acciones tan nobles como la paz mundial y el desarrollo. El evento, al cual
asistirán personas de todo el mundo, no tiene el apoyo gubernamental. De hecho,
las autoridades se deslindaron de su organización y desarrollo. La secta Moon
no es lo suyo. Aquí, por ideología o ignorancia, van en sentido contrario.
Otorga Inbal licitación a empresa sin permiso vigente.
Por Víctor
Hugo Arteaga.
El
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) otorgó servicios de
seguridad privada con valor de hasta 152 millones de pesos a una empresa con
permiso vencido para la prestación en ese rubro, en medio de una serie de
irregularidades y violaciones a la Ley.
En
contraparte, la Fiscalía General de la República (FGR) descalificó a la
misma empresa de seguridad privada en su licitación, cuyo fallo ocurrió durante
la misma semana del otorgamiento millonario.
El Inbal
y la FGR usaron criterios diferentes para tomar sus decisiones y mientras la
primera determinó violar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), la FGR determinó
apegarse a la legalidad en sus licitaciones.
El Comité
de Adquisiciones del Inbal otorgó a la empresa Servicios Especializados de
Investigación y Custodia S.A. de C.V. el fallo en la Licitación Pública
Nacional Número LA-048E00995-E1-2020 por Servicios de Seguridad y Vigilancia
Intramuros para los Inmuebles de la dependencia en todo el país.
Se trata
de una licitación que busca que empresas de seguridad privada vigilen los
inmuebles del Inbal y que en esta ocasión fue asignada luego de que se presentó
a la competencia cotizando un monto mínimo de 91 millones 869 mil 470.83 y una
cifra máxima de 152 millones 225 mil 827.08 pesos.
De acuerdo a
documentos en poder de Aristegui Noticias, el Inbal violó el RLAASSP ya que
otorgó el falló a una empresa cuyo permiso para prestar este tipo de servicios
al gobierno federal venció el 6 de enero de 2020. El resultado se dio a conocer
el 22 de enero a las 18:30 horas.
Entre las
irregularidades documentadas hasta este jueves existe la violación al Artículo
50 del Reglamento, que dice que las proposiciones presentadas deberán estar
foliadas en todas y cada una de las hojas y que se numerarán de manera
individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los
documentos que entregue el licitante.
Servicios
Especializados de Investigación y Custodia SA de CV presentó folios
consecutivos, es
decir, no dividieron la propuesta técnica de la económica, por la cual no se
cumple con el Artículo anterior.
Otra de
las irregularidades evidentes es la cotización de los turnos de 12 y 24 horas,
donde la propuesta de la empresa ganadora es ilógica, al cotizar los turnos de
12 horas más caros que los de 24.
La
empresa ganadora se presentó a la licitación con un precio del turno de 12
horas de 453.94 pesos, mientras que el turno de 24 horas lo cotizó en 447.36.
En el
RLAASSP estos precios se cotizan de acuerdo a las investigaciones del
mercado vigentes y en ningún caso los turnos de 12 horas son cotizados a un
menor precio que el de 24 horas, lo que también violenta el Artículo 51 del
mismo documento.
Una
irregularidad más que presentó la empresa ganadora fue dentro de la propuesta
técnica, que debe contar con la autorización vigente expedida por la Secretaría
de Gobernación para proporcionar el servicio de seguridad privada en la
modalidad de vigilancia de inmuebles.
FGR desecha
la misma empresa en su licitación .
La FGR al
dar a conocer los resultados de la convocatoria de la licitación pública
nacional de la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en los
inmuebles de las delegaciones de la FGR, declaró que la misma firma incumplió
con los requisitos de la licitación.
FGR
determinó eliminar del proceso de competencia a la misma compañía, que
participó en conjunto con la empresa Business Anywhere Solutions SA de CV y
Servicios Industriales e Institucionales SA de CV.
La
dependencia concluyó tras la evaluación de la documentación requerida en el
numeral 4.2 de la propuesta técnica de la Convocatoria Pública Nacional Número
LA-017000999-E447-2019, no era aceptable.
“La
empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia SA de CV, en
participación conjunta Business Anywhere Solutions SA de CV y SS Asistencia y
Supervisión SA de CV no cumplió con la presentación de la documentación con los
requisitos en el inciso L”, lo cual afecta la solvencia de su propuesta.
“Esto con
base en el segundo párrafo, del numeral 4.2 Propuesta Técnica de la presente
convocatoria que a la letra dice: La falta de presentación de la documentación
mencionada en los incisos que anteceden afecta la solvencia de su propuesta y
motivará su desechamiento y por consiguiente ya no será evaluado en el
mecanismo de Puntos y Porcentajes”, recalca la FGR en el fallo final del concurso.
Con la
negativa de la FGR, las empresas mencionadas fueron descalificadas del
proceso que originalmente licitó 31 partidas, mientras que en el Inbal le fue
otorgado el fallo a favor. Dos decisiones diferentes, con criterios diferentes,
en la misma semana.
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